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Se consolida doble calzada en la vía Bogotá – Villavicencio, se entregaron 8,3 nuevos kilómetros
El Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dio paso hoy a los vehículos y camiones que por primera vez transitaron por la nueva doble calzada, de 8,3 kilómetros, que conecta el tramo Cáqueza -Chirajara, que hace parte de la concesión Bogotá-Villavicencio.
“A partir de hoy los Llanos Orientales están 20 minutos más cerca de Bogotá”, manifestó el Vicepresidente Vargas Lleras al destacar que en la construcción de los 8,3 kilómetros de doble calzada que se pusieron hoy al servicio de la comunidad se invirtieron $582.271 millones.
Vargas Lleras explicó que dentro de las obras inauguradas se encuentra el túnel Renacer, de 4,3 kilómetros de longitud, que cuenta con salidas de emergencia cada 50 metros para la evacuación de personas en caso de presentarse algún suceso. También tiene ventilación longitudinal, generación eléctrica de emergencia, iluminación, señalización y sistema de extinción de incendios, características que hacen que esta obra de infraestructura sea una de las más modernas e importantes de Latinoamérica.
Adicionalmente, también entraron en operación los túneles de Sáname, Hoya Baja, Guacapate, otros 9 puentes vehiculares y uno peatonal, cuya longitud total llega a los 814 metros.
Vargas Lleras también resaltó que la doble calzada Bogotá – Villavicencio se está ejecutando con una inversión de $2,4 billones. “La entrega de las obras de hoy muestran el compromiso del concesionario de cumplir con lo establecido en el contrato. A la fecha el avance de obra alcanza el 85% en los tramos 2 y 3. Para la doble calzada entre Bogotá – El Tablón (primer tramo) el Gobierno trabaja para lograr los recursos que permitan acelerar su construcción’.
Durante el acto de inauguración, el Vicepresidente Vargas Lleras también presidió la firma del acta de inicio del contrato de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) para la construcción de la doble calzada entre Chirajara y Villavicencio.
“Con esta firma damos paso a la construcción de 24,6 kilómetros de doble calzada entre Chirajara y la entrada a Villavicencio, y la operación y mantenimiento de toda la vía Bogotá-Villavicencio, que tiene una longitud de 85,6 kilómetros”, aseguró Vargas Lleras.
Fuente: Prensa Vicepresidencia de la República
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
