CASANARE
Brote de Covid-19 en cárcel de Paz de Ariporo deja un fallecido y varios contagiados
A la fecha, se confirma el diagnóstico de 74 casos positivo para Covid-19 y el fallecimiento de un recluso con diagnóstico positivo para la enfermedad, por lo que se adelantan las acciones para el manejo de la emergencia.
El pasado 13 de septiembre del presente año, se confirmó el primer caso de COVID-19 al interior de la penitenciaría del municipio de Paz de Ariporo, el cual corresponde a un hombre de 84 años con comorbilidades de fibrosis pulmonar, hipertensión arterial y tabaquismo.
El paciente había referido inicio de síntomas el día 01 de septiembre, consistentes en tos seca y dificultad para respirar, siendo atendido de manera inicial por personal médico de la institución. Sin embargo, tras varios días con sintomatología, fue conducido al Centro de Salud de Paz de Ariporo, donde luego de previa atención, es ordenado su traslado al Hospital Regional de la Orinoquía para manejo especializado el día 13 del presente mes; institución a la cual ingresa con diagnóstico de IRA y sospecha de infección por SARS Cov2, Crisis hipertensiva tipo urgencia, hipertensión arterial no controlada y fibrosos pulmonar.
En este centro asistencial toman muestra para COVID-19, dando como resultado positivo.
Sobre la persona fallecida.
El día 26 de septiembre falleció el primer caso notificado (hombre de 84 años de edad), el cual se encontraba hospitalizado en el Hospital Regional de la Orinoquía ESE, razón por la cual se orienta al personal del INPEC, respecto del manejo y disposición final del cadáver.
El paciente no había salido del centro penitenciario desde hace tres años y las visitas fueron suspendidas desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo.
Más casos al interior de la cárcel
El día 18 de septiembre se notificaron tres nuevos casos positivos al interior del centro carcelario, correspondientes a dos personas procedentes del municipio de Trinidad y uno de Paz de Ariporo a las cuales les fue revocada la medida de detención domiciliaria, por lo que reingresan al centro penitenciario el día 03 del presente mes; fecha en la cual entraron en aislamiento y como parte del protocolo se les toma muestra para COVID-19, dando como resultado positivo.
Los tres (3) casos son asintomáticos y ninguno de ellos tuvo contacto con el primer caso notificado.
Acciones en atención a la emergencia.
A partir de la aparición del primer caso, se estableció comunicación con el Instituto Nacional de Salud (INS), con el objetivo de recibir indicaciones precisas para el manejo del brote en esta población específica, al mismo tiempo que se dio inicio a las respectivas investigaciones de campo con el objetivo de establecer un diagnóstico integral de la situación, manteniendo una comunicación permanente con la Alcaldía Municipal y personal de sanidad de la penitenciaría para el desarrollo de actividades como:
– Toma de muestras (159) a los contactos estrechos del primer caso notificado, como parte de las acciones de vigilancia en salud pública, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.
– Visita a la penitenciaría con actividades de verificación de protocolos, información básica del evento y medidas preventivas al personal administrativo y de seguridad de la institución.
Medidas preventivas para la disminución del riesgo de contagio:
– En la actualidad la penitenciaría ha destinado un área específica de permanencia para los casos positivos, con el propósito de aislarlos del resto de la población reclusa.
– Así mismo, se ordenó el aislamiento preventivo de cuatro (4) adultos mayores con comorbilidades, a los cuales se les asignó el salón de aislamiento del área de salud, con el fin de realizar un constante monitoreo y verificación de su estado de salud; pese a que hasta el momento se encuentran asintomáticos.
– Desde la aparición del primer caso, se realiza seguimiento constante diario a los casos y contactos, en cumplimiento de los lineamientos y directrices del Ministerio de Salud y Protección Social.
– Las visitas a reclusos siguen suspendidas, como se ordenó desde el desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo.
Hasta el momento, el resultado de las 159 pruebas moleculares para el diagnóstico de COVID-19 tomadas al interior del centro carcelario, arrojan los siguientes resultados:
Pruebas Negativas.
Personas privadas de la libertad: 60
Personal de la Guardia: 11
Personal Administrativo: 5
Contratistas: 7
Total: 83
Pruebas Positivas.
Personas privadas de la libertad: 61
Personal de la Guardia: 10
Personal Administrativo: 2
Contratistas: 1
Total: 74
Pruebas Pendientes: 2
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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