META
Asegurado cabecilla del Clan del Golfo que quería tomar control de los llanos orientales
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Alexander Giraldo Alcaraz, alias David, presunto cabecilla principal de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, que delinque en el oriente del país.
Este hombre habría llegado a la región en agosto de 2021, luego de que el entonces jefe del grupo ilegal, alias Otoniel, le pidió tomar el control de todas las redes sicariales, los enlaces narcotraficantes y el tráfico de armas en Meta, Casanare y Vichada.
En ese sentido, al parecer, organizó un componente armado de 80 hombres, quienes serían los encargados de ejecutar homicidios, realizar extorsiones y garantizar la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína por la frontera con Venezuela y Brasil. El material de prueba da cuenta de que alias David sería el directo responsable de dos homicidios selectivos ocurridos en Puerto Gaitán. Uno, conocido el 20 el abril de 2020; y el otro, sucedido el 30 de mayo de 2021.
Adicionalmente, en el curso de la investigación se estableció que, luego de la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos, uno de los cabecillas del ‘Clan del Golfo’, alias Chiquito Malo, envió a dos contactos suyos para que se reunieran con Giraldo Alcaraz y le dieran nuevas directrices para manejar la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego. Esos encuentros, supuestamente, se cumplieron recientemente en fincas de Meta.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias David los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El procesado fue capturado en un inmueble de la vereda San Juan del Bosco, en Villavicencio. En el procedimiento, realizado de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional, fue incautada un arma traumática.
Alexander Giraldo Alcaraz, alias David, inició su vida ilegal hace 22 años en el entonces Bloque Centauros de las extintas AUC. Posteriormente, se habría vinculado a distintos grupos que no hicieron parte del proceso de Justicia y Paz y entraron a la clandestinidad.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
