CASANARE
Unidad Nacional de Víctimas avanza en Reparación Colectiva en Recetor
En el polideportivo del municipio de Recetor, se realizó la entrega de herramientas que beneficiarán a las 18 Juntas de Acción Comunal de la zona urbana y rural del municipio, y a las 1.099 víctimas del conflicto armado que, según el Registro Único de Víctimas, hacen parte de esta población.
Entre los elementos entregados a las JAC se relacionan carretillas, machetes, palas redondas, picas, bombas fumigadoras, guadañadoras, ventiladores, sillas, mesas, armarios y escritorios. Esta dotación se hizo con una inversión de alrededor de $158 millones.
“La entrega de estos elementos es fundamental para que las Juntas de Acción Comunal vuelvan a realizar esa labor tan importante y tan dispendiosa que desarrollan de empoderamiento y liderazgo entre las comunidades; para la Unidad es de gran satisfacción poder cumplirle a la comunidad”, dijo Carlos Arturo Pardo Alezones, director territorial de la Unidad en Meta y Llanos Orientales.
Por su parte César Humberto Alfonso, presidente de la Asociación de Juntas del municipio, agradeció a la Unidad para las Víctimas. “Estamos recibiendo esto para el fortalecimiento de nuestra comunidad pues no contábamos con las herramientas necesarias para nuestro trabajo. Con esto nos fortalecemos como comunales para seguir progresando, agradecemos de todo corazón a la Unidad por tenernos en cuenta pues estas herramientas son fundamentales”.
Durante el acto de entrega se realizó una exposición fotográfica en memoria de las víctimas fallecidas y desaparecidas durante el conflicto armado sufrido en el municipio.
Cabe resaltar que con el Plan Integral de Reparación Colectiva, construido y avalado por la comunidad de Recetor, se están implementando medidas que fortalecen proyectos juveniles y a las Juntas de Acción Comunal. Con la dotación se da cumplimiento a la tercera medida de reparación implementada en el municipio.
En Casanare dos municipios son sujetos de Reparación Colectiva por parte de la Unidad Nacional de Víctimas por la intensidad con que se vivió el conflicto armado es esas dos localidades, como son Chámeza y Recetor.
Lea también: Chámeza y Recetor siguen recordando a sus víctimas de desaparición forzada
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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