CASANARE
Es imposible hacer desalojo que causó orden de arresto de la Alcaldesa, dice Alcaldía de Yopal
Como si aún conservara el cargo de Asesor Jurídico de la Alcaldía de Yopal, el Director de Planeación Juan Carlos Suárez asumió la vocería de la Administración Municipal, por el caso donde el Juez Primero Civil de Yopal ordenó cinco días de arresto para la Alcaldesa (e) de la capital, Luz Marina Cardozo, y el Inspector Segundo de Policía Luis Gabriel Pérez González, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de estos funcionarios.
Según el funcionario, el Municipio ha manifestado al Juzgado en reiteradas ocasiones que es imposible hacer el desalojo o lanzamiento de estas familias en 48 horas, además que hacerlo sería violar los lineamientos que la Corte Constitucional ha emitido respecto al desalojo de personas a quienes se les debe garantizar su reubicación.
“Es el mismo arresto que el mismo Juez había ordenado hace algunos meses, sobre el cual en grado de consulta se logró la nulidad del procedimiento. Este Juez reinició el procedimiento y ha dispuesto lo mismo de manera sorpresiva, toda vez que esperábamos que un nuevo pronunciamiento iba a ser sujeto a los lineamientos de la Corte Constitucional, razón por la cual una vez más estamos en grado de consulta argumentando nuestra posición basados en los planteamientos que la Corte Constitucional ha dicho”, señaló el Director de Planeación Municipal.
Añadió Suárez Forero, que se espera que esta semana haya un pronunciamiento en segunda instancia que revoque la decisión del Juez, teniendo en cuenta que “nadie está obligado a lo imposible en Colombia, y es imposible hacer un desalojo en 48 horas con una logística que no deja de valer más de dos mil millones de pesos y violando los lineamientos de la Corte Constitucional”.
Indicó por último, que una parte del predio que se ordena desalojar por parte del Juez es considerada como reserva forestal, situación que no ha sido tenida en cuenta dentro del litigio por parte del togado.
“Lo que ha hecho el municipio es la caracterización de quienes se encuentran allí, para identificar quiénes son sujeto de reubicación y quienes no. Se ordenó fecha por parte del Inspector para hacer el lanzamiento, pero dicha diligencia quedó iniciada y suspendida porque creo que en dos o tres ocasiones la Policía ha manifestado que no tiene el personal suficiente para asumir un operativo de este nivel. y segundo la logística es bastante costosa y en tercera medida se está esperando resolver la situación económica del municipio para resolver la adquisición o destinación de predios que puedan ser dispuestos para programas de vivienda o subsidios de vivienda para estas personas”, puntualizó Juan Carlos Suárez.
Lo que dice el Juzgado
Según el fallo judicial, tanto la Alcaldía de Yopal como la Inspección Segunda de Policía han incumplido un fallo de tutela emitido por el mismo Despacho el pasado 11 de noviembre de 2016, donde se ordenó que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la mencionada decisión, deberían fijar la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de un predio de propiedad de la señora Ana José Pérez Rodríguez, ubicado en la Vereda La Guafilla.
En su momento la Alcaldía de Yopal impugnó el fallo, pero el pasado 27 de enero de 2017 la decisión fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, todo lo cual fue debidamente notificado tanto a la Alcaldía de Yopal como a la Inspección Segunda de Policía.
Señala el Juez en su decisión, que se ha concedido un término respetuoso y considerado con las personas que ocupan el predio en mención, pues la decisión señala que se otorgó un término de cuarenta y ocho (48) horas para fijar la fecha y hora de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y para la práctica de la misma en un plazo que no superara los quince (15) días hábiles, término en el cual tanto la Alcaldía como la Inspección Segunda de Policía podrían efectuar las gestiones pertinentes y necesarias para la evaluación de la población asentada en el predio, garantizándoles la reubicación temporal mientras solucionan el problema de vivienda definitivo.
Señala el Juez, que no se explica la negligencia y evasiva que han tenido la Alcaldía de Yopal y la Inspección Segunda de Policía, y que además se vislumbra la intención de confundir al aparato judicial afirmando que el Despacho pretende desconocer precedentes judiciales, derechos fundamentales y garantías procesales de las personas involucradas en el asunto.
“Una orden dada para cumplir en cuarenta y ocho (48) horas desde la notificación del fallo ha sido incumplida descaradamente desde hace más de cuatro (4) meses”, reza el fallo del incidente de desacato, agregando que “su incumplimiento ha sido sistemático y desobligante con la administración de justicia, por cuanto han transcurrido más de cuatro (4) meses y la conducta omisiva, negligente e injustificada de las incidentadas persiste”.
Según el fallo, el arresto de los dos funcionarios debe cumplirse en las instalaciones de la Estación de Policía de Yopal, y se ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la presunta conducta punible de fraude a resolución judicial, conminando a la Alcaldía de Yopal y a la Inspección Segunda de Policía de Yopal, para que procedan a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado en la sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2016.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
