REGIÓN
Boyacenses armaron comités de evaluación y seguimiento al Plan Bicentenario
Tras una jornada de más de siete horas, adelantada en el Salón Presidentes de la Gobernación de Boyacá, se conformaron cuatro comités de evaluación y seguimiento al Contrato Plan Bicentenario.
Este se ejecuta en diferentes zonas del departamento, con una inversión inicial de 245.000 millones de pesos y una adición presupuestal de 88.700 millones para un total de 334.000 millones. Los recursos provienen de la Nación, a través del Instituto Nacional de Vías, Invías.
Durante el diálogo, presidido por el gobernador Ramiro Barragán Adame, se analizaron aspectos técnicos, prediales, ambientales y sociales de las diferentes obras que fueron gestionadas durante la administración del exgobernador Carlos Amaya y cuentan con el decido respaldo del gobierno de Barragán Adame.
En desarrollo de las deliberaciones, se estableció que la ejecución del Contrato Plan Bicentenario tiene un avance del 87 por ciento, mediante la conjunción de esfuerzos de la Nación, el departamento, los municipios beneficiados, los contratistas, las interventorías, las supervisiones, directivos, el personal vinculado, los proveedores y las propias comunidades.
Estudio por zonas
Durante la jornada se dieron a conocer los avances y dificultades presentados en las obras que se adelantan en la Zona 1, que comprenden los tramos Tasco – Paz de Río, Socotá – Alto del Sagra y Mongua – Monguí – Gámeza, con una inversión total de 123.045 millones de pesos.
Igualmente, lo ejecutado y pendiente en la Zona 2, que corresponde a los corredores Tunja – Chivatá – Paipa – Corregimiento de Palermo, que se está terminando, así como Tenza – El Crucero y la Carrera 19 y Calle 25 de Paipa, que cuentan con recursos totales por 87.100 millones de pesos.
Así mismo, la Zona 3, en la que se rehabilitan las vías Puente Latas – El Espino y Túnel – Llano de Alarcón, que ya fue entregada, y la construcción del intercambiador Nobsa – Sogamoso. Todo con una inversión de 37.229 millones de pesos.
También se analizó la Zona 4, que incluye la adecuación de la vía Villa de Leyva – Santa Sofía – Moniquirá y la carretera Buenavista – Cantino, con recursos por el orden de 60.830 millones de pesos.
“El Contrato Plan Boyacá Bicentenario tiene en este momento un avance en la ejecución del 87%”, confirmó el secretario de Infraestructura, Elkin Rincón, a partir de los informes presentados.
Por su parte, el asesor del contrato Plan Boyacá Bicentenario, Segundo Guerrero, subrayó que los trabajos están avanzando positivamente, al punto que ya hay proyectos terminados como los puentes en Togüí, Almeida, Santa María y El Chapetón, en El Espino, lo mismo que puntos críticos en Tota, Cuítiva y Corrales, y Tunel – Llano de Alarcón, entre otras, que suman un total de 89 kilómetros intervenidos.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
