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Autoridades destruyen laboratorio para procesar cocaína en zona rural de Acacías

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Autoridades hallaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural de la vereda Pañuelo Alto del municipio de Acacías.

El trabajo investigativo por el personal uniformado de la seccional de inteligencia antinarcóticos, permitió la ubicación en una compleja zona selvática de este municipio, de un predio diseñado para la producción de drogas ilícitas. Motivo por el cual, la Fiscalía Seccional No. 23 de la Unidad de Reacción Inmediata ordenó la judicialización e inhabilitación de este lugar.

En el laboratorio

Comandos jungla y efectivos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, hallaron 291 kilogramos de cocaína, 53 kilogramos de base de coca, 100 kilogramos de cloruro de sodio, 160 galones de acetona, 160 galones de gasolina, 50 kilogramos de carbón activado, 50 kilogramos de metabisulfito y 70 kilogramos de soda caustica.

Además, durante el procedimiento fueron hallados 5 hornos microondas, una planta eléctrica, 6 cilindros de gas, 3 grameras, una prensa hidráulica, una estufa, un ventilador, una caldera para destilación, entre otros elementos; los cuales eran utilizados para el procesamiento de la sustancia alucinógena.

Desarticulación

En el lugar fueron incautados más de $1.800.000.000 en estupefacientes, productos químicos y elementos para la fabricación de los alcaloides.

Según información obtenida por uniformados de inteligencia policial, este laboratorio drogas ilícitas producía más de una tonelada de cocaína mensual, la cual era comercializada en el departamento del Meta y exportada a países de Centroamérica, superando los $5.000.000.000 en ganancias.

Las autoridades adelantan continúan con el trabajo de investigación para identificar a los propietarios de este predio y determinar el grupo delincuencial al que hacía parte este laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual contaba con el apoyo de grupos armados organizados.

Fuente: Ejército Nacional – Policía Nacional

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Procuraduría: detenidos en cantón militar de Apiay deben pasar a centros de reclusión

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En oficio enviado al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Procuraduría General de la Nación solicitó el traslado inmediato a centros carcelarios de las Personas Privadas de la Libertad con medida de aseguramiento, que están bajo la custodia del Batallón de Ingenieros No. 7 “General Carlos Albán Estupiñán”, con sede en el Cantón Militar de Apiay (Meta), Cuarta División del Ejército Nacional.

El requerimiento del ente de control busca que se hagan efectivas las órdenes judiciales impuestas contra 25 detenidos, cuya seguridad fue asignada transitoriamente al mencionado batallón desde el 2020 en razón de la emergencia sanitaria decretada, a pesar de que su custodia y vigilancia le correspondía a los centros de reclusión del INPEC legalmente constituidos.

En el escrito al director del INPEC, el Procurador Regional del Meta, Luis Enrique Moncada Reyes, reiteró la advertencia hecha por el comandante del Batallón de Ingenieros No. 7, quien puntualizó que las instalaciones del Cantón Militar de Apiay se encuentran a un 100% de su capacidad.

Esta actuación preventiva de Ministerio Público hace parte de una labor interinstitucional articulada que no pretende coadministrar, sino velar por el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la soberanía, y por la integridad territorial y el orden constitucional.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Juez del Meta condena a pareja de indígenas que abusó sexualmente de sus hijos

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El Tribunal Superior de Villavicencio confirmó las condenas a 18 y 10 años de prisión impuestas a una pareja de indígenas que abusó de sus dos hijos que para la época de los hechos tenían; el niño 9 años de edad y niña 12.

Las investigaciones determinaron que las agresiones sexuales contra los dos niños iniciaron en 2012; y se habrían presentado en repetidas oportunidades.

El material de prueba recaudado evidenció que los abusos se presentaron al interior de una comunidad del Gran Resguardo Indígena del Vaupés. Al parecer, los hechos de violencia sexual se generaban cuando los padres de las víctimas consumían licor.

La evidencia recaudada determinó que los menores; además de ser agredidos por los adultos, eran obligados a presenciar escenas íntimas entre sus padres y varios vejámenes.

El abundante material de prueba presentado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas Abuso Sexual (CAIVAS) en Meta permitió que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio, en primera instancia, impusiera la referida pena.

Dicha condena fue confirmada en segunda instancia por la Sala de Descongestión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

La pareja fue imputada por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo con el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Las dos personas judicializadas fueron enviadas a prisión en marzo de 2013. Aunque la defensa de los procesados apeló la decisión alegando la incompetencia de la justicia ordinaria, el Tribunal confirmó el fallo contra los procesados y negó el traslado del condenado a un centro carcelario indígena.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Por crimen de reincorporado y un civil capturan al “Indio Yagarí” en el Meta

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El Juez Promiscuo Municipal de La Macarena envió a prisión a Luis Albeiro Yagarí Rucaira, alias el Indio Yagarí, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, grupo Jorge Briceño en zona rural de La Uribe.

El Indio Yagarí no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó por homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado.

Las pruebas indican que el capturado participó en el homicidio del reincorporado Albeiro Gallego Mesa y del civil José Wilson López Galvis, ocurrido el 21 de marzo de 2020 en la vereda Villanueva Alta del municipio de La Macarena.

Al término de las audiencias concentradas, el juez dispuso la detención domiciliaria para el investigado en un lugar diferente al resguardo indígena Embera Chamí La Julia, ya que es miembro de la directiva del cabildo y secretario administrativo del Comité Ejecutivo Municipal del MAIS en La Uribe.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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