CASANARE
Cámara de Comercio de Casanare ya cuenta con oficina en Orocué
La Cámara de Comercio de Casanare (CCC) abrió oficina en Orocué, con el objetivo de facilitar a los más de 415 empresarios y comerciantes de esta localidad, los trámites de los nueve registros delegados por el Estado, así mismo para que las nuevas unidades de negocios se matriculen de manera ágil y oportuna.
“Llegamos para acompañar y estar más cerca de nuestros comerciantes de Orocué, también para incluirlos en los programas de innovación e internacionalización, fomento al comercio local; involucrarlos en los clúster de turismo de naturaleza, soporte productivo y ganadería sostenible; capacitación y formación, entre otros”, comentó el presidente ejecutivo de la entidad gremial, Carlos Rojas Arenas, en la apertura de la oficina el viernes 19 de febrero de 2021.
Por su parte, el alcalde Monchy Yobany Moreno Gualdrón, manifestó que trabajará con la CCC en programas de diversificación de la economía del municipio, fomento de las empresas de turismo y la formalidad empresarial.
La oficina está ubicada en carrera 8 No. 5 – 2 tiene atención al público de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, se pueden realizar los trámites de los registros mercantil, único de proponentes, nacional de turismo, entidades sin ánimo de lucro, vendedores de juegos de azar, entidades de economía solidaria, veedurías ciudadanas, registro único de entidades operadoras de libranza y registro de entidades extranjeras de derecho privado y sin ánimo de lucro.
La oficina de Orocué, es la número nueve para la entidad, que ya hace presencia en Yopal (sede principal), Villanueva, Monterrey, Tauramena, Maní, Aguazul, Paz de Ariporo y Trinidad, en este momento cuenta con más de 21 empresarios matriculados en Casanare.
En la inauguración hicieron presencia el presidente de la junta directiva de la CCC, Misael Jair Tuay Sigua; el párroco iglesia de La Candelaria, el padre Jairo Gordillo Rincón; el comandante Estación de Policía, Weidmar Eduardo Vargas Arroyo; el presidente del concejo del municipio, Carlos Andrés Malpica; las comerciantes Aleida Rojas Lemus de Leman Construcciones S.A.S y Doris Ramona Piña Malabert de la estación de servicio Wisirare.
Fuente: Cámara de Comercio de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
