CASANARE
Cárcel de La Guafilla en Yopal ad portas de emergencia sanitaria por falta de agua potable
Solo funciona uno de los dos pozos profundos que surten del líquido al Centro Carcelario.
La Cárcel de La Guafilla está ad portas de una emergencia sanitaria por falta de agua potable, denunciaron voceros del Inpec que asistieron al Comité Departamental de Seguimiento al tema Carcelario.
Indicaron los denunciantes, que de los dos pozos profundos con que se surte el Centro Penitenciario solo uno está funcionando, toda vez que la otra infraestructura colapsó desde el año anterior y no presta ningún servicio. El único pozo que está funcionando no ha dejado de hacerlo durante las 24 horas desde el año anterior, por lo que se teme que la bomba en cualquier momento colapse y se origine una emergencia sanitaria de incalculables proporciones.
En tal sentido, se solicitó la colaboración especial del diputado Diego Alejandro Aranguren, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, para que gestione ante la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que destine una tractomula adicional a los dos carrotanques que a diario surten del vital líquido al Centro de Reclusión. Se estima que a diario se requieren 400 mil litros diarios de agua para suplir la demanda del Centro Carcelario.
Otro tema que se tocó durante la reunión está relacionado con la repatriación de los presos casanareños que están recluidos en Cárceles de otros departamentos, señalando que hace falta la lista de los mismos porque mucho se ha hablado del tema pero hasta el momento ninguna Alcaldía ha suministrado el listado para iniciar el proceso.
Los voceros del Inpec le recordaron a los delegados de cada una de las Administraciones Municipales, que los Alcaldes deben firmar convenio con esta Institución para atender a la población de sindicados, pero casi ninguno de los burgomaestres cumple con este compromiso, dejándole la obligación solo al Inpec cuando esa responsabilidad es de las Alcaldías.
Según las cifras del Inpec, de los sindicados que están en el Centro Penitenciario de La Guafilla 126 son de Yopal, 45 de Aguazul, 41 de Trinidad, 39 de Paz de Ariporo, 27 de Orocué, 26 de Villanueva, 24 de Tauramena, 23 de Monterrey, 21 de San Luis de Palenque, 19 de Maní, 18 de Nunchía, 17 de Hato Corozal, 17 de Támara, 13 de Pore, 9 de Sabanalarga, 8 de Recetor, 7 de Chámeza y 5 de La Salina.
Una de las prioridades de la agenda del diputado Diego Aranguren ha sido la evaluación y seguimiento de las condiciones de la población reclusa de Casanare y promover la defensa de sus derechos. Las diferentes problemáticas de los internos han sido evidenciadas por el Diputado en las constantes visitas y reuniones en el Centro Carcelario de la Guafilla para conocer el estado de los reclusos.
Fuente:El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
