META
Alertan que en el Meta también se estarían presentando pescas ilegales de toninas
La Corporación lanza una alerta en el municipio de Puerto Gaitán, en el sector conocido como Bocas del Manacacías, lugar donde se encuentran los ríos Meta, Yucao y Manacacías por el incremento de denuncias de pesca ilegal de toninas.
Cormacarena alertó sobre la ocurrencia de casos como el que se presentó con dos ejemplares muertos a causa de manos criminales en las bocas del río Cravo Sur en el departamento de Casanare, situación que se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes para dar con los responsables de este delito atroz.
Desde el año 2013, Cormacarena ha invitado a pescadores, transportadores fluviales, residentes propios y visitantes de la cuenca del Río Meta, para adelantar actividades de defensa, conservación y uso sostenible de las toninas o delfines rosados en nuestra jurisdicción.
Son varias las causas del conflicto del que hoy son víctimas las toninas, y que son de inmensa gravedad para su subsistencia:
Las malas prácticas de pesca tales como: Uso de malla cristal, electro pesca, el desacato de la prohibición de pescar en la época de veda, y en márgenes de los ríos donde es habitual que permanezcan.
La extracción de pescado por debajo de las tallas mínimas establecidas por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, genera una competencia desleal de los pescadores hacia estos mamíferos que se están quedando sin la base de su alimentación que es el pescado.
Igualmente la conducción de botes, canoas, yates y toda suerte de embarcaciones a gran velocidad y de manera irresponsable en las áreas de presencia de las toninas causando atropellamiento que las lleva al varamiento y muerte.
Las toninas son individuos sociales, amables y agraciados que permiten la cercanía de los humanos, quienes en su interés de aproximarse las aíslan, en especial a las crías rompiendo la estructura social y familiar, adicional a esto ofrecen alimentos inadecuados en su dieta causando con ello enfermedades que las llevan a la muerte.
Algunos pescadores argumentan que las toninas consumen el pescado que atrapan en sus redes, cuando en realidad estas luchan por escapar propiciando la liberación de los peces que allí se encuentran.
Otros las cazan para usar su carne como carnada en actividades de pesca o simplemente porque sienten placer al dispararles.
Es la oportunidad de invitar a las autoridades municipales, Inspección Fluvial de Puerto Gaitán, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, a cerrar filas y adelantar las acciones necesarias y conjuntas a fin de encontrar a los responsables de la muerte de estos dos ejemplares y adelantar acciones de sensibilización frente al tema en la cuenca del Río Meta.
Nuevamente acudimos al apoyo de la ciudadanía que informe y denuncie a las autoridades competentes las afectaciones a la fauna y los recursos naturales a las líneas de contacto: 6730420, página web www.cormacarena.gov.co, el aplicativo móvil Ecodenuncia, o directamente en la sede principal de la corporación en la ventana ambiental.
Fuente: Prensa Cormacarena
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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