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Arquidiócesis de Villavicencio se refirió a nueva denuncia sobre abusos sexuales
En un comunicado con fecha de 14 de Julio la Arquidiócesis de Villavicencio se refirió a los casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes de su orden y aseguran que siguen la línea del Papa Francisco de cero tolerancia con respecto a estas situaciones lamentables.
Es así como manifestaron que el pasado 24 de junio de 2020, un ciudadano colombiano mayor de edad, denunció ante el organismo de la Arquidiócesis, presuntos hechos que atentan contra la moral sexual y que habrían ocurrido hace más de una década, cuando él era menor de edad.
La situación hace referencia a cinco sacerdotes, de los cuales hay dos fallecidos, mientras que sobre los tres restantes pesa una medida cautelar de suspensión del ministerio sacerdotal, por otros hechos ajenos a este que son materia de investigación tanto canónica como por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Esta nueva denuncia se suma a la adelantada por la Fiscalía contra 18 párrocos, también de la iglesia Católica en el Meta por el mismo delito.
El escrito firmado por Monseñor Oscar Urbina Ortega, señala que una vez conocieron la denuncia iniciaron a nivel interno las investigaciones y actualmente están en espera de los resultados, siempre obrando con el debido proceso; mientras que a la víctima lo acompañaron a adelantar la denuncia y le ofrecieron apoyo psico- espiritual.
Fuente: Arquidiócesis de Villavicencio
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
