ARAUCA
Autoridades analizaron situación por derrame de hidrocarburo en río Arauca
Como consecuencia de atentado terrorista contra el Oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Saravena, que generó derrame de hidrocarburo sobre el área de la implosión, sobre cobertura vegetal y sobre varias fuentes hídricas, se reunió de manera extraordinaria el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.
En esta sesión se evaluó la evolución de la situación de emergencia y las acciones de respuesta y contención que desarrolla articuladamente la empresa CENIT encargada de la implementación del Plan de Contingencia y su articulación con los municipios.
Aún se presentan pequeñas trazas de crudo sobre las márgenes del río Arauca, río Madre Vieja por lo que es necesario abstenerse de realizar uso y abastecimiento de agua de estas fuentes hídricas para fines de consumo, así como también llevar a cabo faenas de pesca, hasta tanto no se restablezca las condiciones naturales del río.
La empresa CENIT viene desarrollando la implementación del plan de emergencia a través de puntos de control para extracción y la limpieza y desinfección de las zonas contaminadas, así mismo brindará apoyo a las comunidades de la zona rural del municipio de Saravena con el suministro de agua potable y de consumo, explicó.
El municipio de Arauquita surte el acueducto municipal a través de pozo profundo, haciendo uso del Plan de Contingencias para suministro de agua potable a los usuarios, en el que también se elevó petición por parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, para suministro de insumos químicos con el fin de garantizar de manera adecuada y continua el tratamiento de ésta.
El Consejo recomendó a las empresas de Servicios Públicos de Arauquita y Arauca mantener continuo monitoreo para evitar contaminación de las bocatomas, así como también informar a los acueductos comunitarios una vez se normalice la situación de emergencia, para que se continúen con las captaciones de los centros poblados.
Fuente: Gobernación de Arauca
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
