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Audiencia de Jurisdicción Especial para la Paz se realizó en Villavicencio

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La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevó a cabo sobre las acciones adelantadas por la gobernación del Meta para garantizar la vida y seguridad de los excombatientes y el derecho de las víctimas a la verdad.

Dentro de los logros más importantes se destacaron:

•15 cupos educativos para programas tecnológicos a través de la modalidad crédito condonable, otorgados por el Fondo de Educación Superior del Meta.

•La destinación del 1% en los proyectos de vivienda a firmantes de la paz.

•Los comités de seguridad virtuales que han permitido la articulación institucional para contrarrestar las alteraciones de orden público en los espacios territoriales en la zona sur del Meta.

•La formulación del Plan Departamental de Reincorporación, como una de las grandes apuestas y compromiso con la consolidación de la paz, que se encuentra en elaboración.

•La activación de cinco rutas de protección para población reincorporada en el año 2020, y 2 rutas en lo que va corrido del 2021.

•Promoción en la NO estigmatización a los excombatientes a través de los diferentes medios de comunicación de la gobernación del Meta, al igual que el acompañamiento por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Paz a la población reincorporada en la búsqueda del perdón y reconciliación con las víctimas del conflicto armado.

Como parte de las acciones a realizar en el segundo semestre del año están: el consejo de seguridad para tratar, de manera exclusiva, la situación de la población reincorporada; apoyo de cuatro acciones del Plan Departamental de Reincorporación con el fin de contribuir de manera comunitaria y económica; fortalecimiento a las formas asociativas a través de capacitaciones socio-organizacionales y empresariales, producción, transformación y comercialización, entre otras.

La Audiencia tuvo como fin evaluar la atención temprana brindada por los entes competentes a excombatientes en situación de riesgo, los mecanismos de control territorial y las garantías de seguridad a partir de la articulación de las políticas nacionales y departamentales.

Fuente: Gobernación del Meta

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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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