CASANARE
Arcenio Sandoval denunció ante órganos de control, presunta “campaña negra” en su contra en las elecciones atípicas en Yopal
El excandidato a la Alcaldía de Yopal Arcenio Sandoval Barrera, dio a conocer las denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral, por el ciudadano Alexis Lamus Sarmiento, por los presuntos delitos cometidos por un grupo de personas encabezadas por la ex agente interventora de la Empresa de Acueducto de Yopal, Luz Amanda Camacho y el actual alcalde de Yopal Leonardo Puentes Vargas, durante las pasadas elecciones atípicas en 2017.
Según el denunciante, este grupo de personas, entre los que se incluyen además el concejal Heyder Alexander Silva y directivos de la EAAAY, habrían incurrido en la comisión de delitos como constreñimiento al elector, corrupción al sufragante, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, omisión de información al aportante, concierto para delinquir y peculado por uso.
Señaló Lamus Sarmiento, que según la investigación adelantada por ellos mismos para instaurar las respectivas denuncias, al parecer, Luz Amanda Camacho, creó un grupo de whatsap desde su número celular, al que llamó inicialmente: “Apoyo Leo Alcaldía” y que después lo cambió a “Verde Trasparencia”, a través del cual se compartieron videos, audios, fotografías y mensajes escritos, con el ánimo de dar órdenes de convocar a reuniones e influenciar y direccionar una estrategia política “muy negra y engañosa, con el único fin hacer lo que fuere necesario para que René Leonardo Puentes, fuera Alcalde de Yopal”.
“El fin era estructurar una campaña de desinformación nefasta y determinante, para que la ciudadanía le tomara afecto a Leonardo Puentes, el candidato anticorrupción, y odiara a los demás candidatos, al relacionarlos que estaban aliados con personas corruptas. Ello afectó la honra, el buen nombre y el ejercicio de la sana política, especialmente a su directo rival político que lideraba las encuestas y era el favorito a ganar las elecciones, candidato del Partido Centro Democrático, hoy víctima”, dice un aparte de la comunicación dada a conocer con estos hechos.
Según el denunciante, se cumplió la orden dada por la ex agente Interventora a través del grupo de whatsap, de instalar en vehículos, recipientes de aseo, vallas y sitios estratégicos publicidad con el eslogan “Somos los verdes, los de Yopal”, el cual no hace parte de la imagen corporativa de la Empresa, además que no existe una resolución para adoptarlo, ni ésta impreso en la papelería de la Empresa, y que sólo se usó con fines políticos. Para este fin, se habría realizado un contrato publicitario utilizando recursos públicos para apoyar una campaña electoral.
De igual manera, según Lamus Sarmiento y las pruebas que adjuntaron a las denuncias obtenidas directamente del grupo de whatsap, la misión era, “hay que conseguir votos como sea y a cualquier precio”, por consiguiente, intimidaron a algunos funcionarios de la EAAAY, especialmente contra los de menor rango jerárquico como los escobitas, a quienes presionaban con votar por Leonardo Puentes, so pena de no renovárseles sus órdenes de servicio.
Según Sandoval Barrera, las denuncias no se presentaron anteriormente, aunque se había filtrado alguna información, porque se hizo dispendioso conseguir las pruebas que soportaran todas las presuntas irregularidades cometidas, hasta que uno de los integrantes del selecto grupo involucrado, solo eran 10 personas, decidió colaborar con la justicia y aportar los soportes consistentes en todas las conversaciones sostenidas a través del mencionado grupo de whatsap con videos, audios y otros elementos, que están en poder de la Fiscalía.
La pretensión ante el Consejo Nacional Electoral es que los hechos se investiguen y el Partido Verde, que avaló la candidatura del hoy alcalde de Yopal René Leonardo Puentes, sea sancionado y no se le permita la inscripción de candidatos para las próximas elecciones en la jurisdicción donde se presentaron los presuntos hechos delictivos.
Arcenio Sandoval Barrera había dado a entrever durante la reciente visita del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que presentaría estas pruebas y las denunciadas instauradas. “No se pueden volver a presentar estos hechos en Yopal, donde el candidato anticorrupción se une con un grupo de personas, para cometer hechos corruptos”.
A continuación, la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación sobre los hechos denunciados:
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
