CASANARE
Cajas de Compensación Familiar se reunieron en Yopal para hablar de su papel en el posconflicto
Comfacasanare tiene programas ya desarrollados en áreas rurales que serán replicados para este caso por otras Cajas.
El director de Comfacasanare, Gustavo Ayala Leal, se mostró complacido que el Gobierno Nacional escogiera a Yopal para reunir las Cajas de Compensación Familiar del Oriente del país, para tratar el papel que jugarán estas entidades en el escenario del posconflicto.
Según explicó Ayala Leal, la escogencia se dio gracias a que el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo reconoce en Comfacasanare un actor avanzado en temas como la política de ruralidad, posconflicto y proyectos productivos, por lo que se convocó a las Cajas de Compensación de la Orinoquia y la Amazonia, para empezar a trazar la ruta de cómo se va a diseñar la estrategia de participación de las Cajas en el escenario del posconflicto.
El Ministerio tomó como referente un programa de vivienda con parcelas productivas adelantando por Comfacasanare en el municipio de Maní, que podría servir como ejemplo a replicar en toda la zona de la Orinoquia y la Amazonia, porque permitiría a sus beneficiarios contar con la posibilidad de generar ingresos desde sus residencias.
“Se toma como referente para que en esa construcción de tejido social, en esa transición de lo que tiene que ver de una era de conflicto hacia un Estado productivo y un Estado que realmente le resuelva sus problemas a estas comunidades, nosotros hemos jugado un papel importante, no solo Comfacasanare sino todas las Cajas de Compensación que tenemos sentido de pertenencia, por ejemplo, Comfacasanare es la única Caja de Compensación en Colombia que hace presencia en los 19 municipios de su territorio”, indicó el gerente de Comfacasanare.
A su turno el viceministro de Empleo y Pensiones, Francisco Javier Mejía, quien lideró el encuentro, dijo que esta región del país donde se vivió la guerra de manera especial, es donde más se necesita que el Sistema de Subsidio Familiar llegue con su infraestructura y preste los servicios que suministran en lo urbano, para que se reconstruya el tejido social que fragmentó el conflicto armado.
Así mismo, el funcionario afirmó que las Cajas de Compensación Familiar tienen la potestad de desarrollar programas de empleo y emprendimiento, con el fin de dinamizar e impulsar el desarrollo económico y social en zonas rurales y de posconflicto.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
