REGIÓN
Autoridades de Boyacá velarán por seguridad y transparencia de las elecciones
Todo está listo para que los boyacenses ejerzan su derecho al voto y asistan a las urnas el próximo domingo para la elección del Presidente de la República.
Las autoridades departamentales se reunieron en el Comité Departamental Electoral para ultimar detalles y garantizar que todo se cumpla con seguridad y transparencia.
La secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Elided Ofelia Niño Paipa, como delegada del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, dirigió la reunión donde los asistentes informaron los pormenores de la jornada electoral.
En el caso de la Registraduría, los delegados informaron que el censo electoral total está en 998.387 personas aptas para votar, de las cuales 504.849 son mujeres y 493.538 son hombres.
Boyacá cuenta con 395 puestos de votación: 203 rurales, 183 urbanos y nueve en centros penitenciarios. Así mismo, un total de 2.716 mesas de votación (311 son rurales y 2.405 urbanas).
Habrá 18.234 jurados de votación: 16.248 estarán en mesas y 1.986 serán remanentes en caso de que se necesiten. Informó, además, que se tendrán 20 puestos de biometría en Tunja.
Por su parte, el Departamento de Policía de Boyacá dio a conocer que en los 106 municipios de su jurisdicción estarán 1.260 uniformados, más el personal del Esmad y de Tránsito y Transporte, quienes harán acompañamiento a la entrega de los kits electorales. En total serán 1.663 policiales en servicio.
El Ejército Nacional, entre tanto, hará cubrimiento en 174 puestos de votación que tienen 250 mesas y un potencial electoral de 60.000 personas, para lo cual tienen dispuestos 3.408 hombres en los 116 municipios de la jurisdicción de la Primera Brigada en Boyacá y tres de Cundinamarca.
En este momento ya están en un 90% del dispositivo desplegado y están enviando las unidades a los puestos de Báchira, Bocotá y Tunebia Arriba, con el acompañamiento de la Guardia Indígena U’wa.
La Policía Metropolitana de Tunja estará en los 15 municipios de su jurisdicción con 652 policías. En Tunja, estarán en los 24 puestos de votación. En 20 puestos se contará con biometría.
Ya se está coordinando el acompañamiento de los kits electorales y demás material requerido para las justas electorales.
Finalmente, se tendrán mesas de justicia en las cabeceras municipales.
Este sábado se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tunja, presidido por el mandatario de los boyacenses y con la presencia de las principales autoridades del departamento con el fin de estar pendientes de que esta fiesta electoral se lleve a cabo con total transparencia y seguridad.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
