REGIÓN
Casanare y Meta en riesgo de protestas, disturbios o asonadas en el marco de las elecciones territoriales

Debido a diversos factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, durante o después de la jornada democrática que se avecina.
“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó el Defensor del Pueblo durante la presentación del informe de advertencia sobre riesgos de posibles escenarios de conflictividad social en el desarrollo de las elecciones territoriales.
Los 12 departamentos con más municipios en riesgo son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).
Para el caso de Bogotá, revisten riesgo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).
Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son:
1) Las irregularidades electorales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral.
2) Antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales del 2011, 2015 y 2019.
3) Las movilizaciones, manifestaciones o plantones previos al certamen electoral, que durante los primeros nueve meses del 2023 aumentaron 26% en relación con el mismo periodo del año pasado.
4) Resoluciones sobre solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral.
5) La polarización política y pugnacidad entre las campañas.
Eventos de conflictividad previos al certamen electoral
En lo corrido del año, y en el desarrollo de las actuales campañas, se han presentado distintos tipos de expresiones y manifestaciones sociales. Este tipo de acciones tiene incidencia en la polarización social y política y puede, en el desarrollo de los comicios o posteriormente a ellos, repercutir en el reconocimiento de los resultados.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, titulado ‘Advertencia de riesgo de protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023’, se registraron 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en los departamentos de Atlántico, Valle de Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Casanare, Cesar, entre otros.
Estos casos se suman a los 1252 conflictos sociales registrados entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando fueron reportados 990 eventos de la mencionada naturaleza.
Pugnacidad entre campañas, candidatos y partidos
El aumento de tensiones sociales derivadas de ataques entre y hacia candidatos y movimientos políticos podría desencadenar en hechos de violencia durante o después de la jornada democrática. Un posible fraude por margen menor de votos sería un detonante de un episodio de violencia.
La Defensoría ha conocido y observado con preocupación los continuos ataques entre y hacia los candidatos en los departamentos de Santander, Córdoba y Casanare, y en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, además de otras ciudades. A ello se suman discursos que tienen como propósito deslegitimar el rol de los organismos electorales.
Recomendaciones a entidades y autoridades
El llamado de la institución nacional garante de los derechos humanos es a que tanto autoridades electorales y administrativas como la fuerza pública adopten medidas de prevención. “El fin primordial es evitar hechos que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, como también es esencial evitar situaciones que vulneren los derechos a elegir y ser elegido”, señaló Carlos Camargo Assis.
En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda:
1) A los ministerios del Interior y Defensa y a la fuerza pública, en el desarrollo del Plan Democracia, implementar medidas de contingencia que permitan prevenir posibles alteraciones del orden público durante y después de los comicios.
2) Al Ministerio del Interior, poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar y amenace la jornada de elecciones, el preconteo de votos y los escrutinios.
3) A la fuerza pública, trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad de los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otras edificaciones y bienes públicos que pudieran resultar afectados por eventuales asonadas o disturbios.
4) A los candidatos, partidos y movimientos políticos, utilizar los mecanismos legales para interponer las respectivas denuncias de delitos o irregularidades electorales, y no incentivar o promover que sus militantes y seguidores recurran a la violencia o a acciones que alteren el normal desarrollo de la jornada y sus resultados.
Fuente: Defensoría del Pueblo
REGIÓN
Se levanta protesta pacífica en Santa María Boyacá y municipios aledaños

