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REGIÓN

Autoridades de Boyacá velarán por seguridad y transparencia de las elecciones

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Todo está listo para que los boyacenses ejerzan su derecho al voto y asistan a las urnas el próximo domingo para la elección del Presidente de la República.

Las autoridades departamentales se reunieron en el Comité Departamental Electoral para ultimar detalles y garantizar que todo se cumpla con seguridad y transparencia.

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal, Elided Ofelia Niño Paipa, como delegada del gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, dirigió la reunión donde los asistentes informaron los pormenores de la jornada electoral.

En el caso de la Registraduría, los delegados informaron que el censo electoral total está en 998.387 personas aptas para votar, de las cuales 504.849 son mujeres y 493.538 son hombres.

Boyacá cuenta con 395 puestos de votación: 203 rurales, 183 urbanos y nueve en centros penitenciarios. Así mismo, un total de 2.716 mesas de votación (311 son rurales y 2.405 urbanas).

Habrá 18.234 jurados de votación: 16.248 estarán en mesas y 1.986 serán remanentes en caso de que se necesiten. Informó, además, que se tendrán 20 puestos de biometría en Tunja.

Por su parte, el Departamento de Policía de Boyacá dio a conocer que en los 106 municipios de su jurisdicción estarán 1.260 uniformados, más el personal del Esmad y de Tránsito y Transporte, quienes harán acompañamiento a la entrega de los kits electorales. En total serán 1.663 policiales en servicio.

El Ejército Nacional, entre tanto, hará cubrimiento en 174 puestos de votación que tienen 250 mesas y un potencial electoral de 60.000 personas, para lo cual tienen dispuestos 3.408 hombres en los 116 municipios de la jurisdicción de la Primera Brigada en Boyacá y tres de Cundinamarca.

En este momento ya están en un 90% del dispositivo desplegado y están enviando las unidades a los puestos de Báchira, Bocotá y Tunebia Arriba, con el acompañamiento de la Guardia Indígena U’wa.

La Policía Metropolitana de Tunja estará en los 15 municipios de su jurisdicción con 652 policías. En Tunja, estarán en los 24 puestos de votación. En 20 puestos se contará con biometría.

Ya se está coordinando el acompañamiento de los kits electorales y demás material requerido para las justas electorales.

Finalmente, se tendrán mesas de justicia en las cabeceras municipales.

Este sábado se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tunja, presidido por el mandatario de los boyacenses y con la presencia de las principales autoridades del departamento con el fin de estar pendientes de que esta fiesta electoral se lleve a cabo con total transparencia y seguridad.

Fuente: Gobernación de Boyacá

REGIÓN

Alarma en Sogamoso, disidencias de las Farc están citando a contratistas del municipio

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Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.

En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.

“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.

Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.

El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.

En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.

Tomado de: Boyacá 7 días

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REGIÓN

Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).

Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.

Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.

A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.

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REGIÓN

Confirman condena a 27 años de cárcel para hombre que asesinó a niña de 11 años en Sogamoso

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Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa  Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.

La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.

Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.

En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.

Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.

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