CASANARE
Amargo día para Jhon Jairo Torres y sus seguidores en Yopal, seguirá preso en La Picota
Nada bien jurídicamente le fue al preso Alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, en las dos audiencias que se surtieron ante el Tribunal Superior del Circuito, por los casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como por urbanizador ilegal.
A primera hora y con ponencia de la Magistrada Gloria Esperanza Malaver, el Tribunal revocó la decisión del Juez Iván Dueñas, que el pasado 18 de noviembre decretó la nulidad de lo actuado en el caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La defensa de Jhon Jairo Torres argumentaba que existían dos procesos iguales contra su cliente, uno que se lleva por el sistema antiguo de Ley 600, y otro que se adelanta por los mismos delitos pero bajo el nuevo Sistema al tenor de la Ley 906.
“El presente proceso (el que se lleva por Ley 906) trae como imputación el concurso heterogéneo con la posible existencia del delito de lavado de activos. De manera que por este simple hecho, por la existencia de la imputación y acusación por lavado de activos el proceso no podría desaparecer jurídicamente con el decreto de una nulidad procesal desde la imputación, así las cosas, la providencia recurrida debe ser revocada para que en su lugar se continúe desarrollando la audiencia de acusación y se siga el juicio”, señala el fallo del Tribunal.
De esta manera, el alcalde Jhon Jairo Torres continuará recluido en la Cárcel La Picota de la capital de la república, a la espera que se prosiga el juicio en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Urbanizador ilegal
Se adelantó una segunda Audiencia, esta vez relacionada con el proceso por Urbanización Ilegal donde Jhon Jairo Torres ya aceptó cargos, y la defensa apelaba el fallo del Juez Tercero Penal de Yopal el pasado 30 de septiembre de 2016, que negó la retractación a esa aceptación de cargos por parte de Torres Torres.
Teniendo en cuenta que el Alcalde se encuentra capturado y detenido en la Penitenciaría Nacional de La Picota, la audiencia se iba a realizar de manera virtual logrando comunicación entre la Penitenciaría y el Palacio de Justicia, pero finalmente Jhon Jairo Torres manifestó que iba a asistir, por lo que la audiencia debió realizarse sin su comparecencia, así fuera virtual.
El abogado defensor de Jhon Jairo Torres, Isnardo Gómez Urquijo, alegaba que su cliente no había sido debidamente informado de los efectos de aceptar la imputación, además que la defensa hecha en su momento por el ex fiscal Mario Iguarán no había sido la debida, adecuada y esperada de parte de un profesional del Derecho.
Gómez Urquijo también había recusado a los Magistrados del Tribunal Superior de Yopal, quienes debían conocer en segunda instancia el proceso para resolver la apelación que él mismo había interpuesto, recusación que fue negada por conjueces designados por el Tribunal.
Así las cosas, el Tribunal decidió confirmar en su integralidad la decisión tomada por el Juez Tercero Penal de Yopal, de no aceptar la retractación a Jhon Jairo Torres en el proceso por urbanizador ilegal, ni decretar la nulidad solicitada por la defensa.
De igual manera, el Tribunal solicitará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, investigar al abogado defensor Isnardo Gómez Urquijo, por la posible dilación en que haya hecho incurrir el proceso con sus actuaciones.
De esta manera, el proceso por Urbanizador Ilegal retornará al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, donde se surtirá la audiencia para individualización de la pena y lectura de fallo condenatorio, teniendo en cuenta que por este delito ya aceptó cargos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Capresoca firmó contrato con el HORO para servicios de mediana y alta complejidad
Capresoca EPS informa a sus usuarios que se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través de Contrato suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.
Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por el prestador, de acuerdo con la normatividad vigente.
La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.
Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300913 26 63.
“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, Agente Especial Interventora.
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Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
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Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.


