META
Cada cinco horas muere una persona por Covid-19 en Villavicencio
Cerca de seis personas contagiadas de covid-19 cada hora y un fallecido cada cinco horas por complicaciones derivadas de esta enfermedad, es el reporte del fin de semana que entrega la Secretaría de Salud de Villavicencio.
De acuerdo con la entidad, durante los días que abarca el reporte, en la capital del Meta se superaron los 11 mil casos positivos acumulados, llegándose a 11 mil 82 personas contagiadas, de las cuales 8.378 se encuentran en la población general, 901 de la cárcel, 460 del Ejército, 471 de la Policía, 858 en trabajadores de la salud y 14 casos que llegaron del exterior al comienzo de la pandemia en la ciudad.
Del total de casos acumulados, 2.215 aún están activos y se han recuperado 8.631 personas. El reporte indica que solo el domingo 13 de septiembre ingresaron 83 nuevos casos.
Así mismo, se indica que el número de personas fallecidas alcanza las 236, de ellas 87 mujeres y 149 hombres, llegando a un índice de letalidad del 2,12 por ciento. En las mujeres el mayor número de decesos se registra entre los 50 y 79 años, con 54 muertes, y en los hombres entre los 50 y 90 años, con 128 casos.
La ocupación en unidades de cuidados intensivos en la ciudad alcanza el 84 por ciento, con 44 camas UCI covid-19 positivo ocupadas, 58 casos positivos internados y 37 más por infección respiratoria aguda.
César García, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Villavicencio, confirmó que en lo corrido del mes de septiembre se han notificado 2.078 casos.
El galeno indicó que “es el momento de ser más cautelosos. Cuidar sobre todo a nuestros adultos mayores que son los que más están sufriendo mortalidad. Y si tenemos síntomas, como dificultad respiratoria, perdida de la conciencia, fiebre alta, entre otros, consultemos al médico, porque estos síntomas graves de la enfermedad”, concluyó.
Fuente: Alcaldía de Villavicencio
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
