ARAUCA
Arauca se enfrenta a la deserción escolar, ante la falta de agua e internet
La pandemia del COVID-19 trajo consigo muchos retos que, tras el regreso seguro a clases, ocasionó que 1.492 alumnos en Arauca vieran limitada su asistencia a clases de forma presencial.
De acuerdo con la información recopilada, en Arauca se obtuvo información de 70 instituciones educativas, 69% de ellas de zona rural, relacionada con la asistencia escolar, salud mental, tasa de contagio por COVID-19, formación a docentes, e infraestructura. La participación de los docentes, directivos y estudiantes de estas instituciones generaron resultados útiles sobre el proceso de reapertura de los colegios, al igual que la identificación de buenas prácticas y estrategias para disminuir el riesgo de deserción.
Bajo la premisa de que los colegios son ‘entornos seguros y protectores para niñas, niños y adolescentes’ a través del proyecto Vamos Seguros al Colegio se propone seguir uniendo esfuerzos para trabajar de manera mancomunada entre la institucionalidad, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad educativa, entre otros actores locales y nacionales en pro de avanzar en el cierre de brechas educativas que se profundizaron con la pandemia. El año 2023 es una oportunidad para que estos hallazgos tengan cabida en el Plan Nacional de Desarrollo que cursa en Congreso, pero también en las siguientes administraciones locales.
La alianza entre Red PaPaz, Save the Children, Cinde, la Universidad de los Andes y Educapaz viene adelantando acciones con el proyecto Vamos Seguros al Colegio – Patrocinado por Open Society Foundations para promover la permanencia escolar de los alumnos a través del fortalecimiento de las familias, el sistema educativo, las comunidades y los gobiernos locales.
De los resultados obtenidos, se identificó que, respecto a los problemas de salud emocional de los estudiantes, el 48% presenta dificultades económicas para asistir a clases, mientras que un 47% no lo hace por desmotivación y un 26% por temor.
Frente al tema de infraestructura, solo el 56% de las sedes rurales cuentan con el servicio de agua potable, mientras que en las escuelas urbanas el 63% cuentan con la prestación de este servicio.
En cuanto a la conectividad, en las zonas urbanas el 42% de los colegios tiene internet. En escuelas rurales, el servicio de conexión a internet solamente llega al 22% de las sedes educativas.
En ese orden, el proyecto Vamos Seguros al Colegio identificó una serie de acciones que facilitan la adaptación de la comunidad estudiantil para este 2023:
- Garantizar una infraestructura que permita el aprendizaje y la interacción de los estudiantes.
- Comunicar el valor de la escolarización y aprendizaje.
- Asegurar la permanencia de los estudiantes en los colegios.
- Reforzar la capacidad de los colegios para promover el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, comenzando por el fortalecimiento de programas de formación docente en estos temas.
- Fortalecer el trabajo entre familia e instituciones educativas y el compromiso parental para avanzar en el urgente cierre de brechas.
Para el proyecto Vamos Seguros al Colegio es muy importante que se cuente con infraestructura digna para que niñas, niños y adolescentes puedan ir a estudiar, así como con los materiales de trabajo y el equipo docente con capacidad de atender a la población.
Fuente: Red PaPaz, Save the Children, Cinde, la Universidad de los Andes y Educapaz
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
