CASANARE
Capresoca se refirió a remisiones pendientes para pacientes menores de edad
Frente a varias remisiones pendientes de pacientes, principalmente de menores de edad, por parte de Capresoca EPS, la subgerente operativa de la entidad, Francia Tafur, y el líder de Referencia y Contrareferencia de Capresoca EPS, Pedro José Mariotte Acevedo, dieron a conocer las gestiones adelantadas para los traslados pertinentes a hospitales de tercer nivel.
En relación con la niña Laudy Barrera, paciente ambulatoria, quien requiere de la toma de biopsia de un músculo en su brazo en el Instituto Roosevelt, ya se hizo la gestión pertinente, “la niña fue valorada en el Roosevelt el año pasado, para hacerle la biopsia en su extremidad superior, y así poder definir el procedimiento a seguir, ya se hizo un pago anticipado, para que aceptaran el proceso”, dijo Francia Tafur.
Otro caso, es el de Ofelia Andrea Mesa, menor de 13 años, quien reside en la vereda Centro Gaitán, municipio de Paz de Ariporo, y tiene ‘Escoliosis Congénita, debido a malformación congénita ósea y otras cifosis secundarias. En relación con esta paciente, también ambulatoria, se hizo también pago anticipado al Instituto Roosevelt, para garantizar su procedimiento.
En cuanto a Ostilio Díaz, un menor procedente de Monterrey con caso de aneurisma de la aorta abdominal, él fue remitido el pasado 10 de febrero al Hospital La Samaritana de Bogotá.
En relación con el caso de Juan Pablo Samacá, de 17 años, remitido desde Orocué al HORO, con Síndrome de Klippel Trenaunay, según lo informó el doctor Pedro Mariotte, el menor fue trasladado al Hospital Cardiovascular de Soacha, el pasado 9 de febrero.
En cuanto a subespecialidades pediátricas existentes en Casanare, dijo Francia Tafur que, lamentablemente no se cuenta con una institución que preste los servicios en el departamento, “no témenos una institución especializada en pediatría, y aunque el HORO está haciendo un esfuerzo grande, por ahora solo se cuenta con un endocrinopediatra y un cardiólogo pediatra”.
Resaltó que a nivel nacional la situación es complicada, en cuanto a la prestación de especialidades pediátricas, ya que instituciones como La Misericordia y el Roosevelt, no quieren contratar con ninguna EPS de las entidades territoriales, ante las expectativas de la implementación de la Reforma a la Salud y la normativa que esta traería.
Fuente: Capresoca EPS
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
