CASANARE
Equión promueve articulación para atención al embarazo adolescente en Yopal
Una mesa de trabajo para evaluar la problemática del embarazo adolescente y la pobreza en Casanare, propició Equión Energía con la Fundación Juanfe, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal.
La iniciativa fue liderada por la presidenta de la compañía, María Victoria Riaño, quien manifestó “quisimos compartir la experiencia y conocimiento de Catalina Escobar, creadora y presidenta de la Fundación Juanfe, quien tiene más de 17 años de experiencia en atención a la problemática del embarazo adolescente; pues es un tema de gran incidencia en el desarrollo de las comunidades y que podemos trabajar en alianza”.
Agregó que está buscando unir a la industria petrolera en una iniciativa común que también requiere el compromiso del sector público organizado. Propuesta que se enmarca en el propósito de Equión de crear conexiones humanas para transformar vidas, en este caso de las mujeres, madres adolescentes y sus familias.
Catalina Escobar presentó el modelo de atención implementado por su Fundación y la intención de atender en Cartagena una visita de funcionarios casanareños para que conozcan el alcance del proyecto y las posibilidades de que como autoridades locales puedan replicarlo en Yopal.
“Yopal está en niveles del 57% de embarazos en adolescentes y Casanare alrededor del 22 o 23%, eso es muy grave porque el embarazo adolescente es lo que más nos está perpetrando la pobreza. Cuando una niña queda embarazada antes de los 15 años, tenemos una alta probabilidad de que antes de los 20 años tenga tres hijos, eso es insostenible porque cuando la niña queda embarazada genera deserción escolar, y esos niños los tiene que asumir el sistema general con educación y salud. Venimos porque tenemos un modelo que ha funcionado en Cartagena desde hace 17 años, estamos también en Chile, Panamá, estamos arrancando operación en México y próximamente en Paraguay y Medellín. El embarazo en adolescentes es el origen de la inmensa mayoría de los problemas sociales”, explicó la experta.
Además, durante la conferencia “Liderazgo Transformador” en el corregimiento El Morro, reiteró que el desarrollo se logra cuando se invierte en educación, en la mujer y en los niños.
La jornada inició compartiendo la experiencia de familias caficultoras de Nunchía y su marca Café Baquiano, en la cual el trabajo de las mujeres ha resultado fundamental; e incluyó una visita a la Planta Floreña, al Punto de Encuentro Comunitario de Equión en El Morro y a la Escuela de Sembrando Joropo, donde los visitantes conocieron la operación de la compañía y las experiencias de integración comunitaria y formación cultural y en valores que desarrolla con las comunidades vecinas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
