META
Asegurado cabecilla del Clan del Golfo que quería tomar control de los llanos orientales
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Alexander Giraldo Alcaraz, alias David, presunto cabecilla principal de la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego del ‘Clan del Golfo’, que delinque en el oriente del país.
Este hombre habría llegado a la región en agosto de 2021, luego de que el entonces jefe del grupo ilegal, alias Otoniel, le pidió tomar el control de todas las redes sicariales, los enlaces narcotraficantes y el tráfico de armas en Meta, Casanare y Vichada.
En ese sentido, al parecer, organizó un componente armado de 80 hombres, quienes serían los encargados de ejecutar homicidios, realizar extorsiones y garantizar la salida de cargamentos de clorhidrato de cocaína por la frontera con Venezuela y Brasil. El material de prueba da cuenta de que alias David sería el directo responsable de dos homicidios selectivos ocurridos en Puerto Gaitán. Uno, conocido el 20 el abril de 2020; y el otro, sucedido el 30 de mayo de 2021.
Adicionalmente, en el curso de la investigación se estableció que, luego de la extradición de alias Otoniel a Estados Unidos, uno de los cabecillas del ‘Clan del Golfo’, alias Chiquito Malo, envió a dos contactos suyos para que se reunieran con Giraldo Alcaraz y le dieran nuevas directrices para manejar la subestructura Gonzalo Oquendo Urrego. Esos encuentros, supuestamente, se cumplieron recientemente en fincas de Meta.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias David los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
El procesado fue capturado en un inmueble de la vereda San Juan del Bosco, en Villavicencio. En el procedimiento, realizado de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía Nacional, fue incautada un arma traumática.
Alexander Giraldo Alcaraz, alias David, inició su vida ilegal hace 22 años en el entonces Bloque Centauros de las extintas AUC. Posteriormente, se habría vinculado a distintos grupos que no hicieron parte del proceso de Justicia y Paz y entraron a la clandestinidad.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
