META
Autoridades destruyen laboratorio para procesar cocaína en zona rural de Acacías
Autoridades hallaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural de la vereda Pañuelo Alto del municipio de Acacías.
El trabajo investigativo por el personal uniformado de la seccional de inteligencia antinarcóticos, permitió la ubicación en una compleja zona selvática de este municipio, de un predio diseñado para la producción de drogas ilícitas. Motivo por el cual, la Fiscalía Seccional No. 23 de la Unidad de Reacción Inmediata ordenó la judicialización e inhabilitación de este lugar.
En el laboratorio
Comandos jungla y efectivos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, hallaron 291 kilogramos de cocaína, 53 kilogramos de base de coca, 100 kilogramos de cloruro de sodio, 160 galones de acetona, 160 galones de gasolina, 50 kilogramos de carbón activado, 50 kilogramos de metabisulfito y 70 kilogramos de soda caustica.
Además, durante el procedimiento fueron hallados 5 hornos microondas, una planta eléctrica, 6 cilindros de gas, 3 grameras, una prensa hidráulica, una estufa, un ventilador, una caldera para destilación, entre otros elementos; los cuales eran utilizados para el procesamiento de la sustancia alucinógena.
Desarticulación
En el lugar fueron incautados más de $1.800.000.000 en estupefacientes, productos químicos y elementos para la fabricación de los alcaloides.
Según información obtenida por uniformados de inteligencia policial, este laboratorio drogas ilícitas producía más de una tonelada de cocaína mensual, la cual era comercializada en el departamento del Meta y exportada a países de Centroamérica, superando los $5.000.000.000 en ganancias.
Las autoridades adelantan continúan con el trabajo de investigación para identificar a los propietarios de este predio y determinar el grupo delincuencial al que hacía parte este laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual contaba con el apoyo de grupos armados organizados.
Fuente: Ejército Nacional – Policía Nacional
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
