CASANARE
Capturado en Villavicencio presunto implicado en estafa con viviendas de interés social
Por solicitud de la Fiscalía Local de la Estructura de Apoyo EDA, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Villavicencio cobijó con medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Néstor Arnulfo García Parrado.
El hombre, de 58 años de edad quien fue concejal de Villavicencio en el periodo 1998 – 2000 por el Partido Conservador, sería el responsable de estafar a varias personas a quienes les habría ofrecido en venta casas de interés social, supuestamente, ubicadas en la urbanización San Antonio de Villavicencio (Meta).
La Fiscalía imputó al implicado como supuesto responsable del delito de estafa masa agravada, el cual no aceptó.
Los hechos se habrían presentado entre el 2007 y el 2012. Para entonces, el procesado habría sido el representante legal de la unión temporal Legavivienda. Usando esa fachada el implicado, supuestamente, obtuvo ilícitamente de 14 personas más de 110 millones de pesos.
El implicado habría inducido al error a las víctimas, quienes creyeron en las promesas de alcanzar el sueño de acceder a una Vivienda de Interés Social, lo cual no cumplió. En el marco de la investigación se tuvo conocimiento de 9 noticias criminales asociadas que incluyen las 14 víctimas por las que se hizo la imputación.
La Fiscalía investiga las versiones que dan cuenta de poco más de medio centenar de afectados. En este caso, el monto defraudado superaría los 356 millones de pesos. Néstor Arnulfo García Parrado fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía EDA, en cumplimiento de una orden judicial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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