ARAUCA
Autoridades de Arauca analizaron alertas tempranas para proteger a la población civil
Promover la mesa de diálogos regionales fue una de las conclusiones principales de la sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) realizada en el municipio de Arauca, evento que contó con la presencia del Viceministro del Interior, Diego Cancino, y su equipo de trabajo del orden nacional, así como del gobernador de Arauca, Renson Martínez.
Este encuentro surgió de la proposición que se dio en el seno de la Asamblea Departamental en el mes de abril, liderada por el diputado Dumar Sebastián Sánchez, para dar seguimiento a las alertas tempranas número 011, 019 y 030 de 2023 basadas en el impacto en la población civil, que impide la movilidad en el área rural, falta de garantías para líderes, impacto frente a las comunidades y a la economía.
El gobernador Renson Martínez expresó su gratitud por la atención prioritaria al Departamento en esta coyuntura nacional. Subrayó que las alertas a nivel nacional reflejan la situación en Arauca: confinamientos, secuestros y homicidios que afectan la seguridad y tranquilidad de los araucanos y sus líderes, condiciones que ponen en riesgo la integridad de políticos, periodistas, alcaldes y el mismo Gobernador, en un contexto de confrontación entre FARC y ELN.
Sostuvo también que la implementación de alertas tempranas busca defender la vida y garantizar la seguridad e integridad de líderes y población civil a través de la acción institucional.
Este encuentro tuvo como objetivo principal articular esfuerzos para enfrentar los riesgos de amenazas contra la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal, brindando condiciones de seguridad y responsabilidad frente a la población, garantizando la protección de líderes, servidores públicos y periodistas.
El gobierno nacional y departamental, junto con el colectivo social, trabajan unidos para superar las adversidades. El reto es acompañar a la sociedad, comunidades indígenas, niños, niñas y campesinos, buscando acciones conjuntas que promuevan el cuidado de la vida, en el que se pueda elaborar una ruta transformadora para proteger y mejorar nuestro territorio.
Una de las solicitudes presentadas durante la sesión, fue la del Diputado Dumar Sebastián Sánchez quien señaló que las víctimas se están convirtiendo en estadísticas, “debemos entender o resolver con herramientas que brinden una solución. Necesitamos una solución atípica”, como lo fue la propuesta de la mesa regional de diálogos.
Entre tanto el gremio de periodistas pidió garantías para ejercer su trabajo e informar sin censura. Además de estudiar casos de la seguridad de los periodistas, solicitando un enfoque diferencial en los estudios de riesgo.
En lo que respecta a los líderes sociales y comunales, solicitaron un mayor acompañamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Conclusiones
Entre las principales conclusiones que dejó este encuentro están:
1. Promover diálogos regionales: En las áreas donde se intensifica el conflicto armado, es esencial fomentar diálogos regionales. Estos diálogos demuestran que la paz se construye mediante el entendimiento y no profundizando la guerra.
2. Construcción de maquetas de paz: La paz debe construirse junto a la comunidad, escuchando las voces del territorio y sus aspiraciones. Este enfoque garantiza que la paz sea un reflejo de los anhelos locales y se edifique a través del diálogo.
3. Implementación de esquemas de protección: Es crucial desarrollar esquemas de protección diseñados de forma democrática y participativa, para brindar seguridad a las personas amenazadas y fortalecer la confianza en las comunidades afectadas.
4. Reconocimiento de voces locales en la mesa de diálogo: Es fundamental buscar que las voces de la ciudadanía y las autoridades territoriales de Arauca sean escuchadas y reconocidas en la mesa de diálogo entre el ELN y el Gobierno Nacional.
Fuente: Gobernación de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
