ARAUCA
Candidato araucano al Senado por el Centro Democrático denuncia amenaza de muerte
El candidato al Senado por el Centro Democrático, Miguel Matus, denunció un presunto plan para asesinarlo, según información que recibió de manera directa por parte de la Unidad Nacional de Protección. De acuerdo con Matus, el director de dicha entidad, Diego Mora, se comunicó en horas de la tarde con él para informarle sobre la existencia de una orden para atentar contra el periodista araucano, por lo que le solicitó movilizarse hacia un lugar seguro.
El aspirante del uribismo al Congreso se encontraba haciendo campaña en el municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca, en donde la guerrilla del Eln ejerce una importante influencia e, incluso, donde primero hizo sentir sus ataques terroristas tan pronto venció el cese bilateral del fuego con esa organización, el pasado 10 de enero. “El doctor Mora me dijo que tenía información de una fuente muy confiable de inteligencia sobre una orden para asesinarme. Todo indica que es el Eln, pero no está confirmado”, señaló Matus.
Tras recibir la llamada, la sugerencia del director Mora al candidato al Senado fue la de trasladarse a un lugar seguro, para evitar mayores riesgos. “Me fui al batallón más cercano, me reporté con el coronel del Ejército, me pusieron unos hombres a mi disposición”, informó el aspirante al Senado. Y es que desde que comenzó formalmente la campaña al Congreso, al candidato le fueron asignados dos escoltas como parte del Plan Democracia, de la UNP, más un carro blindado.
Especialmente, porque su campaña se ha desarrollado en uno de las regiones más afectadas por el conflicto armado y donde, además, hace presencia el Frente Domingo Laín, del Eln, como lo es Arauca. Esta amenaza en contra del comunicador social, oriundo de ese departamento, se da justamente el mismo día en que se conoce que esa guerrilla planea decretar un paro armado en todo el territorio, a partir del próximo 10 de febrero, argumentando la negativa del Gobierno de continuar con el quinto ciclo de conversaciones de paz, en Quito.
De hecho, desde que se acabó el cese bilateral, han ocurrido más de una decena de atentados perpetrados por esa guerrilla. Entre ellos, el asesinato a un soldado en la base militar de Puerto Lipa, en Arauca, a manos de un francotirador del Eln; el intento de secuestro de una familia en Santander de Quilichao, en Cauca; o uno de los más recientes, ocurridos en Barranquilla, contra una estación de Policía.
De momento, el único hecho cierto es que las elecciones que se avecinan prometen repetir episodios anteriores como ocurrió en 2014, cuando el Eln también decretó paro armado ad portas de los comicios presidenciales; y lo mismo sucedió en las elecciones regionales de 2015, en donde se registró bloqueo de vías, amenazas a la población civil y quema de material electoral.
Fuente: www.elespectador.com
Luego de valorar la pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su intervención en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en diciembre de 2012 y octubre de 2013, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo.
En ese sentido, fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario para hacer efectiva la pena que será conocida en los próximos días.
Los contratos que motivaron la decisión tenían por objeto la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento de Arauca.
En el curso de la investigación liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que, con los aportes a la conducta criminal del exgobernador y sus subalternos, fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales con la única intención de beneficiar a unos oferentes específicos.
Con este propósito ilegal, la contratación no estuvo precedida de estudios suficientemente serios y completos encaminados a determinar, entre otros, los costos, valores, alternativas y precios reales de mercado afectando los principios de legalidad, economía, transparencia, y planeación.
De igual manera, se acreditó que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se establecieron requisitos habilitantes desproporcionados, desconociendo las figuras de contrato de asociación, condicionamientos que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes en estos procesos contractuales.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en compañía del vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz; delegados y directivos del equipo misional, y representantes de autoridades del orden nacional y local, puso en funcionamiento el nuevo Centro de Atención de Fiscalía (CAF) en Tame (Arauca).
Este centro estará al servicio de algo más de 54.000 habitantes de este municipio y de otras poblaciones cercanas como Fortul, Arauquita y Puerto Rondón.
“Son espacios que nos permiten pensarnos a la justicia de una forma más amable. Es cierto que en lugares como Arauca y Tame hay una presencia de grupos armados ilegales que generan unas condiciones desfavorables para los habitantes y unas desigualdades bastante marcadas. La Fiscalía, con plena conciencia de ello, tiene una estrategia para lo que es el crimen organizado que tiene que ver con una fuerte articulación precisamente con nuestra Policía y Fuerzas Armadas, a través de grupos más operativos que estudian el territorio”, señaló la fiscal Luz Adriana Camargo.
El nuevo CAF de Tame articula las capacidades de otras instituciones, que tendrán a funcionarios apoyando la recepción de denuncias y la orientación integral a las víctimas, especialmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes afectados por unas conductas delictivas detectadas y priorizadas.
En ese sentido, habrá una fiscal local con su asistente y equipo de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin del Departamento de Policía de Arauca; además de personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un psicólogo y un trabajador social adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y dos defensores públicos.
“Estamos inaugurando este tipo de centros, que pretendemos sean un modelo fortalecido de atención, que no sea un fiscal solito, abandonado, haciendo la tarea, sino que esté rodeado por otras entidades y por fortalezas de nuestra propia institución que le permita actuar de una manera. Primero, ágil; segundo, cercana; tercero, empática; y cuarto, con capacidad de toma de decisiones”, indicó la fiscal General desde Tame.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría Regional de Arauca urgió al alcalde del municipio, Juan Alfredo Quenza Ramos, a agilizar el restablecimiento del servicio de transporte escolar, suspendido desde inicios de abril, y cuya situación afecta a 4.103 estudiantes de 25 sedes educativas del área urbana.
Trámites presupuestales, ya que el programa es financiado con dineros de regalías, al parecer, originaron el problema que hoy tiene en vilo la continuidad del servicio de transporte para jóvenes de Arauca y de otros municipios aledaños que reclaman soluciones a esta situación.
¿Qué medidas han adoptado?
Ante la preocupación que esto genera, pues se encuentran en juego derechos fundamentales a la educación de niños, niñas y adolescentes, el órgano de control llamó la atención a las autoridades locales para que informen sobre las medidas adoptadas para enfrentar la eventualidad presentada y planes a futuro para evitar lo sucedido.
En sus acciones preventivas y de seguimiento, el Ministerio Público recalcó en el cumplimiento de condiciones concretas que permitan y garanticen el acceso de los estudiantes a las instituciones educativas, como también su permanencia durante el calendario escolar.
El ente de control reiteró a las entidades territoriales para que ejecuten los recursos presupuestales oportunamente para la vigencia 2025 y eviten percances que afecten derechos fundamentales como el de la educación.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
