CASANARE
Amargo día para Jhon Jairo Torres y sus seguidores en Yopal, seguirá preso en La Picota
Nada bien jurídicamente le fue al preso Alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, en las dos audiencias que se surtieron ante el Tribunal Superior del Circuito, por los casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como por urbanizador ilegal.
A primera hora y con ponencia de la Magistrada Gloria Esperanza Malaver, el Tribunal revocó la decisión del Juez Iván Dueñas, que el pasado 18 de noviembre decretó la nulidad de lo actuado en el caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La defensa de Jhon Jairo Torres argumentaba que existían dos procesos iguales contra su cliente, uno que se lleva por el sistema antiguo de Ley 600, y otro que se adelanta por los mismos delitos pero bajo el nuevo Sistema al tenor de la Ley 906.
“El presente proceso (el que se lleva por Ley 906) trae como imputación el concurso heterogéneo con la posible existencia del delito de lavado de activos. De manera que por este simple hecho, por la existencia de la imputación y acusación por lavado de activos el proceso no podría desaparecer jurídicamente con el decreto de una nulidad procesal desde la imputación, así las cosas, la providencia recurrida debe ser revocada para que en su lugar se continúe desarrollando la audiencia de acusación y se siga el juicio”, señala el fallo del Tribunal.
De esta manera, el alcalde Jhon Jairo Torres continuará recluido en la Cárcel La Picota de la capital de la república, a la espera que se prosiga el juicio en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Urbanizador ilegal
Se adelantó una segunda Audiencia, esta vez relacionada con el proceso por Urbanización Ilegal donde Jhon Jairo Torres ya aceptó cargos, y la defensa apelaba el fallo del Juez Tercero Penal de Yopal el pasado 30 de septiembre de 2016, que negó la retractación a esa aceptación de cargos por parte de Torres Torres.
Teniendo en cuenta que el Alcalde se encuentra capturado y detenido en la Penitenciaría Nacional de La Picota, la audiencia se iba a realizar de manera virtual logrando comunicación entre la Penitenciaría y el Palacio de Justicia, pero finalmente Jhon Jairo Torres manifestó que iba a asistir, por lo que la audiencia debió realizarse sin su comparecencia, así fuera virtual.
El abogado defensor de Jhon Jairo Torres, Isnardo Gómez Urquijo, alegaba que su cliente no había sido debidamente informado de los efectos de aceptar la imputación, además que la defensa hecha en su momento por el ex fiscal Mario Iguarán no había sido la debida, adecuada y esperada de parte de un profesional del Derecho.
Gómez Urquijo también había recusado a los Magistrados del Tribunal Superior de Yopal, quienes debían conocer en segunda instancia el proceso para resolver la apelación que él mismo había interpuesto, recusación que fue negada por conjueces designados por el Tribunal.
Así las cosas, el Tribunal decidió confirmar en su integralidad la decisión tomada por el Juez Tercero Penal de Yopal, de no aceptar la retractación a Jhon Jairo Torres en el proceso por urbanizador ilegal, ni decretar la nulidad solicitada por la defensa.
De igual manera, el Tribunal solicitará a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, investigar al abogado defensor Isnardo Gómez Urquijo, por la posible dilación en que haya hecho incurrir el proceso con sus actuaciones.
De esta manera, el proceso por Urbanizador Ilegal retornará al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal, donde se surtirá la audiencia para individualización de la pena y lectura de fallo condenatorio, teniendo en cuenta que por este delito ya aceptó cargos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
Un nuevo siniestro vial cobró la vida de Estiven Arley Grimaldos Mendoza, de 28 años, la noche de este lunes 29 de diciembre, en la vía que comunica a Yopal con la vereda La Unión, confirmaron las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta FZ de placas SGP-19D cuando, al parecer, perdió el control del vehículo en una curva y terminó saliéndose de la calzada. El impacto le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos.
Las autoridades indicaron que Grimaldos Mendoza figuraba en las bases de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) con varias anotaciones judiciales. El caso es materia de investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente.
Con este hecho, la siniestralidad vial en Yopal continúa en aumento, pues a pocas horas de finalizar el año 2025 ya se contabilizan 74 personas fallecidas en accidentes de tránsito, una cifra que genera preocupación entre las autoridades y reitera el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito.
