CASANARE
Casanare y Meta bajo lupa de Contraloría por contratos con recursos de regalías
En un año de vigilancia, la Contraloría General de la República estableció 211 alertas a la contratación en 477 proyectos en los que han sido invertidos 4,78 billones de pesos de los recursos del Sistema General de Regalías.
El despliegue tecnológico de Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General, hizo posible la revisión a 3.834 proyectos en ejecución por un valor de inversión de $23 billones. Este gran volumen de vigilancia se logró gracias a la implementación que hizo la DIARI de un modelo analítico de datos y de inteligencia artificial, que monitoreó en tiempo real estos proyectos.
Dentro del grupo de 477 proyectos con alertas, hay 30 proyectos suspendidos y 13 vencidos en riesgo de convertirse en obras inconclusas o elefantes blancos.
El 50% del valor total de los proyectos con alertas, está concentrado en 12 departamentos y suma más de $3.1 billones, así:
- Nariño: 6.38%
- Bolívar: 5.29%
- Córdoba: 4.95%
- Meta: 4.82%
- Huila: 4.04%
- La Guajira: 3.95%
- Cauca: 3.68%
- Chocó: 3.65%
- Caquetá: 3.58%
- Cesar: 3.56%
- Putumayo: 3.34%
- Casanare: 3.29%
Los cinco sectores que más tienen alertas a la contratación financiada con recursos de Regalías son los siguientes:
- Transporte 158 proyectos alertados
- Ciencia y Tecnología 105
- Agua Potable 32
- Vivienda 22
- Salud 18
- Deporte y Recreación 15
Dentro de los proyectos con alertas del sector Transporte, la DIARI identificó que en éste se han invertido 2,52 billones de pesos. En su mayoría, son obras de pavimentación de vías en varias regiones del país que destinaron presupuestos para conectar los territorios y que hoy tienen retrasos, suspensiones o se han vencido recientemente.
Este es el listado de departamentos donde están esas obras y su inversión:
Control preventivo que ‘salva’ obras
Gracias al control preventivo que implementó la Contraloría General, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías pasó de vigilar en 2019 un total de $838 mil millones a más de $1 billón en 2020. Con esas mismas facultades que adquirió la entidad y el despliegue tecnológico para la analítica de datos, la DIARI le está haciendo un especial seguimiento a 80 proyectos que suman $1,98 billones.
Es de destacar el trabajo que ha realizado la DIARI para impulsar estos proyectos a través del especial seguimiento y mesas de trabajo con contratistas, entes territoriales y autoridades, que permiten la finalización de esas obras y evita que se conviertan en obras inconclusas o elefantes blancos.
Como ejemplo de efectividad de este especial seguimiento, la Contraloría General ha logrado que cuatro proyectos en Meta, Casanare y Córdoba, que debían finalizar hace 7, 6 o 5 años, estén próximos a entregarse a la comunidad. Estas obras son las siguientes.
Proyecto para el mejoramiento de vías entre los municipios de Puerto Lleras y Fuentedeoro; mejoramiento de vía en las veredas La Cabaña y Rivera, en el municipio de Puerto López, y mejoramiento de la vía de acceso al corregimiento Bocas de Guayuriba, en el municipio de Puerto López, en el departamento del Meta.
Se invirtieron más de 39 mil millones de pesos para este proyecto que debería finalizar en diciembre de 2015. Ha tenido 4 suspensiones y 9 prórrogas que han retrasado en 4 años su entrega y al momento de ser alertado se encontraba suspendido y estancado en un 90% de avance físico.
Gracias al seguimiento permanente de la DIARI se reactivó la obra en julio pasado y en solo un mes de trabajo se logró un avance del 5% y se han realizado cronogramas para la entrega a satisfacción del proyecto los primeros días de septiembre del presente año, a pesar de las dificultades con el transporte de materia prima, la emergencia sanitaria y el bloqueo en las vías.
El proyecto fue aprobado por el OCAD Meta y su contratante es la Agencia para la Infraestructura del Meta.
Proyecto para la construcción de la Casa integral de la Mujer y la Familia; Construcción del Sistema de Acueducto de la Vereda Picón Arenal y Construcción de redes de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Yopal (Casanare).
Se invirtieron más de 24 mil millones de pesos para este proyecto que debería finalizar en marzo de 2014. Ha tenido 6 suspensiones y 7 prórrogas que ha retrasado el proyecto seis años en su entrega. Con el inició del seguimiento permanente, el proyecto se reactivó el 9 de agosto pasado después de estar 11 meses suspendida la obra.
Se han logrado resolver las demoras en la asignación de recursos por parte de la administración municipal que son clave para su terminación, terminar los acabados de obra blanca y parqueaderos y tener la certificación Retie.
El proyecto fue aprobado por el OCAD Yopal y contratado por la Alcaldía de Yopal.
Construcción sistemas de acueducto y alcantarillado, sector Bateas, municipio de Puerto Gaitán (Meta).
Se invirtieron más de 74 mil millones de pesos para este proyecto que debería finalizar en septiembre de 2017. Ha tenido 4 suspensiones y 1 prórrogas y 1 adición al contrato. Con el seguimiento permanente se pasó de un avance físico del 82% al 98%.
El proyecto fue aprobado por el OCAD Puerto Gaitán y su contratante es la Alcaldía de Puerto Gaitán (Meta).
Fuente: Contraloría General de la República
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
