META
Embarazó a una niña y amenazaba a sus vecinos para que no lo denunciaran
En una finca de la vereda Carutal del municipio de Barranca de Upía, la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Meta, capturó a alias ‘El Motorista’; un sujeto de 43 años de edad, señalado de abusar en repetidas ocasiones de una niña desde sus 12 años, a quien mediante engaños indujo a sostener las relaciones sexuales y después de varios abusos dejó en estado de embarazo.
La menor en la actualidad tiene 13 años, es la hija mayor de una mujer contratada en un principio por el abusador para que le cuidara a sus dos pequeños hijos y que posteriormente convirtió en su compañera sentimental; situación que aprovechó para ganarse la confianza de su víctima y llevar a cabo los vejámenes.
“Actuamos oportunamente, poniendo a salvo a la joven, quien no decía nada porque estaba amenazada de muerte, y a su hijo de 11 meses de vida, quienes por decisión de un Juez quedaron en custodia de un familiar en otra ciudad del país”, indicó el coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Comandante del Departamento de Policía Meta, al recordar que durante el 2018 han sido capturados 60 depredadores sexuales.
Este resultado, se dio gracias a las labores investigativas que, en coordinación con la Fiscalía 48 local de Barranca de Upía, permitieron recolectar el acervo judicial para que el Juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Paratebueno – Cundinamarca, expidiera la orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la cual se hizo efectiva en las últimas horas, cuando este abusador se escondía en el predio rural.
Este sujeto al enterarse del embarazo de la menor la obligó a dejar sus estudios y la privó de asistir a controles prenatales, incluso llegó a amenazar a sus propios vecinos para no que no informaran a las autoridades sobre su paradero, y hasta habría indicado que si llegaban a capturarlo tenía todo un plan criminal para evitarlo, todo esto mantenía a la personas con miedo de denunciarlo.
‘El Motorista’ fue judicializado y llevado a audiencia de control de garantías, y aunque no se allanó a cargos, hoy se encuentra privado de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de la ciudad de Villavicencio.
“Es importante recalcarle a la comunidad que, la Policía Nacional esta para brindarles protección, que no duden en denunciar la comisión de un delito, para que así podamos proceder de manera oportuna y mantener las condiciones necesarias de seguridad”, reiteró el coronel Nicolás Zapata.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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