CASANARE
Arauca y Boyacá registraron varios homicidios de líderes sociales durante 2023
Un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), revela un panorama de riesgo, amenaza e inseguridad para quienes están dedicados a promover y proteger los derechos de las comunidades, puesto que durante el 2023 fueron asesinados 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional. Del total, 160 eran hombres y 21, mujeres.
“Es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Aunque el informe de la Defensoría deja en evidencia la descarnada realidad que padecieron el año pasado quienes se dedican a preservar los derechos de las comunidades, particularmente en las regiones donde arrecia el conflicto armado interno, hubo una disminución del 16% en comparación con el 2022, cuando fueron registrados 215 casos; dicho de otra manera, fueron asesinadas 34 personas menos en el 2023.
Los sectores más afectados
Preocupa a la institución de derechos humanos que los sectores sociales más afectados hayan sido el comunal (37 homicidios), indígena (37), comunitario (36), campesino (13), afrodescendiente (10), víctima (9), OSIGD-LGBTIQ+ (7) y el de activistas de DD. HH. (7).
Abril (con 19 crímenes), junio y julio (18 cada uno), diciembre y marzo (17 cada uno) fueron los meses con el mayor registro de asesinatos contra estas personas.
Tres departamentos concentraron el 41% de los casos
El ‘Informe anual de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos enero-diciembre 2023’ da cuenta de que los 181 crímenes sucedieron en 123 municipios (en 25 departamentos), como también, de que el 44% del total de los casos se concentró en 80 de ellos. Cauca (con 36 casos), Antioquia (21) y Nariño (17) fueron los departamentos donde hubo más homicidios, es decir, 74, lo que representa el 41% del dato global.
Les siguieron Valle del Cauca (15 homicidios), Córdoba (10), Putumayo (9), Norte de Santander (7), Arauca (7), Bolívar (7) y Bogotá (6).
En los últimos ocho años, cerca de 1300 líderes ultimados
Al hacer la sumatoria de los últimos ocho años, entre el 2016 y el 2023, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 1294 líderes asesinados en el país: durante el 2016, 133; en el 2017, 126; en 2018, 178; para el 2019, 134; al año siguiente, en 2020, 182; para el 2021, 145; durante el 2022, 215, y el año pasado, 181.
Fuente: Defensoría del Pueblo
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
