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Campesinos de San Martín de los Llanos, en el Meta, retornaron a sus predios
Las familias Rivera y Ochoa recuperaron sus predios ubicados en la parcelación “La Pradera”, de la vereda La Castañeda. Colaboradores de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les entregaron materialmente las parcelas 18 y 19, con una extensión de 14 hectáreas cada una, en cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá.
En el año 1996, una veintena de familias adquirió el predio tras recibir subsidios del antiguo INCORA para la explotación de la hacienda, por lo cual se organizó la una asociación que se denominó Parceleros La Pradera. La primera Junta Directiva fue conformada por personas que, luego de un tiempo de ejercicio, generaron serias dudas sobre el manejo de dineros, lo cual causó discrepancias entre la comunidad.
En vista de ello, se conformó una nueva junta en la que el solicitante Nicolás Rivera asumió como tesorero, situación que agravó los desacuerdos entre los antiguos miembros de la Junta Directiva y sus reemplazos. Los exmiembros decidieron acudir al grupo paramilitar que controlaba la zona para que presionara a la nueva administración, hecho que motivó el abandono del predio.
En la sentencia el Tribunal ordenó a varias entidades del Estado el acompañamiento a estas familias para que accedan a la reparación integral, lo que significa que recibirán beneficios tales como proyecto productivo, subsidio de vivienda, asesoría técnica y condonación de deudas, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
