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Capturados en el Meta cinco agresores sexuales de menores
Por decisión de jueces con función de control de garantías de Villavicencio, San Carlos de Guaroa, La Macarena en Meta, fueron asegurados con medida privativa de la libertad intramural cinco hombres que habrían incurrido en delitos sexuales contra menores de edad.
Los victimarios de los menores, al parecer, incurrieron en los delitos por los que son procesados aprovechando la relación con los niños pues en un caso se trató del padre biológico de una de las víctimas; en otro el implicado es un tío; y en las demás agresiones se trataría de un profesor, un conocido de la familia y un desconocido.
Las víctimas de los abusos son tres niñas y un niño de 11 años cada uno; además de una mujer adulta. Los hechos se presentaron entre 2017 y 2021 en los municipios de San Carlos de Guaroa, La Macarena y Villavicencio (Meta).
Los casos
Entre octubre de 2020 – enero de 2021 en área rural de San Carlos de Guaroa un padre biológico habría realizado tocamientos indebidos a su hija a quien accedió sexualmente tras hacerle ingerir licor. De esta manera, el hombre ponía a la víctima en inconciencia. El presunto agresor fue capturado e imputado por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado.
En La Macarena una menor habría sido víctima de abuso sexual por su instructor de deportes, un hombre de 66 años de edad. Estos hechos se registraron entre agosto y septiembre de 2021. El hombre fue detenido por orden judicial e imputado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años, todos agravados.
En Villavicencio se presentaron tres casos uno de los cuales fue perpetrado por el tío de ´la víctima, un menor de edad. Los abusos se habrían dado en repetidas ocasiones, aprovechando el lazo familiar. El procesado fue imputado por el delito de acceso carnal violento agravado.
En otro caso el presunto abusador era conocido por la familia de la víctima. Los hechos se habrían presentado entre 2017 – 2021. El supuesto implicado fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Finalmente, un hombre fue judicializado por el delito de actos sexuales violentos, siendo en este caso la víctima una mujer. El agresor, al parecer, ingresó sin permiso a la vivienda de la víctima, ubicada a orillas de un río que circunda Villavicencio. En el lugar el procesado habría realizado tocamientos de índole sexual en contra de la mujer. Este caso se presentó el pasado mes de septiembre.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
