CASANARE
Arrecia el invierno en Casanare, varios ríos se desbordaron el fin de semana
Según la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento, las mayores afectaciones en Casanare se derivan por inundaciones del río Meta, pues se presenta un reporte de damnificados por este río en municipios como Paz de Ariporo, San Luis de Palenque y Orocué.
De acuerdo con la información de Gestión del Riesgo, en el municipio de Orocué se tiene un registro de 146 familias damnificadas en las veredas Remolino, Caracaro, Nueva Reforma, La Palmita, La Culebra y los resguardos indígenas Saladillo, Macucuana y San Juanito.
Mientras que en el municipio de San Luis de Palenque, los organismos de socorro, Bomberos y Defensa Civil iniciaron el censo de damnificados por inundaciones en las veredas Bocas de Ulere, Guaracuras y Miramar de Guanapalo. En Paz de Ariporo se reportó la afectación de 15 familias ribereñas en el Corregimiento La Hermosa.
Como si fuera poco, durante este fin de semana también se generaron desbordamientos de los ríos Upía, Túa, Tacuya y Cusiana, los cuales generaron afectaciones en municipios como Villanueva, Monterrey y Maní.
En Monterrey el río Tacuya inundó dos viviendas de la vereda La Palmira, donde los Bomberos tuvieron que evacuar dos mujeres de 83 y 46 años de edad, respectivamente. También, en el municipio de Villanueva el río Upía se desbordó en veredas como Santa Helena de Upía y San Marcos, siendo necesario que los organismos de socorro acudieran a realizar evacuaciones.
Desde Sabanalarga se reportó la socavación al estribo izquierdo de Puente Caro, generedada por la quebrada La Piñalera, la cual pone en riesgo de colapso dicha estructura.
Finalmente, también se salió de su cauce el río Cusiana, generando inundaciones en el municipio de Maní, en sectores como Puente Canoero, El Muelle y varias veredas ribereñas de esta localidad.
Atienden los municipios
El coordinador de Gestión del Riesgo, Leonardo Barón, manifestó que los municipios han activado sus estrategias de respuestas a emergencias municipales, y que de igual manera desde el nivel departamental se permanece atentos en aras de apoyar a los municipios en caso de requerirse el apoyo de la Fuerza Aérea u organismos de socorro. Por ahora el trabajo se enfoca en el censo de afectados, para poder llegar con ayudas humanitarias a las familias que lo requieran, como ya la Gobernación lo ha venido realizando en municipios como Paz de Ariporo, Támara, Hato Corozal, Orocué, Nunchía y Maní donde se han entregado más de 1.000 auxilios.
Barón Pulido solicitó a los Alcaldes evaluar la situación en sus municipios, para que en tal caso se declare la calamidad pública y poder acceder a recursos del nivel nacional, pues el banco de ayudas del Departamento se ha visto agotado con el gran número de emergencias presentadas en cada uno de los municipios.
Se entregaron ayudas
150 kits de ayudas humanitarias fueron enviados hacia el municipio de Orocué, representados en mercados, elementos de cocina y de cama (hamacas, toldillos y cobijas). En este municipio ya son 146 las familias afectadas por la lluvia, en veredas como Remolino, Caracaro, Nueva Reforma, La Palmita, La Culebra y dos resguardos indígenas. Sin embargo, con las altas precipitaciones originadas durante este fin de semana, los damnificados podrían aumentar.
Igualmente, la Gobernación de Casanare envió ayudas humanitarias hacia el municipio de Maní, donde se busca atender con 250 kits de ayudas a 131 hogares afectados en veredas como Limonal, La Poyata, Belgrado, entre otros.
Las inundaciones han dejado pérdidas principalmente en cultivos de pancoger, algunos enseres y animales de patio.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
