CASANARE
Arroceros de Casanare presentaron observaciones a Minagricultura para el precio del arroz paddy verde
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Agricultura, y los líderes del gremio arrocero de Casanare, socializaron ante el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Departamentos, el documento con las observaciones para la resolución “por la cual se fija el precio base de pago del arroz paddy verde 2018”, elaborado durante mesas de trabajo previas con los actores del sector arrocero del departamento.
En este documento se solicitó la evaluación e inclusión de las siguientes observaciones:
1. Ajustar el factor de rendimiento de arroz pilado promedio nacional a un rango ente 0,56 a 0,62.
2. Que la Superintendencia de Industria y Comercio sea la entidad responsable de ejercer las funciones de vigilancia, aval y administración de los laboratorios para la medición de la calidad del arroz paddy verde, según el Decreto 2269 de 1993 y el Decreto 1471 de 2014.
3. Ajustar el valor de las 480.000 hectáreas, a un valor en kilogramos de arroz y se sugiere que el rendimiento de arroz se debe zonificar, es decir, que para los Llanos Orientales aplique un rendimiento de 5,5 t/ha.
4. Se solicita que la resolución se estandarice a Kilogramos de Arroz por Zona, en vez de emplear UPA’s (o cualquier otra unidad de área), debido a que el arroz se paga en dicha unidad de medida y ésta a la vez, es más equitativa para todas las zonas de país. En este sentido, el alcance para la aplicación del precio base del arroz paddy verde, deberá estar en función solamente del peso del arroz en kilogramos.
5. En lo referente a la metodología y criterios para determinar el precio base de pago del arroz paddy verde, se sugiere que:
· Se incluya la propuesta de la fórmula que entregó el departamento de Casanare a la mesa de precio y la mesa técnica y de calidades, que fija el precio al cual se deberán sujetar las compras de arroz paddy verde.
· Se tenga en cuenta la implementación de la tabla de doble descuento.
· La Superintendencia de Industria y Comercio audite el software de los molinos, para que se incluyan también la bonificación y no solamente los castigos.
6. Frente al ámbito de aplicación de la resolución, se solicitó que el productor de arroz acreditara mínimo 3 años de experiencia en la zona, dentro de los últimos 5 años y que los nuevos agricultores (relevo generacional) puedan ser habilitados bajo siembras que no superen el área media departamental de los últimos 3 años.
7. Ajustar el proceso de inscripción de productores y registro de comercialización, para ser objeto de la presente resolución, con el fin de garantizar los incentivos a los agricultores.
Estas sugerencias siguen en estudio por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Consejo Nacional del Arroz.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
