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Casanare eligió las 19 Mesas Municipales de Participación de Víctimas

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víctimas

Con el apoyo de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), el departamento de Casanare cerró su ciclo de elección e instalación de mesas municipales de víctimas, y garantizó que las organizaciones que postularon a sus candidatos como representantes para el periodo 2019 – 2021 a esta instancia municipal, se llevara a cabo sin ningún contratiempo.

Las jornadas iniciaron desde el pasado 20 de agosto y culminaron el 10 de septiembre de manera exitosa, al quedar los 19 municipios en su totalidad con representación de la población afectada por el conflicto interno armado.

De la siguiente cantidad de personas quedó constituida cada Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas:

Orocué (11 integrantes), Hatocorozal 16, Nunchía 12, Tauramenta 22, Pore 19,  Sácama 19, Sabana Larga 19, Támara 19, La Salina 14, Villanueva 22, Trinidad 22, Chámeza 18, San Luis de Palenque 17, Maní 11, Recetor 13, Aguazul 20,  Yopal 23, Monterrey 22 y Paz de Ariporo 23.

Para la nueva vigencia de estos representantes, deberá realizarse de acuerdo a los principios generales estipulados en la Ley 1448 de 2011, su Decreto reglamentario 4800 de 2011 y en la Resolución 0388 de 2013 de la Unidad para las Víctimas, para lo cual el director territorial de Meta y Llanos Orientales de la entidad, Carlos Arturo Pardo Alezones, manifestó que las mesas de víctimas deben establecer estrategias para que las víctimas y las organizaciones de víctimas conozcan sus derechos, participen en el diseño de los planes, programas y proyectos dirigidos a las víctimas, y ejerzan veeduría en la ejecución de los mismos, entre otros aspectos importantes.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Capturado en Yopal presunto aliado del Clan del Golfo

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GAULA Policía Casanare y Fiscalía 195 Especializada adelantaron un allanamiento en las últimas horas, donde capturaron a un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

La diligencia al inmueble tuvo lugar en el barrio Nueva Habitat de Yopal, donde los uniformados hicieron efectiva la captura de alias “El menor” de 21 años de edad e incautaron una escopeta Remington con 74 cartuchos de diferentes calibres y prendas de uso restrictivo de las fuerzas militares.

Este hombre estaría investigado presuntamente por apoyar las actividades criminales relacionadas con tráfico de armas de fuego y municiones a integrantes del grupo delincuencial Clan del Golfo en Yopal.

Fuente: Policía Casanare

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Parex entregó elementos médicos al Hospital Local de Aguazul

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Ratificando su compromiso social, la compañía Parex Resources entregó elementos médicos especializados al Hospital Juan Hernando Urrego en Aguazul, con una inversión cercana a los $90 millones de pesos.

La entrega está compuesta por sillas de ruedas, sillas sanitarias, caminadores ortopédicos, bastones y colchonetas anti escara, elementos necesarios para fortalecer la prestación de los servicios de salud y la atención médica de la población en condiciones especiales y adultos mayores.

“Agradecemos ese apoyo y ese respaldo de Parex para la comunidad, estos elementos van a mejorar la vida de una población en condiciones especiales, esto se suma a la dotación de la ambulancia y los implementos agrícolas para el municipio dados en los últimos años. Estoy muy agradecida por el permanente trabajo en equipo”, señaló Johana Moreno, Alcaldesa de Aguazul.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Presentan demanda para devolver más de 900 mil hectáreas al pueblo indígena Nükak

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El equipo étnico de la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras radicó, ante un Juzgado de Villavicencio Especializado en este campo, una trascendental demanda con la que se busca restituir el derecho territorial a favor de la comunidad indígena Nükak, localizado en el departamento de Guaviare.

El objetivo de este proceso es lograr que los 632 sobrevivientes de este pueblo ancestral accedan a su derecho fundamental de restitución y goce efectivo de su territorio, de acuerdo con su cultura, costumbres, cosmovisión y formas propias de organización.

El resguardo fue constituido en 1993 con una extensión de 632.160 hectáreas, y luego ampliado en 1997 en otras 322.320 hectáreas, localizadas en zona selvática, entre los ríos Guaviare e Inírida, en jurisdicción de los municipios de San José del Guaviare y El Retorno en este departamento al sur de Colombia.

Cerca del 5 por ciento resguardo Nükak coincide con la zona de reserva campesina de Guaviare constituida el mismo día que se amplió el resguardo. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Tierras avanza en el deslinde de las dos áreas, lo que permitirá conocer con exactitud su extensión y trazar los límites de las propiedades.

Algunas afectaciones territoriales identificadas por la URT, y que motivaron el inicio de la acción judicial, de acuerdo con la verificación que lideró el equipo étnico de la Dirección Territorial Meta, generaron un impacto sociocultural en el pueblo Nükak, entre estas: colonización a partir de los años 60, presencia de grupos armados ilegales, epidemia de gripe que desencadenó en el exterminio de más del 50% de su población entre 1990 y 1996; proliferación de cultivos de uso ilícitos y acciones conexas a actividades de narcotráfico.

Otro de los hechos que afectó la autonomía y gobierno propio del pueblo Nükak, además de violaciones a los derechos humanos, tuvo lugar en 2002, cuando ocurrió la masacre de la Charrasquera, que impactó negativamente a miles de campesinos e indígenas. Además, en 2006 la guerrilla obligó a estos últimos a desplazarse forzosamente hacia otro territorio del Guaviare.

Desde entonces, el pueblo ancestral Nükak se ha visto afectado por la vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reclutamientos forzados, violencia de género y sexual; así como consumo obligado de sustancias psicoactivas. Además, han sido sometidos a confinamiento por presencia de minas antipersona y munición sin explotar. También han resultado perjudicados por deforestación, ampliación de la frontera agrícola para ganadería y construcción de corredores viales.

La demanda es presentada como resultado de una caracterización de afectaciones territoriales que adelantó la URT en favor del pueblo indígena. Asimismo, se busca la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la prestación de servicios de salud, la recuperación de sus prácticas culturales, su seguridad alimentaria a través de la caza y la pesca, además de la recuperación y el fortalecimiento del gobierno propio; entre otras pretensiones.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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