META
Alertan que en el Meta también se estarían presentando pescas ilegales de toninas
La Corporación lanza una alerta en el municipio de Puerto Gaitán, en el sector conocido como Bocas del Manacacías, lugar donde se encuentran los ríos Meta, Yucao y Manacacías por el incremento de denuncias de pesca ilegal de toninas.
Cormacarena alertó sobre la ocurrencia de casos como el que se presentó con dos ejemplares muertos a causa de manos criminales en las bocas del río Cravo Sur en el departamento de Casanare, situación que se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes para dar con los responsables de este delito atroz.
Desde el año 2013, Cormacarena ha invitado a pescadores, transportadores fluviales, residentes propios y visitantes de la cuenca del Río Meta, para adelantar actividades de defensa, conservación y uso sostenible de las toninas o delfines rosados en nuestra jurisdicción.
Son varias las causas del conflicto del que hoy son víctimas las toninas, y que son de inmensa gravedad para su subsistencia:
Las malas prácticas de pesca tales como: Uso de malla cristal, electro pesca, el desacato de la prohibición de pescar en la época de veda, y en márgenes de los ríos donde es habitual que permanezcan.
La extracción de pescado por debajo de las tallas mínimas establecidas por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, genera una competencia desleal de los pescadores hacia estos mamíferos que se están quedando sin la base de su alimentación que es el pescado.
Igualmente la conducción de botes, canoas, yates y toda suerte de embarcaciones a gran velocidad y de manera irresponsable en las áreas de presencia de las toninas causando atropellamiento que las lleva al varamiento y muerte.
Las toninas son individuos sociales, amables y agraciados que permiten la cercanía de los humanos, quienes en su interés de aproximarse las aíslan, en especial a las crías rompiendo la estructura social y familiar, adicional a esto ofrecen alimentos inadecuados en su dieta causando con ello enfermedades que las llevan a la muerte.
Algunos pescadores argumentan que las toninas consumen el pescado que atrapan en sus redes, cuando en realidad estas luchan por escapar propiciando la liberación de los peces que allí se encuentran.
Otros las cazan para usar su carne como carnada en actividades de pesca o simplemente porque sienten placer al dispararles.
Es la oportunidad de invitar a las autoridades municipales, Inspección Fluvial de Puerto Gaitán, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, a cerrar filas y adelantar las acciones necesarias y conjuntas a fin de encontrar a los responsables de la muerte de estos dos ejemplares y adelantar acciones de sensibilización frente al tema en la cuenca del Río Meta.
Nuevamente acudimos al apoyo de la ciudadanía que informe y denuncie a las autoridades competentes las afectaciones a la fauna y los recursos naturales a las líneas de contacto: 6730420, página web www.cormacarena.gov.co, el aplicativo móvil Ecodenuncia, o directamente en la sede principal de la corporación en la ventana ambiental.
Fuente: Prensa Cormacarena
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
