META
Capturados integrantes del Clan del Golfo en el Meta
Autoridades en el Meta lograron la captura de varios integrantes del Clan del Golfo, subestructura “Gonzalo Oquendo Urrego” liderada por el reconocido criminal llamado ‘Juanito’, quien pese a estar en la cárcel, continuaba coordinando y ordenando todo tipo de actividades criminales en los municipios de San Martín, San Carlos de Guaroa, Guamal y Granada.
Como resultado de esta operación se materializaron seis órdenes de captura emanadas por Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), contra los sujetos conocidos como: ‘Cachetes’, ‘Lagarto’, ‘La Bizca’, ‘La Flaca’, ‘Fercha’ y ‘La Mona’, por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.
Estos sujetes serían los encargados de cobros de dinero productos de extorsiones y de homicidios selectivos en los municipios ya mencionados, situación que generaba una percepción de inseguridad y afectación a la convivencia y seguridad ciudadana en la región.
Este es el cuarto resultado operacional generado por la Policía Nacional para afectar las finanzas y el componente orgánico de este grupo armado organizado al oriente del país; primero de ellos, con la captura en flagrancia de su cabecilla ‘Juanito’ en 2017, en el 2019 con la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘Los Joacos’ y en 2020 ‘Los Cachaceros’, estructuras bajo el outsourcing criminal del Clan del Golfo, ambas direccionadas por ‘Juanito’.
Actividad Criminal
Su actividad criminal se centraba en generar temor y zozobra, en la ejecución de homicidios selectivos, la violencia instrumental como estrategia para el cobro de extorsiones, la comercialización y el tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzados a comerciantes, agricultores y ganaderos del bajo y alto Ariari en el Meta.
Se estima que esta estructura recolectaba una suma aproximada de 100 millones de pesos mensuales, producto de rentas criminales de extorsión a los diferentes gremios de ganaderos, comerciantes, agricultores y al control de rutas de microtráfico en la jurisdicción. Los investigadores les seguían la pista a estas seis personas, luego de conocer las denuncias y de varios meses de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, las cuales permitieron generar las órdenes de captura.
En la ejecución de ‘Renacer’, se llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble en el municipio de San Carlos de Guaroa, logrando la incautación de siete equipos móviles celular, utilizados para la coordinación de actividades delictivas relacionadas con el cobro de extorsiones y dos agendas con información contable relacionadas con los pagos realizados por las víctimas.
Los sujetos capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder penalmente por los delitos que se les señala.
El comandante de la Policía en Meta, coronel Oscar Fernando Daza Suárez, señaló que el trabajo entre la comunidad y la Policía Nacional es fundamental para continuar avanzando en la lucha contra la criminalidad e invitó a los metenses a fortalecer la denuncia como herramienta contra la delincuencia.
Fuente: Policía Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
