CASANARE
Aumentan casos Covid en Tunja, Duitama y Sogamoso
La Secretaría de Salud departamental de Boyacá confirmó 550 nuevos casos de COVID-19 en Boyacá, los cuales se registran de la siguiente manera:
Doscientos catorce son en Tunja, ochenta y dos en Duitama, sesenta y nueve en Sogamoso, veintisiete en Soatá, veinticinco en Villa de Leyva, veintitrés en Chiquinquirá, once en Puerto Boyacá, once en Nobsa, diez en Garagoa, nueve en Arcabuco, ocho en Moniquirá, siete en Paipa, cinco en Miraflores, cuatro en San Luis de Gaceno, tres en Ramiriquí, tres en Güicán, tres en Samacá, tres en Santana, tres en Santa Rosa de Viterbo, tres en Paz de Río, dos en Chitaraque, dos en Saboyá, dos en Muzo, dos en Ráquira, dos en Cómbita y con un caso Guayatá, Susacón, Floresta, Berbeo, Boavita, San Eduardo, Ciénega, Toca, Soracá, Turmequé, Boyacá, Pachavita, Macanal, Tuta, San Mateo, San Miguel de Sema y Maripí.
Del total de casos reportados hay 315 mujeres y 235 hombres, 186 son contactos estrechos, 12 son militares, 15 son trabajadores de la salud, uno está hospitalizado y los demás se encuentran en casa con medidas de aislamiento.
Aclaración:
De acuerdo con los resultados de las investigaciones epidemiológicas de campo se efectúan traslados de casos entre los municipios del departamento. Para el día de hoy el Instituto Nacional de Salud retira un caso de San Miguel de Sema y se asigna a Bogotá.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
