META
Capturados 15 integrantes de “Los Puntilleros Bloque Meta”
Autoridades lograron la captura de 15 de integrantes de “Los Puntilleros”, los cuales delinquen en los municipios de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán, y que a su vez, generan disputa territorial por rutas de narcotráfico entre otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo entre los departamentos del Meta y Vichada.
Operativo que inició desde el pasado mes de marzo del presente año, en la cual, durante estos nueves meses las autoridades de la Seccional de Investigación Criminal adscritas al Departamento de Policía Meta, le seguían la pista y permitió junto al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras ordenar las capturas de once de estas personas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, amenazas y desplazamiento forzado.
En el progreso investigativo, se logró establecer cada una de las acciones y roles desarrollados por estos integrantes entre los que se encuentran nueve hombres y tres mujeres, los cuales cumplen su papel al interior de este grupo delincuencial organizado Bloque Puntilleros del Meta, así:
“Ñero” de 29 años de edad: cabecilla de zona, suministra dirige y ordena a integrantes urbanos de la organización realizar las actividades delictivas relacionadas con el microtráfico, el sicariato, extorsión y amenazas, aunado a esto, es quien transporta almacena y porta las armas de fuego desde la ciudad de Villavicencio al municipio de Puerto Gaitán para así fortalecer la red criminal.
“La Muerte o Fortaleza” de 29 años de edad: encargado de liderar, coordinar y ejecutar acciones como homicidios selectivos en calidad de cabecilla de sicariato para la estructura delincuencial, el manejo de oficina de cobros, inteligencia criminal y narcotráfico.
“Platanero o Moiso” de 45 años de edad: era fungir como segundo cabecilla del componente criminal focalizado al servicio del GDO antes citado, responsable de liderar, coordinar, autorizar y tiene conocimiento de los diferentes hechos delictivos ejecutados por los diferentes integrantes de este grupo delincuencial organizado.
“Pincher” y “Panadero” de 28 años de edad: eran los encargados de los jibaros o trabajadores de la organización, asimismo, de recolectar y administrar el dinero producto de las rentas de la venta de alucinógenos.
“La Negra o Diana” de 18 años de edad: la encargada del trasporte y ocultamiento mediante la modalidad de caleta en su residencia de armas de fuego para la comisión de delitos como el homicidio y del tráfico local de estupefacientes a los jibaros y ollas en el municipio de Puerto Gaitán; igualmente, es la encargada de recolectar y administrar el dinero producto de las rentas de la venta de sustancias estupefacientes.
“Pirulo” de 22 años de edad: sería el sicario de la organización, encargado de realizar violencia instrumental bajo órdenes de alias “Pincher”, el mismo tiempo se encargaba de distribuir y comercializar la droga a nombre de la organización en el casco urbano de ese municipio.
“Natalia” de 21 años de edad: se dedicaba a transportar en grandes cantidades de marihuana utilizando las empresas de envió por la modalidad de encomienda, el transporte y almacenamiento de armas de fuego.
“Puñetas” compañero sentimental de “Luisa o La Flaca” de 25 y 24 años de edad respectivamente: estaban encargados de manejar toda la parte financiera en la recolección de dineros producto de la renta de estupefacientes de las ollas de vicio y exacciones económicas a los comerciantes ganaderos y empresarios del municipio de Puerto Gaitán.
“Jesús moto carguero” de 27 años de edad: sería el encargado de vender estupefacientes en el sector del malecón y las discotecas en ese municipio.
Por otra, durante la misma operación ‘Renacer IV’ se adelantaron tres diligencias de registro y allanamiento a tres inmuebles ubicados en el barrio La Bendición y al interior de un conjunto residencial de ese municipio.
Durante las intervenciones a dichos inmuebles se logró materializar las capturas en flagrancia de dos hombres y dos mujeres entre los 20 y 41 años, así como la incautación de sustancias alucinógenas, elementos para la elaboración y dosificación de estas sustancias y otros equipos, así: 1.200 gramos de marihuana tipo creepy, 350 gramos de base de cocaína, 22 envolturas para la dosificación de alucinógenos, 05 equipos móviles celular y 02 armadoras y/o trilladoras.
Más resultados en la investigación
Por último, gracias a la administración de una fuente humana se logró el hallazgo y ubicación de material de guerra en cual se encontraba en campo abierto a un costado de la vía que conduce de Puerto Gaitán hacia campo Rubiales zona despoblada. Allí se logra la incautación de: 449 cartuchos de munición para fusil calibre 7.62, 29 granadas de 40 milímetros y dos granadas de fragmentación modelo IM-26, elementos avaluados en $ 7.750.000.
De acuerdo con los investigadores y dicho material de guerra tenía como finalidad fortalecer el componente armado del grupo delincuencial Bloque Puntilleros en zona rural de este municipio, de esta manera, hacerle frente a la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo por la disputa territorial y el control del narcotráfico y las rentas criminales.
Las cuatro personas fueron judicializadas por las autoridades de Policía por los delitos de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes, al mismo tiempo, que los otros once capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 110 de la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales DECOC de Villavicencio, así como el material de guerra incautado.
Fuente: Policía Meta
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
