CASANARE
Es imposible hacer desalojo que causó orden de arresto de la Alcaldesa, dice Alcaldía de Yopal
Como si aún conservara el cargo de Asesor Jurídico de la Alcaldía de Yopal, el Director de Planeación Juan Carlos Suárez asumió la vocería de la Administración Municipal, por el caso donde el Juez Primero Civil de Yopal ordenó cinco días de arresto para la Alcaldesa (e) de la capital, Luz Marina Cardozo, y el Inspector Segundo de Policía Luis Gabriel Pérez González, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de estos funcionarios.
Según el funcionario, el Municipio ha manifestado al Juzgado en reiteradas ocasiones que es imposible hacer el desalojo o lanzamiento de estas familias en 48 horas, además que hacerlo sería violar los lineamientos que la Corte Constitucional ha emitido respecto al desalojo de personas a quienes se les debe garantizar su reubicación.
“Es el mismo arresto que el mismo Juez había ordenado hace algunos meses, sobre el cual en grado de consulta se logró la nulidad del procedimiento. Este Juez reinició el procedimiento y ha dispuesto lo mismo de manera sorpresiva, toda vez que esperábamos que un nuevo pronunciamiento iba a ser sujeto a los lineamientos de la Corte Constitucional, razón por la cual una vez más estamos en grado de consulta argumentando nuestra posición basados en los planteamientos que la Corte Constitucional ha dicho”, señaló el Director de Planeación Municipal.
Añadió Suárez Forero, que se espera que esta semana haya un pronunciamiento en segunda instancia que revoque la decisión del Juez, teniendo en cuenta que “nadie está obligado a lo imposible en Colombia, y es imposible hacer un desalojo en 48 horas con una logística que no deja de valer más de dos mil millones de pesos y violando los lineamientos de la Corte Constitucional”.
Indicó por último, que una parte del predio que se ordena desalojar por parte del Juez es considerada como reserva forestal, situación que no ha sido tenida en cuenta dentro del litigio por parte del togado.
“Lo que ha hecho el municipio es la caracterización de quienes se encuentran allí, para identificar quiénes son sujeto de reubicación y quienes no. Se ordenó fecha por parte del Inspector para hacer el lanzamiento, pero dicha diligencia quedó iniciada y suspendida porque creo que en dos o tres ocasiones la Policía ha manifestado que no tiene el personal suficiente para asumir un operativo de este nivel. y segundo la logística es bastante costosa y en tercera medida se está esperando resolver la situación económica del municipio para resolver la adquisición o destinación de predios que puedan ser dispuestos para programas de vivienda o subsidios de vivienda para estas personas”, puntualizó Juan Carlos Suárez.
Lo que dice el Juzgado
Según el fallo judicial, tanto la Alcaldía de Yopal como la Inspección Segunda de Policía han incumplido un fallo de tutela emitido por el mismo Despacho el pasado 11 de noviembre de 2016, donde se ordenó que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la mencionada decisión, deberían fijar la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de un predio de propiedad de la señora Ana José Pérez Rodríguez, ubicado en la Vereda La Guafilla.
En su momento la Alcaldía de Yopal impugnó el fallo, pero el pasado 27 de enero de 2017 la decisión fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, todo lo cual fue debidamente notificado tanto a la Alcaldía de Yopal como a la Inspección Segunda de Policía.
Señala el Juez en su decisión, que se ha concedido un término respetuoso y considerado con las personas que ocupan el predio en mención, pues la decisión señala que se otorgó un término de cuarenta y ocho (48) horas para fijar la fecha y hora de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y para la práctica de la misma en un plazo que no superara los quince (15) días hábiles, término en el cual tanto la Alcaldía como la Inspección Segunda de Policía podrían efectuar las gestiones pertinentes y necesarias para la evaluación de la población asentada en el predio, garantizándoles la reubicación temporal mientras solucionan el problema de vivienda definitivo.
Señala el Juez, que no se explica la negligencia y evasiva que han tenido la Alcaldía de Yopal y la Inspección Segunda de Policía, y que además se vislumbra la intención de confundir al aparato judicial afirmando que el Despacho pretende desconocer precedentes judiciales, derechos fundamentales y garantías procesales de las personas involucradas en el asunto.
“Una orden dada para cumplir en cuarenta y ocho (48) horas desde la notificación del fallo ha sido incumplida descaradamente desde hace más de cuatro (4) meses”, reza el fallo del incidente de desacato, agregando que “su incumplimiento ha sido sistemático y desobligante con la administración de justicia, por cuanto han transcurrido más de cuatro (4) meses y la conducta omisiva, negligente e injustificada de las incidentadas persiste”.
