META
Campesino despojado por las Autodefensas en el Meta resurgió y se convirtió en productor
Una hermosa vista adornada con colinas rodeadas de árboles frondosos y espesa vegetación, donde se respira aire puro y se siente el aroma de las flores silvestres, es la que diariamente se refleja en la retina y agudiza los sentidos de José Garzón, un campesino resiliente, quien a pesar de ser víctima del despojo paramilitar resurgió de entre las cenizas como el ave Fénix y se convirtió en productor.
Su hogar se llama “El Merey”, un predio restituido de 14 hectáreas a orillas de Caño Buenos Aires y ubicado en la vereda La Meseta, a 20 minutos del casco urbano de El Dorado, en el departamento del Meta. Allí, de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras, desarrolló un proyecto productivo de cría de ganado doble propósito que lo convirtió en productor y comercializador de leche a las empresas Colanta y San Gerónimo.
El despojo
Al comenzar el nuevo milenio, José heredó de su padre una parte del predio “El Merey” donde residía con su esposa y sus hijos, y tenían cultivos de pan coger para el consumo familiar. Su suerte se tornó oscura y tenebrosa en el año 2001, cuando alias “Julián”, un reconocido jefe paramilitar de la zona, lo obligó a malvender su finca y a desplazarse a otro lugar. En ese momento, le ofrecieron $18 millones por el predio, pero finalmente le entregaron $14 millones, porque le notificaron que debía entregar $4 millones por derecho de guerra a alias “Don Mario” jefe de las Autodefensas.
Como si no fuera suficiente con el despojo, la tragedia continuó cuando en el 2016 un grupo al margen de la ley se llevó y posteriormente asesinó a su hijo Nixon, de 24 años de edad.
El regreso
Con el paso del tiempo, la familia Garzón, que continuaba sobreviviendo con el dolor de la pérdida de su ser amado, revivió la esperanza de recuperar la tierra que les arrebató el paramilitarismo. “Nos dijeron que gracias a la nueva ley podíamos reclamar la finca ante el Estado y por eso acudimos a restitución de tierras donde nos asesoraron y después de unos meses, un juez ordenó que nos
devolvieran el predio. Eso fue una gran bendición para nosotros”, exclamó José Garzón.
“Esta tierra es lo más hermoso que puede haber, aquí vivimos rodeados de mesetas, agua, paisajes espectaculares”, cuenta José con su sonrisa a flor de piel.
Productor lechero
Además de la devolución material del predio, la Unidad de Restitución de Tierras le asignó a José Garzón y a su familia, $33 millones que se destinaron para la compra de siete vacas doble propósito, al mantenimiento e instalación de cercas, compra de insumos, construcción de un corral, una bodega y a la adecuación de un establo para realizar las labores de ordeño.
Meses después, cuando las reses dieron sus primeras crías, comenzó la producción de 1.500 litros de leche al mes. Don José logró un acuerdo con la empresa Colanta que le garantizó la compra de la producción actual y además la Unidad les gestionó un contrato de comercialización con la distribuidora Lácteos San Gerónimo.
“El Merey” pasó de ser un terreno enmalezado y abandonado a transformarse en una finca productiva en la que también hay cultivos de limón, ají, plátano y se inició la producción de gallinas ponedoras.
Reparación integral
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, César Santoyo, explicó que la entidad, realizó acompañamiento y direccionamiento ante el Ministerio de vivienda para que el beneficiario fuera priorizado para la construcción de vivienda rural, que consiste en la entrega de un subsidio por hasta 70 salarios mínimos legales vigentes.
Como resultado de ese acompañamiento, los Garzón cumplen otro sueño: el de estrenar casa, porque con recursos del gobierno nacional construyeron en “El Merey”, una vivienda de 56 metros cuadrados que consta de tres habitaciones, sala comedor, baño, cocina, lavadero y un tanque de reserva.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Lo que hace algunos años fue un escenario de miedo, desplazamiento y abandono forzado, hoy es ejemplo de resiliencia, productividad y esperanza. La familia de Juan María Torres y Audita Acosta, víctimas del conflicto armado en San Juanito (Meta), logró consolidar con éxito su proyecto productivo de fríjol gracias al acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Según la sentencia emitida en favor de esta familia por la justicia especializada, los esposos habitaron durante décadas el predio ‘Buena Vista’, ubicado en la vereda El Carmen. Sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales, los constantes enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y la Fuerza Pública, así como las amenazas de reclutamiento forzado contra sus hijos, los obligaron a abandonar su tierra y desplazarse en el año 2004.
Tras el proceso de restitución, la URT garantizó la reparación integral de esta familia campesina mediante la implementación de un proyecto productivo de fríjol, con una inversión equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recursos que permitieron fortalecer la producción agrícola, realizar adecuaciones en el predio y mejorar sus condiciones de trabajo.
La intervención también incluyó acciones de seguridad alimentaria, mediante la entrega de gallinas ponedoras, apoyo para la producción de maíz, el fortalecimiento de la cría de cerdos, cultivos de granadilla y la adecuación de una bodega para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.
Uno de los logros más significativos para la familia fue la entrega de una vivienda rural digna en el predio restituido, permitiéndoles regresar de manera definitiva a su tierra y reconstruir su proyecto de vida en condiciones adecuadas y seguras.
Actualmente, Juan y Audita continúan desarrollando sus actividades agrícolas y pecuarias, con cultivos de maíz y fríjol, además de la producción porcina. Su visión de futuro apunta ahora a diversificar su actividad económica mediante la siembra de sagú y la adquisición de una máquina para su procesamiento, iniciativa con la que buscan generar nuevos ingresos y fortalecer su emprendimiento rural.
El director territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras, Robert Gabriel Barreto Lara, destacó este caso como un ejemplo del impacto transformador de la política pública de restitución: “nos llena de orgullo ver cómo las familias restituidas convierten las oportunidades en proyectos de vida sostenibles. Este caso demuestra que la restitución va mucho más allá de devolver la tierra; significa generar condiciones reales para que las víctimas permanezcan en el territorio, produzcan, mejoren su calidad de vida y construyan futuro con dignidad”.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
