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Cárcel de La Guafilla en Yopal ad portas de emergencia sanitaria por falta de agua potable

Solo funciona uno de los dos pozos profundos que surten del líquido al Centro Carcelario.

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La Cárcel de La Guafilla está ad portas de una emergencia sanitaria por falta de agua potable, denunciaron voceros del Inpec que asistieron al Comité Departamental de Seguimiento al tema Carcelario. 

Indicaron los denunciantes, que de los dos pozos profundos con que se surte el Centro Penitenciario solo uno está funcionando, toda vez que la otra infraestructura colapsó desde el año anterior y no presta ningún servicio. El único pozo que está funcionando no ha dejado de hacerlo durante las 24 horas desde el año anterior, por lo que se teme que la bomba en cualquier momento colapse y se origine una emergencia sanitaria de incalculables proporciones.

En tal sentido, se solicitó la colaboración especial del diputado Diego Alejandro Aranguren, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, para que gestione ante la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que destine una tractomula adicional a los dos carrotanques que a diario surten del vital líquido al Centro de Reclusión. Se estima que a diario se requieren 400 mil litros diarios de agua para suplir la demanda del Centro Carcelario.

Otro tema que se tocó durante la reunión está relacionado con la repatriación de los presos casanareños que están recluidos en Cárceles de otros departamentos, señalando que hace falta la lista de los mismos porque mucho se ha hablado del tema pero hasta el momento ninguna Alcaldía ha suministrado el listado para iniciar el proceso.

Los voceros del Inpec le recordaron a los delegados de cada una de las Administraciones Municipales, que los Alcaldes deben firmar convenio con esta Institución para atender a la población de sindicados, pero casi ninguno de los burgomaestres cumple con este compromiso, dejándole la obligación solo al Inpec cuando esa responsabilidad es de las Alcaldías.

Según las cifras del Inpec, de los sindicados que están en el Centro Penitenciario de La Guafilla 126 son de Yopal, 45 de Aguazul, 41 de Trinidad, 39 de Paz de Ariporo, 27 de Orocué, 26 de Villanueva, 24 de Tauramena, 23 de Monterrey, 21 de San Luis de Palenque, 19 de Maní, 18 de Nunchía, 17 de Hato Corozal, 17 de Támara, 13 de Pore, 9 de Sabanalarga, 8 de Recetor, 7 de Chámeza y 5 de La Salina.

Una de las prioridades de la agenda del diputado Diego Aranguren ha sido la evaluación y seguimiento de las condiciones de la población reclusa de Casanare y promover la defensa de sus derechos. Las diferentes problemáticas de los internos han sido evidenciadas por el Diputado en las constantes visitas y reuniones en el Centro Carcelario de la Guafilla para conocer el estado de los reclusos.

Fuente:El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos

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El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.

La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.

No se adelantaron estudios de títulos

En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.

En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.

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Capturan a dos personas en Yopal por presunta explotación sexual y trata de personas

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La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.

Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.

Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.

Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.

Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.

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Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño

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Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.

Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.

Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.

También el Juan Luis Londoño

Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.

El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.

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