CASANARE
Arcenio Sandoval denunció ante órganos de control, presunta “campaña negra” en su contra en las elecciones atípicas en Yopal
El excandidato a la Alcaldía de Yopal Arcenio Sandoval Barrera, dio a conocer las denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral, por el ciudadano Alexis Lamus Sarmiento, por los presuntos delitos cometidos por un grupo de personas encabezadas por la ex agente interventora de la Empresa de Acueducto de Yopal, Luz Amanda Camacho y el actual alcalde de Yopal Leonardo Puentes Vargas, durante las pasadas elecciones atípicas en 2017.
Según el denunciante, este grupo de personas, entre los que se incluyen además el concejal Heyder Alexander Silva y directivos de la EAAAY, habrían incurrido en la comisión de delitos como constreñimiento al elector, corrupción al sufragante, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, omisión de información al aportante, concierto para delinquir y peculado por uso.
Señaló Lamus Sarmiento, que según la investigación adelantada por ellos mismos para instaurar las respectivas denuncias, al parecer, Luz Amanda Camacho, creó un grupo de whatsap desde su número celular, al que llamó inicialmente: “Apoyo Leo Alcaldía” y que después lo cambió a “Verde Trasparencia”, a través del cual se compartieron videos, audios, fotografías y mensajes escritos, con el ánimo de dar órdenes de convocar a reuniones e influenciar y direccionar una estrategia política “muy negra y engañosa, con el único fin hacer lo que fuere necesario para que René Leonardo Puentes, fuera Alcalde de Yopal”.
“El fin era estructurar una campaña de desinformación nefasta y determinante, para que la ciudadanía le tomara afecto a Leonardo Puentes, el candidato anticorrupción, y odiara a los demás candidatos, al relacionarlos que estaban aliados con personas corruptas. Ello afectó la honra, el buen nombre y el ejercicio de la sana política, especialmente a su directo rival político que lideraba las encuestas y era el favorito a ganar las elecciones, candidato del Partido Centro Democrático, hoy víctima”, dice un aparte de la comunicación dada a conocer con estos hechos.
Según el denunciante, se cumplió la orden dada por la ex agente Interventora a través del grupo de whatsap, de instalar en vehículos, recipientes de aseo, vallas y sitios estratégicos publicidad con el eslogan “Somos los verdes, los de Yopal”, el cual no hace parte de la imagen corporativa de la Empresa, además que no existe una resolución para adoptarlo, ni ésta impreso en la papelería de la Empresa, y que sólo se usó con fines políticos. Para este fin, se habría realizado un contrato publicitario utilizando recursos públicos para apoyar una campaña electoral.
De igual manera, según Lamus Sarmiento y las pruebas que adjuntaron a las denuncias obtenidas directamente del grupo de whatsap, la misión era, “hay que conseguir votos como sea y a cualquier precio”, por consiguiente, intimidaron a algunos funcionarios de la EAAAY, especialmente contra los de menor rango jerárquico como los escobitas, a quienes presionaban con votar por Leonardo Puentes, so pena de no renovárseles sus órdenes de servicio.
Según Sandoval Barrera, las denuncias no se presentaron anteriormente, aunque se había filtrado alguna información, porque se hizo dispendioso conseguir las pruebas que soportaran todas las presuntas irregularidades cometidas, hasta que uno de los integrantes del selecto grupo involucrado, solo eran 10 personas, decidió colaborar con la justicia y aportar los soportes consistentes en todas las conversaciones sostenidas a través del mencionado grupo de whatsap con videos, audios y otros elementos, que están en poder de la Fiscalía.
La pretensión ante el Consejo Nacional Electoral es que los hechos se investiguen y el Partido Verde, que avaló la candidatura del hoy alcalde de Yopal René Leonardo Puentes, sea sancionado y no se le permita la inscripción de candidatos para las próximas elecciones en la jurisdicción donde se presentaron los presuntos hechos delictivos.
Arcenio Sandoval Barrera había dado a entrever durante la reciente visita del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que presentaría estas pruebas y las denunciadas instauradas. “No se pueden volver a presentar estos hechos en Yopal, donde el candidato anticorrupción se une con un grupo de personas, para cometer hechos corruptos”.
A continuación, la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación sobre los hechos denunciados:
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
