ARAUCA
Capturados 10 miembros de grupos armados ilegales en Arauca, entre ellos dos guerrilleros
El Ejército Nacional logró la captura de ocho presuntos miembros de la delincuencia común y dos presuntos miembros del Eln en el departamento de Arauca, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.
En una primera acción, miembros del Gaula Militar Arauca, con apoyo del CTI y el Gaula Militar Risaralda, Antioquia y Orinoquia, lograron la captura de ocho presuntos miembros de la banda delincuencial Los Cafeteros, a quienes se les atribuyen delitos como: concierto para delinquir con fines extorsivos y tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas en concurso homogéneo y sucesivo y en concurso con extorsión agravada.
A estos sujetos se les relaciona con la extorsión a ganaderos, comerciantes y presidentes de Juntas en Arauca, quienes luego de los actos urgentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
En una segunda acción, mediante un registro de allanamiento en el municipio de Tame, en operación coordinada con la Policía Nacional, la Fiscalía, el CTI, la Dijín y en cumplimiento a orden de captura expedida por el Juzgado 65 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se logró la aprehensión de un sujeto identificado como alias “Mojado”, presunto miembro del frente Domingo Laín Sáenz, quien pertenecía a esta organización desde hace 10 años.
Este individuo de 28 años y nacido en Tame es requerido por la justicia, por delitos de rebelión y homicidio con circunstancias de agravación punitiva, se presume su participación en la muerte de dos soldados en enero pasado. Fue puesto a disposición de la Fiscalía N° 31 especializada contra el terrorismo.
Por último, el Grupo Gaula Militar llegó hasta la vereda La Reserva del municipio de Arauquita y mediante un allanamiento, produjo la captura de alias “Kiko” o “Gallito”, quien tenía orden de captura expedida por el Juzgado 65 Penal Municipal con función de control de garantías, por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio y rebelión.
Alias “Kiko”, de 40 años de edad y oriundo de Curumaní, Cesar, habría entrado al frente Domingo Laín Sáenz hace 12 años, donde desde la comisión Martha Helena Varón, sería el responsable de cobro de extorsiones a empresas transportadoras y relacionadas con la explotación petrolera, bloqueos de la vía entre el centro poblado de Puerto Jordán y el municipio de Tame, reclutamiento forzoso de menores de edad homicidios selectivos y atentados contra la fuerza pública.
Fuente: Prensa Fuerza de Tarea Quirón
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
