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Cárcel para tres personas que habrían secuestrado a un joven en el Meta
Un juez de control de garantías del Meta envió a la cárcel a Sebastián Martínez Bonilla, alias Caretonto; Mayerlly Varela Bonilla y Fanor Ancizar Guerrero, presuntamente, responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo con utilización ilícita de redes de comunicaciones.
Los hechos investigados están relacionados con el secuestro del que fue víctima Brayan Sneyder Martínez Rodríguez, un joven de 24 años de edad raptado el 29 de noviembre de 2020; y mantenido cautivo por 76 días dentro de un hueco cavado en el patio de una vivienda, del barrio San Antonio de Villavicencio.
Por la liberación de Martínez Rodríguez los secuestradores inicialmente exigían el pago de 200 millones de pesos, suma que finalmente se redujo a 80 millones.
Durante la investigación fue posible determinar que uno de los implicados sería familiar de la víctima. Labores de policía judicial evidenciaron que el plagio, al parecer, iba dirigido contra la hermana de uno de los procesados; pero ante su ausencia decidieron retener a Brayan Sneyder.
El plagio habría sido posible luego de que una mujer, supuestamente, le suministrara a la víctima un medicamento que minó su voluntad. El material de prueba permitió determinar que el secuestrado, habría sido sometido a torturas físicas y morales pues le fueron limitados los alimentos, era intimidado con asesinarlo y debía hacer sus necesidades en el mismo lugar de cautiverio.
Los procedimientos de captura de las tres personas estuvieron a cargo de personal del Gaula de la Policía en Villanueva (Casanare) y Villavicencio (Meta).
El mismo día en que la víctima huyó del secuestro el pasado mes de febrero, fueron capturados Heidy Tatiana Hincapié Caicedo y su hijo Darwin Jasir Torres Hincapié. Ninguno de los procesados aceptó los delitos imputados por la Fiscalía.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