A través del diálogo social que lideraron los delegados de los Ministerios de Trabajo, Minas, Interior, Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Boyacá y autoridades locales, se logró levantar la protesta que adelantaban en Santa María y municipios aledaños, las organizaciones sociales y comunitarias.
En un pliego de peticiones que sometieron a consideración de las autoridades nacionales, departamentales y locales, los habitantes y trabajadores de la zona, exigen solución a problemas generados por la ola invernal y por las afectaciones causadas por la Central Hidroeléctrica de Chivor y la empresa AES Colombia.
En el acuerdo que se firmó este miércoles, MinTrabajo lidera acciones de inspección a las empresas, el fortalecimiento de la asociatividad de los trabajadores y el diálogo social para la búsqueda de soluciones integrales en el marco de los derechos laborales y de huelga de los participantes.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo en el sitio, en compañía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y del representante Jaime Raúl Salamanca dijo: “No solo vengo por delegación del presidente de la República, Gustavo Petro, de quien traigo un saludo y abrazo muy especial, estoy por un compromiso personal y afecto por esta tierra, con los trabajadores, campesinos y la ciudadanía boyacense”.
“Lo logrado, es un acuerdo entre las comunidades, trabajadores, representantes de la empresa AES Colombia y autoridades nacionales, departamentales y locales, donde la cartera que lidero ejercerá control con las normas y derechos de los trabajadores”, anotó Sanguino.
“Junto con la Dirección Territorial se harán visitas cada mes para constatar el cumplimiento de los acuerdos y de las normas laborales que se derivan de la reciente Reforma Laboral, la Ley 2466 aprobada en el Congreso de la República el 26 de junio”, precisó.
Revisiones cada mes
Se revisarán asuntos como la mano de obra local, el respeto a la protesta social y de los trabajadores, la tercerización, la precarización laboral, garantizando salarios justos y contratos a término indefinido, así como proteger la calidad del empleo.
“Para nosotros es muy importante estos proyectos eléctricos e hidroeléctricos, pero tiene que existir y ofrecerle energía al país, sobre la base del trabajo digno y decente de los trabajadores”, puntualizó Sanguino Páez.
Incluyó dentro de los temas a revisar y que está en el pliego de peticiones el de Seguridad y Salud en el Trabajo, “este tipo de proyectos incorpora niveles de riesgos especiales, así es que la inspección que vamos a realizar va a revisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de tal suerte que la empresa garantice las normas y las condiciones que la normatividad exige para los trabajadores y sus comunidades”, indicó.
El Ministro compartió que se adelantará con los inspectores de trabajo y desde la Dirección de Derechos Fundamentales, una jornada pedagógica de la reforma laboral, con los trabajadores, directivos de las empresas y ciudadanos, “la cual fue pensada en clave de derechos de los trabajadores. Es la más importante de este siglo, que recupera derechos que todos deben conocer”.
El director de Derechos Fundamentales, Yomar Benítez, quien acompañó este espacio de diálogo, señaló: “Desde el MinTrabajo, se respaldó la protesta social y a las organizaciones sindicales. Se hace énfasis a la generación de nuevos empleos en el sector con las condiciones que manda la nueva reforma laboral”.
Agregó: “este acompañamiento va de la mano de generar las condiciones para que el diálogo social sea respetado, que no haya discriminación sindical y se incentive el trabajo digno y decente”.
Fuente: Comunicaciones MinTrabajo
REGIÓN
Otro mantenimiento para la vía del Cusiana: 25 empresas buscan contrato de $15.500 millones

El Instituto Nacional de Vías (Invías) cerró el proceso de licitación pública para adjudicar un nuevo contrato de mantenimiento de la Transversal del Cusiana, vía clave entre Boyacá y Casanare. En total, 25 empresas presentaron sus ofertas para ejecutar las obras, cuyo costo rondará los $15.500 millones y cuya adjudicación se prevé para la primera semana de septiembre.
Sin embargo, para los habitantes de la región, la historia parece repetirse. Desde hace años, los millonarios contratos de mantenimiento solo han servido para que la carretera se mantenga “medianamente transitable”, sin que se ejecuten soluciones estructurales que garanticen una conectividad segura y estable. Los deslizamientos, hundimientos y fallas en la carpeta asfáltica, donde la hay, son un problema crónico que se reitera cada temporada invernal.
No es una solución de fondo
La comunidad recuerda que, mientras se anuncian recursos y licitaciones, los cierres parciales y totales son una constante que afecta el comercio, el turismo y el transporte de productos agrícolas. Muchos temen que este nuevo contrato sea apenas un paliativo más y no una solución de fondo.
Pese a las críticas, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Invías, sostiene que el proyecto busca mejorar la transitabilidad y responder a las necesidades históricas de la región. No obstante, en el Cusiana las expectativas son cautelosas: la carretera ha escuchado demasiadas promesas para creer que esta vez será diferente.
Fuente: El Diario del Llano
REGIÓN
La ANI supervisa puntos críticos de la Transversal del Sisga, hay dos puntos con cierre total

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Oscar Torres Yarzagaray, su equipo técnico, la Concesión y la Interventoría, recorrieron el proyecto Transversal del Sisga, para supervisar las actividades de atención de emergencia que permitan restablecer la operación de este importante corredor vial en dos puntos que actualmente presentan cierre total de vía como consecuencia de los efectos de la temporada invernal.
Los cierres totales se presentan en el PR42+050 y PR42+580, en jurisdicción del municipio de Santa María (Unidad Funcional 3), debido a pérdida de banca generada por la creciente súbita del río Bata. “En respuesta, se habilitó una plataforma peatonal más amplia y segura en el PR42+050, que permite el tránsito de personas y el trasbordo de
alimentos, medicamentos y mercancías de forma controlada y continua. Así mismo, el concesionario tiene instalados en esos puntos ambulancias para la atención al usuario.
A través de corredores comunitarios la población afectada dispone de horarios durante el día con el fin de mitigar la emergencia, permitiendo su movilidad y comunicación. Es de destacar que, este corredor vial como vía alterna al Llano es clave para conectar el centro con el oriente del país”, señaló Oscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.
Adicionalmente, en este mismo sector, se dio inicio a las actividades de corte, demolición de rocas y adecuación del terreno, de forma conjunta con la empresa AES Chivor, como parte del proceso de construcción del carreteable alterno que permitirá el paso de vehículos livianos. Esta intervención ha contado con el apoyo técnico de labores previas como los estudios topográficos, la rocería y limpieza del área.
El avance de estas actividades está condicionado por las variables climáticas de la zona, ya que se requiere que las condiciones sean seguras tanto para el personal como para la operación de maquinaria en terrenos inestables.
Fuente: Comunicaciones ANI
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