CASANARE
Asegurada banda señalada de asaltar fincas en Cundinamarca, Meta y Casanare
Un juez de control de garantías de Villavicencio atendió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativas de la libertad a 13 presuntos integrantes de una organización delincuencial dedicada al hurto en varios departamentos del oriente colombiano, entre ellos Casanare.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía Seccional Meta, estas personas se hacían pasar como integrantes de un grupo de autodefensas, llegaban armados a fincas seleccionadas previamente, amordazaban a los residentes y robaban distintas pertenencias y objetos de valor.
Las evidencias recopiladas hasta el momento vinculan a esta organización a 37 asaltos, en los que fueron hurtados elementos avalados en $1.600’000.000. Por estos hechos, la Fiscalía imputó los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Dos de los 13 procesados aceptaron los cargos formulados.
El juez de control de garantías determinó que ocho de los capturados deberán ir a la cárcel, ellos son: Edna María Jiménez Barreiro, John Arlex García Orozco, Luis Gerardo Ramírez Mesa, Luis Alexander Tovar, Fabián Londoño Restrepo, Arley Rojas Romero, Nelson Culma (patrullero de la Policía Nacional), y Eduardo Prieto (sargento del Ejército Nacional). Los otros cinco investigados cumplirán la medida privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
Los señalados integrantes de esta organización delincuencial fueron detenidos gracias al trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y su policía judicial CTI, el Gaula Militar, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en diligencias cumplidas simultáneamente en Villavicencio y San Juan de Arama (Meta), Puente Quetame (Cundinamarca), Yopal (Casanare), y Tuluá (Valle del Cauca).
Fuente: Prensa Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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