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REGIÓN

Boyacá avanza en afiliación de población migrante venezolana al Sistema de Salud

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El programa de Migración y Salud de la Organización Internacional de Migraciones, OIM y Migración Colombia socializaron la Resolución que adopta el formato del Permiso por Protección Temporal (PPT) como documento de identificación para los nacionales venezolanos en el país, con el fin de que los municipios y las instituciones prestadoras de servicios de salud garanticen el aseguramiento de población migrante debidamente regularizada en la respectiva jurisdicción.

Víctor Julio Carrillo Romero, coordinador de Migración Colombia en Boyacá, y quien socializó la normatividad migratoria, especialmente lo relacionado con los PPT, indicó que en la jornada se hizo especial énfasis para que la población venezolana pueda acceder a la oferta institucional, en especial a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

En el Departamento hay aproximadamente 31 mil migrantes venezolanos, de los cuales cerca de 6 mil se encuentran regularizados, estamos adelantando jornadas en diferentes municipios con mayor concentración de esta población, como Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Muzo, Paipa, Villa de Leyva, Moniquirá, Guateque, Garagoa, entre otros, para brindar orientación y facilitar la entrega de los documentos, y para el caso de Tunja, la oficina de Migración está ubicada en el barrio Maldonado, y allí se entregan los documento de lunes a viernes.

Por su parte, Clara Rocío Vera Vallejo, directora de Aseguramiento en Salud, aseguró que más de 200 personas atendieron la convocatoria y se documentaron sobre el procedimiento para la consecución de los Permisos de Protección Temporal, PPT, entrega de los mismos y la afiliación de esta población.

Informó que una vez la población migrante adquiera este documento como identificación única, podrá acceder al Sistema de Seguridad Social en Salud.

Recordó que se dará prioridad en la afiliación a la población materna y a la niñez, ya que se han registrado casos de madres venezolanas que ingresan a la atención en salud sin ningún diagnóstico previo al momento del parto, motivo que pone en riesgo su salud y la del bebé.

Con el propósito de agilizar los respectivos trámites con este grupo poblacional, se estarán realizando diferentes jornadas para brindar orientación a los municipios e IPS y tener claridad frente a nuevas dudas. 

Fuente: Gobernación de Boyacá

 

REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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REGIÓN

Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.

La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.

Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

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