Según el fallo, el arresto de los dos funcionarios debe cumplirse en las instalaciones de la Estación de Policía de Yopal, y se ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la presunta conducta punible de fraude a resolución judicial, conminando a la Alcaldía de Yopal y a la Inspección Segunda de Policía de Yopal, para que procedan a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado en la sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2016.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Con los resultados del preconteo, la Cámara de Representantes por Casanare estará ocupada por Arledy Alvarado Patiño y Diego Fernando García Alfonso.
Alvarado Patiño, quien aspiraba a la curul por el Partido Centro Democrático, de acuerdo al preconteo alcanzó 17.747 votos, de los 48.014 papeletas que obtuvo la colectividad, que a la postre fue la más votada en el departamento. En esa misma lista el candidato Álvaro Mariño obtuvo 12.622 votos, mientras que el pastor Wilmer Garcés ayudó con 8.760. El logo del Partido, que son los votos solo por la lista, alcanzó un total de 8.885 votos.
Por su parte García Alfonso, quien representaba a la Alianza por Casanare, conformada por el Partido Verde y el Partido En Marcha, logró 32.061 votos en el preconteo, convirtiéndose en el candidato más votado de la contienda. En esa misma lista la candidata Diana Rincón Leguizamón obtuvo 5.205 votos, mientras que el candidato Fabián Cordero Escobar colaboró con 2.700 votos. El logo de la Alianza alcanzó 1.824 votos. La lista total llegó a los 41.790 votos.
Ambos representantes se comprometieron a no parar su trabajo de campaña, y esta semana estarán visitando a sus electores en los diferentes municipios, de acuerdo con lo expresado luego de conocerse los resultados la noche anterior. Tanto Arledy Alvarado como Diego García señalaron que de inmediato iniciarán su trabajo para avanzar en diferentes temas, de cara a “no perder tiempo” en las gestiones que deben realizar desde sus curules.
La jornada electoral para elegir Senado de la República, Cámara de Representantes y consultas políticas se desarrolló con normalidad en Yopal, según el balance entregado por las autoridades al cierre de las votaciones.
Durante la jornada, que se extendió por ocho horas continuas, los ciudadanos acudieron a los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad para ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el proceso transcurrió en un ambiente de participación ciudadana y sin alteraciones que afectaran el desarrollo de los comicios.
Una vez cerradas las urnas, los jurados de votación iniciaron el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye la destrucción del material electoral sobrante y el conteo de votos en cada mesa. El proceso de preconteo se realizó siguiendo el orden definido por la autoridad electoral: primero las consultas, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes.
La secretaria de Gobierno ad hoc para temas electorales, Carina Rojas Barreto, destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y señaló que el proceso se desarrolló con tranquilidad y respeto por las normas del ejercicio democrático.
De acuerdo con el balance preliminar, aunque se registraron algunas manifestaciones políticas en las afueras de ciertos puestos de votación, estas no afectaron de manera significativa el desarrollo de la jornada ni el funcionamiento de los puestos habilitados.
Las autoridades recordaron que los resultados oficiales serán definidos en el proceso de escrutinio electoral, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
En la vereda Buenos Aires Alto, jurisdicción de Villanueva, avanza la construcción de un dique de casi un kilómetro, específicamente 750 metros lineales, diseñado para mitigar los desbordamientos del río Upía. Esta obra es parte de las más de diez intervenciones en puntos críticos que el gobierno de César Ortiz Zorro ejecuta en el departamento de Casanare, buscando reducir el impacto de las lluvias y proteger a las comunidades rurales.
Los directores de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare, Wilson Porras, y de Villanueva, Edgar Mendoza, junto a líderes comunitarios, realizaron una inspección técnica al proyecto. Este sector ha sufrido afectaciones durante aproximadamente seis años, con el río desbordándose e inundando más de 40 predios y la vía que conecta a Caribayona, Santa Helena del Upía y parte de Buenos Aires.
José María Téllez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires Alto, ha relatado las recurrentes dificultades que enfrentan las familias. Las inundaciones han causado la pérdida de cultivos, la muerte de animales y severos problemas de movilidad para los campesinos que intentan acceder a sus viviendas, además de deteriorar constantemente la infraestructura vial.
El ingeniero Wilson Porras detalló que la estructura tendrá una pata de ocho metros, una corona de cuatro metros y dos metros de altura. Se concibe como un dique externo que no soporta el embate directo del río, sino que actúa como una barrera de contención para el agua desbordada. Su función es permitir que las inundaciones retornen al cauce principal, evitando así que sigan afectando viviendas, cultivos y la carretera.
Con esta obra, la administración departamental busca ofrecer una solución duradera a una problemática que ha impactado negativamente la economía y calidad de vida de los habitantes de esta zona rural de Villanueva, blindándolos ante futuras crecientes del río Upía.
