CASANARE
Arroceros de Casanare presentaron observaciones a Minagricultura para el precio del arroz paddy verde
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Agricultura, y los líderes del gremio arrocero de Casanare, socializaron ante el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Departamentos, el documento con las observaciones para la resolución “por la cual se fija el precio base de pago del arroz paddy verde 2018”, elaborado durante mesas de trabajo previas con los actores del sector arrocero del departamento.
En este documento se solicitó la evaluación e inclusión de las siguientes observaciones:
1. Ajustar el factor de rendimiento de arroz pilado promedio nacional a un rango ente 0,56 a 0,62.
2. Que la Superintendencia de Industria y Comercio sea la entidad responsable de ejercer las funciones de vigilancia, aval y administración de los laboratorios para la medición de la calidad del arroz paddy verde, según el Decreto 2269 de 1993 y el Decreto 1471 de 2014.
3. Ajustar el valor de las 480.000 hectáreas, a un valor en kilogramos de arroz y se sugiere que el rendimiento de arroz se debe zonificar, es decir, que para los Llanos Orientales aplique un rendimiento de 5,5 t/ha.
4. Se solicita que la resolución se estandarice a Kilogramos de Arroz por Zona, en vez de emplear UPA’s (o cualquier otra unidad de área), debido a que el arroz se paga en dicha unidad de medida y ésta a la vez, es más equitativa para todas las zonas de país. En este sentido, el alcance para la aplicación del precio base del arroz paddy verde, deberá estar en función solamente del peso del arroz en kilogramos.
5. En lo referente a la metodología y criterios para determinar el precio base de pago del arroz paddy verde, se sugiere que:
· Se incluya la propuesta de la fórmula que entregó el departamento de Casanare a la mesa de precio y la mesa técnica y de calidades, que fija el precio al cual se deberán sujetar las compras de arroz paddy verde.
· Se tenga en cuenta la implementación de la tabla de doble descuento.
· La Superintendencia de Industria y Comercio audite el software de los molinos, para que se incluyan también la bonificación y no solamente los castigos.
6. Frente al ámbito de aplicación de la resolución, se solicitó que el productor de arroz acreditara mínimo 3 años de experiencia en la zona, dentro de los últimos 5 años y que los nuevos agricultores (relevo generacional) puedan ser habilitados bajo siembras que no superen el área media departamental de los últimos 3 años.
7. Ajustar el proceso de inscripción de productores y registro de comercialización, para ser objeto de la presente resolución, con el fin de garantizar los incentivos a los agricultores.
Estas sugerencias siguen en estudio por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Consejo Nacional del Arroz.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
