META
Autoridades del Meta analizan situación de indígenas Sikuani que reclaman tierras
Un llamado urgente a la Agencia Nacional de Tierras – ANT y a la gobernación del Vichada para trabajar articuladamente por las necesidades del Pueblo Indígena Sikuani de la comunidad de Barrulia del municipio de Puerto Gaitán, realizó la Gobernación del Meta y el Ministerio Público, durante el Consejo Extraordinario Departamental de Derechos Humanos, Derechos Internacional Humanitario y Paz.
Esta petición se dio, luego de realizarse un seguimiento a los hechos ocurridos debido al proceso policivo en cumplimiento a un fallo judicial a esta comunidad que estaba asentada en un bien privado, pero que, desde el 2021 reclaman la titulación de sus tierras que, según ellos, les dejaron sus ancestros.
En ese sentido, el defensor Regional del Pueblo, Diego Meyer Artunduaga, dijo que son 100 personas, no 500, ni 400, las que fueron desalojadas y hoy se encuentran en condición de vulnerabilidad, de la cuales más del 90% pertenecen al departamento del Vichada, por lo cual hizo un llamado a la Alcaldía municipal para que, de acuerdo a sus competencias, realice la atención prioritaria a esta población indígena.
Por su parte, el Gobierno departamental del Meta se comprometió en adelantar el próximo 23 de julio, con la gobernación del Vichada, el Ministerio Público, ICBF y Ministerio del Interior, una reunión con el fin de trabajar articuladamente en acciones que contribuyan a la prevalencia de los derechos de la comunidad de Barrullia y evaluar en el marco de la ley, el retorno de esta población a su lugar de origen.
Finalmente, el procurador regional Javier Sandoval, pidió convocar al Comité Departamental de Justicia Transicional a la Agencia Nacional de Tierras en razón a que aclaren y determinen unos plazos perentorios a fin de lograr evacuar todas las solicitudes y demandas que hacen los indígenas con el presunto llamado de tierras ancestrales.
Fuente: Gobernación del Meta
El Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares neutralizó el actuar de criminales en zona rural de Mapiripán, quienes planeaban atentar contra las comunidades y los soldados.
La Séptima Brigada confirmó la más reciente neutralización de una acción terrorista en la base militar El Tigre, ubicada en el corregimiento Puerto Alvira (Mapiritpán), donde presuntos integrantes de la subestructura 39 y 44 del Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc, instalaron cuatro sistemas de lanzamiento artesanal de artefactos explosivos improvisados.
De acuerdo al Ejército, estos fueron identificados gracias al trabajo de inteligencia militar y la rápida respuesta logró frustrar la intensión del grupo armado.
En meses anteriores, las bases militares El Tigre y Jineta, ambas de Mapiripán, también fueron atacas con ráfagas de fusil, en ese momento tropas del Batallón de Infantería N.° 21 respondieron el ataque, sin embargo, fue gracias a su entrenamiento que lograron repeler la intensión de este grupo armado sin afectar a la comunidad que habita en el sector.
Fuente: Ejército Nacional – Séptima Brigada
Comandos de la Policía Nacional en estzona rural de Mapiripán lograron abatir a Robinsón Oquendo alias ‘Camilo’, cabecilla principal del Clan del Golfo en los Llanos Orientales.
De acuerdo a información de la Policía, este sujeto es señalado como responsable de extorsiones, desplazamientos forzados, narcotráfico y homicidios.
Su neutralización es un duro golpe al crimen organizado ya que alias ‘Camilo’ contaba con más de 20 años en la criminalidad y era pieza clave en la expansión del Clan del Golfo en el nororiente del país.
Las autoridades recalcaron que este resultado afecta directamente la línea de mando y debilita sus operaciones en la región; además, es un paso más para avanzar en la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus crímenes, incluyendo el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y las extorsiones que realizaba a ganaderos, comerciantes y empresarios de Meta, Casanare y Vichada.
Fuente: Policía Meta
En la vereda El Brillante del municipio de Lejanías, en el Meta, la vida de una pareja de octogenarios piscicultores ha dado un giro hacia la esperanza. Tras sufrir la violencia y el abandono de su predio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la restitución de su predio, un lugar que simboliza no solo un hogar, sino el esfuerzo y trabajo de toda una vida.
La historia se remonta a 2001, cuando esta pareja de esposos adquirió una finca de dos hectáreas y 436 metros cuadrados. Con dedicación y amor por la tierra, transformaron el terreno en un paraíso productivo: plátano, maíz, cacao y frutales florecieron bajo sus manos laboriosas. Además construyeron su vivienda y desarrollaron un laboratorio y planta reproductora de alevinos, convirtiendo su sueño en un pilar económico familiar.
Sin embargo, la tranquilidad se vio truncada por la amenaza de los grupos al margen de la ley, pues una llamada fatídica cambió sus vidas para siempre. El jefe del hogar, un hombre de 80 años, recibió instrucciones de alias ‘Mauricio’, quien se identificó como jefe de finanzas de las Farc. La exigencia era clara: asistir a una reunión en La Julia, inspección de Uribe o enfrentar graves consecuencias. Al negarse a cumplir con la amenaza por su avanzada edad, le exigieron 20 millones de pesos y lo declararon objetivo militar.
El 20 de julio de 2015, con el corazón roto pero decididos a salvar sus vidas, abandonaron su hogar. Desplazados a Villavicencio, buscaron refugio y protección ante las autoridades y el Gaula. También acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para hacer valer sus derechos.
Siete meses después, con valentía renovada, regresaron a su finca para encontrarla enmalezada y con el proyecto productivo devastado. Sin embargo, no se rindieron; solicitaron ayuda al Estado para recuperar su hogar y negocio.
Hoy, tras años de lucha incesante y con el respaldo de la URT, entidad que llevó su caso ante la justicia, la pareja fue declarada víctima del abandono forzado. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio falló a su favor, y ordenó no solo la restitución del predio, sino también que el Estado garantice el mejoramiento de su vivienda y la implementación de un proyecto productivo para asegurar su sustento.
Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encargará de garantizar su seguridad y otras entidades del Gobierno nacional brindarán su oferta institucional. Este fallo es más que una victoria legal; es un símbolo poderoso de resiliencia y esperanza para quienes que han vivido el desplazamiento por causa del conflicto armado.
La historia de estos adultos piscicultores recuerda que nunca es tarde para recuperar la tierra y seguir trabajando en el campo. Su lucha es un faro que ilumina el camino hacia la reparación integral y la dignidad de las victimas del abandono forzado y el despojo.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
