REGIÓN
Cadena de gestión de cadáveres en Boyacá tiene en alerta a la autoridad sanitaria
Inadecuada gestión de la cadena del cadáver dejando al descubierto falencias en las acciones relacionadas con el manejo de restos mortales en morgues, laboratorios de tanatopraxia, traslado de cadáveres, velación y cementerios, es la situación que se viene presentando en la mayoría de los municipios de Boyacá.
La situación está generando una problemática de salud pública y de afectación al medio ambiente por las condiciones en que estos servicios se vienen prestando.
Así lo dio a conocer la ingeniera Soraida Cruz Sierra, referente de Seguridad Química y Residuos Peligrosos, de la Secretaría de Salud de Boyacá, quien aseguró que, en los cementerios de algunas localidades, el personal designado para estas labores afronta escenarios complejos que generan factores de riesgo ocupacionales (biológicos y físicos), al momento de realizar los procedimientos (inhumaciones, exhumaciones y mantenimiento), siendo así la improvisación una herramienta cotidiana.
De igual forma, ante la falta de comunicación entre Alcaldía, líderes religiosos y sector funerario (cadena de cadáveres), el traslado de cuerpos incrementa costos y por lo mismo, los riesgos sanitarios.
Agregó que esta es una situación que se ha venido tratando de corregir a través del acompañamiento permanente a los cementerios y asistencias técnicas a líderes religiosos (representantes de los cementerios), en temas de salud, seguridad en el trabajo y protocolos de bioseguridad para riesgo biológico y físico; teniendo en cuenta que, en algunos casos, se ha dificultado aplicar las actas con enfoque de riesgo precisamente por la falta de compromiso de quienes los administran; situación muy similar con morgues y funerarias.
Por otra parte, se evidencia el deterioro que tienen algunos cementerios, producto del crecimiento de urbanizaciones y asentamientos humanos, que se encuentran cerca a estos lugares.
La falta de una normatividad específica, sobre todo para el sector funerario, es evidente, pues se han encontrado grandes dificultades para la inspección y vigilancia; especialmente en los más alejados de las capitales de provincia y de Tunja, pues también las condiciones de servicios funerarios no son las mejores. Por tanto, aclara que las Administraciones Municipales son las principales responsables de las acciones de control cuando sin causa justificada se preparan y velan cuerpos en los domicilios o en sitios diferentes a Laboratorios de Tanatopraxia y Funerarias.
Hacen un llamado a alcaldes y secretarios de gobierno para que verifiquen y regulen la prestación de servicios funerarios, porque sanitaria y ambientalmente existe un riesgo que involucra la manipulación de cuerpos, considerando que en algunos casos las muertes fueron por alguna enfermedad infecto contagiosa y esto se convierte en una contaminación cruzada.
La manipulación de cuerpos debe hacerse en sitios adecuados, con las mínimas condiciones de infraestructura, dotación y materiales que garanticen seguridad para la salud pública y el medio ambiente. Así mismo, invitan a la comunidad a exigir que las funerarias cumplan con las mínimas condiciones de seguridad durante el traslado de cuerpos y preparación (tanatopraxia), máxime cuando se está pagando por servicios integrales.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.


