CASANARE
Es imposible hacer desalojo que causó orden de arresto de la Alcaldesa, dice Alcaldía de Yopal
Como si aún conservara el cargo de Asesor Jurídico de la Alcaldía de Yopal, el Director de Planeación Juan Carlos Suárez asumió la vocería de la Administración Municipal, por el caso donde el Juez Primero Civil de Yopal ordenó cinco días de arresto para la Alcaldesa (e) de la capital, Luz Marina Cardozo, y el Inspector Segundo de Policía Luis Gabriel Pérez González, además del pago de una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de estos funcionarios.
Según el funcionario, el Municipio ha manifestado al Juzgado en reiteradas ocasiones que es imposible hacer el desalojo o lanzamiento de estas familias en 48 horas, además que hacerlo sería violar los lineamientos que la Corte Constitucional ha emitido respecto al desalojo de personas a quienes se les debe garantizar su reubicación.
“Es el mismo arresto que el mismo Juez había ordenado hace algunos meses, sobre el cual en grado de consulta se logró la nulidad del procedimiento. Este Juez reinició el procedimiento y ha dispuesto lo mismo de manera sorpresiva, toda vez que esperábamos que un nuevo pronunciamiento iba a ser sujeto a los lineamientos de la Corte Constitucional, razón por la cual una vez más estamos en grado de consulta argumentando nuestra posición basados en los planteamientos que la Corte Constitucional ha dicho”, señaló el Director de Planeación Municipal.
Añadió Suárez Forero, que se espera que esta semana haya un pronunciamiento en segunda instancia que revoque la decisión del Juez, teniendo en cuenta que “nadie está obligado a lo imposible en Colombia, y es imposible hacer un desalojo en 48 horas con una logística que no deja de valer más de dos mil millones de pesos y violando los lineamientos de la Corte Constitucional”.
Indicó por último, que una parte del predio que se ordena desalojar por parte del Juez es considerada como reserva forestal, situación que no ha sido tenida en cuenta dentro del litigio por parte del togado.
“Lo que ha hecho el municipio es la caracterización de quienes se encuentran allí, para identificar quiénes son sujeto de reubicación y quienes no. Se ordenó fecha por parte del Inspector para hacer el lanzamiento, pero dicha diligencia quedó iniciada y suspendida porque creo que en dos o tres ocasiones la Policía ha manifestado que no tiene el personal suficiente para asumir un operativo de este nivel. y segundo la logística es bastante costosa y en tercera medida se está esperando resolver la situación económica del municipio para resolver la adquisición o destinación de predios que puedan ser dispuestos para programas de vivienda o subsidios de vivienda para estas personas”, puntualizó Juan Carlos Suárez.
Lo que dice el Juzgado
Según el fallo judicial, tanto la Alcaldía de Yopal como la Inspección Segunda de Policía han incumplido un fallo de tutela emitido por el mismo Despacho el pasado 11 de noviembre de 2016, donde se ordenó que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la mencionada decisión, deberían fijar la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de un predio de propiedad de la señora Ana José Pérez Rodríguez, ubicado en la Vereda La Guafilla.
En su momento la Alcaldía de Yopal impugnó el fallo, pero el pasado 27 de enero de 2017 la decisión fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, todo lo cual fue debidamente notificado tanto a la Alcaldía de Yopal como a la Inspección Segunda de Policía.
Señala el Juez en su decisión, que se ha concedido un término respetuoso y considerado con las personas que ocupan el predio en mención, pues la decisión señala que se otorgó un término de cuarenta y ocho (48) horas para fijar la fecha y hora de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho y para la práctica de la misma en un plazo que no superara los quince (15) días hábiles, término en el cual tanto la Alcaldía como la Inspección Segunda de Policía podrían efectuar las gestiones pertinentes y necesarias para la evaluación de la población asentada en el predio, garantizándoles la reubicación temporal mientras solucionan el problema de vivienda definitivo.
Señala el Juez, que no se explica la negligencia y evasiva que han tenido la Alcaldía de Yopal y la Inspección Segunda de Policía, y que además se vislumbra la intención de confundir al aparato judicial afirmando que el Despacho pretende desconocer precedentes judiciales, derechos fundamentales y garantías procesales de las personas involucradas en el asunto.
