META
Embarazó a una niña y amenazaba a sus vecinos para que no lo denunciaran
En una finca de la vereda Carutal del municipio de Barranca de Upía, la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Meta, capturó a alias ‘El Motorista’; un sujeto de 43 años de edad, señalado de abusar en repetidas ocasiones de una niña desde sus 12 años, a quien mediante engaños indujo a sostener las relaciones sexuales y después de varios abusos dejó en estado de embarazo.
La menor en la actualidad tiene 13 años, es la hija mayor de una mujer contratada en un principio por el abusador para que le cuidara a sus dos pequeños hijos y que posteriormente convirtió en su compañera sentimental; situación que aprovechó para ganarse la confianza de su víctima y llevar a cabo los vejámenes.
“Actuamos oportunamente, poniendo a salvo a la joven, quien no decía nada porque estaba amenazada de muerte, y a su hijo de 11 meses de vida, quienes por decisión de un Juez quedaron en custodia de un familiar en otra ciudad del país”, indicó el coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Comandante del Departamento de Policía Meta, al recordar que durante el 2018 han sido capturados 60 depredadores sexuales.
Este resultado, se dio gracias a las labores investigativas que, en coordinación con la Fiscalía 48 local de Barranca de Upía, permitieron recolectar el acervo judicial para que el Juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Paratebueno – Cundinamarca, expidiera la orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la cual se hizo efectiva en las últimas horas, cuando este abusador se escondía en el predio rural.
Este sujeto al enterarse del embarazo de la menor la obligó a dejar sus estudios y la privó de asistir a controles prenatales, incluso llegó a amenazar a sus propios vecinos para no que no informaran a las autoridades sobre su paradero, y hasta habría indicado que si llegaban a capturarlo tenía todo un plan criminal para evitarlo, todo esto mantenía a la personas con miedo de denunciarlo.
‘El Motorista’ fue judicializado y llevado a audiencia de control de garantías, y aunque no se allanó a cargos, hoy se encuentra privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Villavicencio.
“Es importante recalcarle a la comunidad que, la Policía Nacional esta para brindarles protección, que no duden en denunciar la comisión de un delito, para que así podamos proceder de manera oportuna y mantener las condiciones necesarias de seguridad”, reiteró el coronel Nicolás Zapata.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
