REGIÓN
Casanare y Meta en riesgo de protestas, disturbios o asonadas en el marco de las elecciones territoriales
Debido a diversos factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, durante o después de la jornada democrática que se avecina.
“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó el Defensor del Pueblo durante la presentación del informe de advertencia sobre riesgos de posibles escenarios de conflictividad social en el desarrollo de las elecciones territoriales.
Los 12 departamentos con más municipios en riesgo son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).
Para el caso de Bogotá, revisten riesgo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).
Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son:
1) Las irregularidades electorales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral.
2) Antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales del 2011, 2015 y 2019.
3) Las movilizaciones, manifestaciones o plantones previos al certamen electoral, que durante los primeros nueve meses del 2023 aumentaron 26% en relación con el mismo periodo del año pasado.
4) Resoluciones sobre solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral.
5) La polarización política y pugnacidad entre las campañas.
Eventos de conflictividad previos al certamen electoral
En lo corrido del año, y en el desarrollo de las actuales campañas, se han presentado distintos tipos de expresiones y manifestaciones sociales. Este tipo de acciones tiene incidencia en la polarización social y política y puede, en el desarrollo de los comicios o posteriormente a ellos, repercutir en el reconocimiento de los resultados.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, titulado ‘Advertencia de riesgo de protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023’, se registraron 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en los departamentos de Atlántico, Valle de Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Casanare, Cesar, entre otros.
Estos casos se suman a los 1252 conflictos sociales registrados entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando fueron reportados 990 eventos de la mencionada naturaleza.
Pugnacidad entre campañas, candidatos y partidos
El aumento de tensiones sociales derivadas de ataques entre y hacia candidatos y movimientos políticos podría desencadenar en hechos de violencia durante o después de la jornada democrática. Un posible fraude por margen menor de votos sería un detonante de un episodio de violencia.
La Defensoría ha conocido y observado con preocupación los continuos ataques entre y hacia los candidatos en los departamentos de Santander, Córdoba y Casanare, y en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, además de otras ciudades. A ello se suman discursos que tienen como propósito deslegitimar el rol de los organismos electorales.
Recomendaciones a entidades y autoridades
El llamado de la institución nacional garante de los derechos humanos es a que tanto autoridades electorales y administrativas como la fuerza pública adopten medidas de prevención. “El fin primordial es evitar hechos que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, como también es esencial evitar situaciones que vulneren los derechos a elegir y ser elegido”, señaló Carlos Camargo Assis.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda:
1) A los ministerios del Interior y Defensa y a la fuerza pública, en el desarrollo del Plan Democracia, implementar medidas de contingencia que permitan prevenir posibles alteraciones del orden público durante y después de los comicios.
2) Al Ministerio del Interior, poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar y amenace la jornada de elecciones, el preconteo de votos y los escrutinios.
3) A la fuerza pública, trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad de los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otras edificaciones y bienes públicos que pudieran resultar afectados por eventuales asonadas o disturbios.
4) A los candidatos, partidos y movimientos políticos, utilizar los mecanismos legales para interponer las respectivas denuncias de delitos o irregularidades electorales, y no incentivar o promover que sus militantes y seguidores recurran a la violencia o a acciones que alteren el normal desarrollo de la jornada y sus resultados.
Fuente: Defensoría del Pueblo
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
