META
Capturados integrantes del Clan del Golfo en el Meta
Autoridades en el Meta lograron la captura de varios integrantes del Clan del Golfo, subestructura “Gonzalo Oquendo Urrego” liderada por el reconocido criminal llamado ‘Juanito’, quien pese a estar en la cárcel, continuaba coordinando y ordenando todo tipo de actividades criminales en los municipios de San Martín, San Carlos de Guaroa, Guamal y Granada.
Como resultado de esta operación se materializaron seis órdenes de captura emanadas por Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras (Meta), contra los sujetos conocidos como: ‘Cachetes’, ‘Lagarto’, ‘La Bizca’, ‘La Flaca’, ‘Fercha’ y ‘La Mona’, por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.
Estos sujetes serían los encargados de cobros de dinero productos de extorsiones y de homicidios selectivos en los municipios ya mencionados, situación que generaba una percepción de inseguridad y afectación a la convivencia y seguridad ciudadana en la región.
Este es el cuarto resultado operacional generado por la Policía Nacional para afectar las finanzas y el componente orgánico de este grupo armado organizado al oriente del país; primero de ellos, con la captura en flagrancia de su cabecilla ‘Juanito’ en 2017, en el 2019 con la desarticulación del grupo delincuencial común organizado ‘Los Joacos’ y en 2020 ‘Los Cachaceros’, estructuras bajo el outsourcing criminal del Clan del Golfo, ambas direccionadas por ‘Juanito’.
Actividad Criminal
Su actividad criminal se centraba en generar temor y zozobra, en la ejecución de homicidios selectivos, la violencia instrumental como estrategia para el cobro de extorsiones, la comercialización y el tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzados a comerciantes, agricultores y ganaderos del bajo y alto Ariari en el Meta.
Se estima que esta estructura recolectaba una suma aproximada de 100 millones de pesos mensuales, producto de rentas criminales de extorsión a los diferentes gremios de ganaderos, comerciantes, agricultores y al control de rutas de microtráfico en la jurisdicción. Los investigadores les seguían la pista a estas seis personas, luego de conocer las denuncias y de varios meses de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, las cuales permitieron generar las órdenes de captura.
En la ejecución de ‘Renacer’, se llevó a cabo una diligencia de registro y allanamiento a un inmueble en el municipio de San Carlos de Guaroa, logrando la incautación de siete equipos móviles celular, utilizados para la coordinación de actividades delictivas relacionadas con el cobro de extorsiones y dos agendas con información contable relacionadas con los pagos realizados por las víctimas.
Los sujetos capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder penalmente por los delitos que se les señala.
El comandante de la Policía en Meta, coronel Oscar Fernando Daza Suárez, señaló que el trabajo entre la comunidad y la Policía Nacional es fundamental para continuar avanzando en la lucha contra la criminalidad e invitó a los metenses a fortalecer la denuncia como herramienta contra la delincuencia.
Fuente: Policía Meta
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