“Una orden dada para cumplir en cuarenta y ocho (48) horas desde la notificación del fallo ha sido incumplida descaradamente desde hace más de cuatro (4) meses”, reza el fallo del incidente de desacato, agregando que “su incumplimiento ha sido sistemático y desobligante con la administración de justicia, por cuanto han transcurrido más de cuatro (4) meses y la conducta omisiva, negligente e injustificada de las incidentadas persiste”.
Según el fallo, el arresto de los dos funcionarios debe cumplirse en las instalaciones de la Estación de Policía de Yopal, y se ordenó compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la presunta conducta punible de fraude a resolución judicial, conminando a la Alcaldía de Yopal y a la Inspección Segunda de Policía de Yopal, para que procedan a dar cumplimiento inmediato a lo ordenado en la sentencia de tutela del 11 de noviembre de 2016.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En cumplimiento de los lineamientos de conectividad rural, el gobierno departamental, en articulación con la Alcaldía de Aguazul, ha formalizado el inicio de las labores de mantenimiento vial en un corredor estratégico de 13 kilómetros en las veredas Monterralo, El Paraíso y Los Lirios.
Este proyecto, liderado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca resarcir el deterioro histórico de la malla vial rural, garantizando la competitividad de los productores y la seguridad en el transporte escolar de la zona.
Durante una mesa de trabajo técnico-social con los habitantes, Ramón Avella, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso, destacó la importancia de este anuncio. Afirmó que es fundamental ver a la Gobernación y la Alcaldía trabajando de la mano en una necesidad sentida por la comunidad.
Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se enfatizó que estas acciones responden a una directriz del mandatario seccional de mantener presencia institucional permanente y ofrecer soluciones técnicas de alto impacto. El despliegue de la maquinaria iniciará la próxima semana.
Esteban Escaño, ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que la misión es ejecutar una intervención integral que garantice la estabilidad de la vía, cumpliendo con los estándares técnicos y los tiempos concertados con la comunidad.
Juan Vargas, habitante de la vereda El Paraíso, validó el cronograma de trabajo y agradeció el apoyo, señalando que la mejora de las vías es algo anhelado desde hace años y que beneficiará la economía local y la ruta escolar de sus hijos.
Este 9 de febrero marca el inicio oficial del programa de alimentación escolar PAE en Yopal, beneficiando a 14.300 estudiantes distribuidos en 88 sedes educativas oficiales del municipio. este servicio esencial busca garantizar que los alumnos tengan un plato de comida nutritivo que acompañe su jornada escolar y represente un apoyo significativo para sus familias.
Durante las últimas dos semanas, se ha llevado a cabo una labor exhaustiva de preparación para asegurar un arranque sin contratiempos. Se realizaron tareas de limpieza y desinfección de restaurantes escolares, revisión de espacios, adecuaciones y el alistamiento general de toda la logística operativa. Cada ración es el resultado de una meticulosa planificación y estrictos controles.
La compleja logística semanal del PAE ya está plenamente operativa. Los jueves se reciben los mercados, que incluyen abarrotes, frutas y verduras frescas, mientras que los viernes se realiza el despacho de alimentos a las 22 sedes educativas urbanas. Los sábados, una flota de 12 vehículos se dirige a las 66 sedes rurales, garantizando la frescura y completitud de los productos en todo el municipio.
El impacto del programa se extiende más allá de los comedores escolares, generando una importante dinámica económica y social. El PAE está creando 230 empleos directos, incluyendo manipuladoras, auxiliares de bodega, nutricionistas, conductores y personal administrativo. Además, se suman cerca de 100 empleos indirectos, y se impulsa la economía local mediante la compra de productos de la región, fortaleciendo a productores y comerciantes de Yopal.
Para 2026, el programa experimentará un crecimiento significativo. gracias a la gestión del secretario de educación de Yopal, David Díaz, se lograron recursos adicionales superiores a los 7 mil millones de pesos. Esta inyección presupuestaria permitirá ampliar la cobertura del PAE, llegando a un mayor número de estudiantes en el municipio y consolidando su impacto positivo.
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.
Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.
La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.
