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Capturados 15 integrantes de “Los Puntilleros Bloque Meta”

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Autoridades lograron la captura de 15 de  integrantes de “Los Puntilleros”, los cuales delinquen en los municipios de Villavicencio, Puerto López y Puerto Gaitán, y que a su vez, generan disputa territorial por rutas de narcotráfico entre otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo entre los departamentos del Meta y Vichada.

Operativo que inició desde el pasado mes de marzo del presente año, en la cual, durante estos nueves meses las autoridades de la Seccional de Investigación Criminal adscritas al Departamento de Policía Meta, le seguían la pista y permitió junto al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras ordenar las capturas de once de estas personas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, amenazas y desplazamiento forzado.

En el progreso investigativo, se logró establecer cada una de las acciones y roles desarrollados por estos integrantes entre los que se encuentran nueve hombres y tres mujeres, los cuales cumplen su papel al interior de este grupo delincuencial organizado Bloque Puntilleros del Meta, así:

“Ñero” de 29 años de edad: cabecilla de zona, suministra dirige y ordena a integrantes urbanos de la organización realizar las actividades delictivas relacionadas con el microtráfico, el sicariato, extorsión y amenazas, aunado a esto, es quien transporta almacena y porta las armas de fuego desde la ciudad de Villavicencio al municipio de Puerto Gaitán para así fortalecer la red criminal.

“La Muerte o Fortaleza” de 29 años de edad: encargado de liderar, coordinar y ejecutar acciones como homicidios selectivos en calidad de cabecilla de sicariato para la estructura delincuencial, el manejo de oficina de cobros, inteligencia criminal y narcotráfico.

“Platanero o Moiso” de 45 años de edad: era fungir como segundo cabecilla del componente criminal focalizado al servicio del GDO antes citado, responsable de liderar, coordinar, autorizar y tiene conocimiento de los diferentes hechos delictivos ejecutados por los diferentes integrantes de este grupo delincuencial organizado.

“Pincher” y “Panadero” de 28 años de edad: eran los encargados de los jibaros o trabajadores de la organización, asimismo, de recolectar y administrar el dinero producto de las rentas de la venta de alucinógenos.

“La Negra o Diana” de 18 años de edad: la encargada del trasporte y ocultamiento mediante la modalidad de caleta en su residencia de armas de fuego para la comisión de delitos como el homicidio y del tráfico local de estupefacientes a los jibaros y ollas en el municipio de Puerto Gaitán; igualmente, es la encargada de recolectar y administrar el dinero producto de las rentas de la venta de sustancias estupefacientes.

“Pirulo” de 22 años de edad: sería el sicario de la organización, encargado de realizar violencia instrumental bajo órdenes de alias “Pincher”, el mismo tiempo se encargaba de distribuir y comercializar la droga a nombre de la organización en el casco urbano de ese municipio.

“Natalia” de 21 años de edad: se dedicaba a transportar en grandes cantidades de marihuana utilizando las empresas de envió por la modalidad de encomienda, el transporte y almacenamiento de armas de fuego.

“Puñetas” compañero sentimental de “Luisa o La Flaca” de 25 y 24 años de edad respectivamente: estaban encargados de manejar toda la parte financiera en la recolección de dineros producto de la renta de estupefacientes de las ollas de vicio y exacciones económicas a los comerciantes ganaderos y empresarios del municipio de Puerto Gaitán.

“Jesús moto carguero” de 27 años de edad: sería el encargado de vender estupefacientes en el sector del malecón y las discotecas en ese municipio.

Por otra, durante la misma operación ‘Renacer IV’ se adelantaron tres diligencias de registro y allanamiento a tres inmuebles ubicados en el barrio La Bendición y al interior de un conjunto residencial de ese municipio.

Durante las intervenciones a dichos inmuebles se logró materializar las capturas en flagrancia de dos hombres y dos mujeres entre los 20 y 41 años, así como la incautación de sustancias alucinógenas, elementos para la elaboración y dosificación de estas sustancias y otros equipos, así: 1.200 gramos de marihuana tipo creepy, 350 gramos de base de cocaína, 22 envolturas para la dosificación de alucinógenos, 05 equipos móviles celular y 02 armadoras y/o trilladoras.

Más resultados en la investigación 

Por último, gracias a la administración de una fuente humana se logró el hallazgo y ubicación de material de guerra en cual se encontraba en campo abierto a un costado de la vía que conduce de Puerto Gaitán hacia campo Rubiales zona despoblada. Allí se logra la incautación de: 449 cartuchos de munición para fusil calibre 7.62, 29 granadas de 40 milímetros y dos granadas de fragmentación modelo IM-26, elementos avaluados en $ 7.750.000.

De acuerdo con los investigadores y dicho material de guerra tenía como finalidad fortalecer el componente armado del grupo delincuencial Bloque Puntilleros en zona rural de este municipio, de esta manera, hacerle frente a la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo por la disputa territorial y el control del narcotráfico y las rentas criminales.

Las cuatro personas fueron judicializadas por las autoridades de Policía por los delitos de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes, al mismo tiempo, que los otros once capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 110 de la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales DECOC de Villavicencio, así como el material de guerra incautado.

Fuente: Policía Meta

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Ordenan restituir 34.500 hectáreas a comunidades indígenas en zona rural de Puerto Gaitán

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La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.

Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.

El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.

Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.

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A la cárcel por el homicidio de un menor de edad en Villavicencio

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.

Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.

Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.

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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

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