NACIONALES
Alcaldes denuncian grave situación de seguridad en las regiones en época preelectoral
La Federación Colombiana de Municipios, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, realizaron un encuentro con los mandatarios locales para conocer la problemática que está ocurriendo en las regiones en materia de seguridad en el país.
Los mandatarios de las zonas más afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales, realizaron graves y contundentes denuncias a vísperas del ejercicio electoral que se realizará el próximo 29 de octubre.
Este es el grave y desgarrador diagnóstico de la situación preelectoral en muchos territorios del país:
° Los actores armados ilegales, ejercen control territorial; control territorial que hoy no está haciendo nuestra fuerza pública.
° El pedido de todos los alcaldes es que el Ejército pueda iniciar operaciones de estabilidad, seguridad y control en aras de garantizar la seguridad y los derechos de la población civil que se vienen viendo afectados por los grupos armados.
° Por la proliferación y recrudecimiento de las amenazas 8 alcaldes se han visto obligados a trasladar sus despachos fuera de la jurisdicción de sus municipios, como única alternativa para salvaguardar su vida.
° Hay constreñimiento a la libre movilidad, en consideración a que en algunas zonas han aparecido pancartas, prohibiendo la libre circulación después de las 6:00 pm, tampoco se puede circular por algunas vías con cascos y los vehículos no pueden transitar con los vidrios arriba.
“Existe una especie de co-gobernabilidad dentro de nuestros territorios porque ellos están imponiendo leyes, están imponiendo la forma del desarrollo dentro de estos territorios”.
“Hay una especie de “silencio administrativo” por parte del Gobierno Nacional al desconocer y no reaccionar oportunamente a las problemáticas que se viven en las regiones afectadas por el conflicto”.
“En nuestras regiones no existen solamente tres grupos, no existe solamente el ELN, no existe solamente las FARC, no existe solamente el EPL, sino también los grupos de narcotráfico, los grupos de BACRIM, tenemos el tren de Aragua, tenemos también grupos de narcotráfico extranjeros, cartel de Sinaloa y algunos grupos de narcotráfico trasnacional”.
“La gente tiene mucho miedo, les cuesta mucho el relacionamiento con miembros de la fuerza pública, para evitar ser señalados y afectados por el accionar de los grupos armados y ante la impotencia de nuestro Ejército y Policía”.
Colombia es tan linda que los alcaldes no están pidiendo asilo político para irse a otro país, están pidiendo que llegue la inversión a las regiones, que se les tenga en cuenta, porque con su heroísmo aún mantienen vigente la institucionalidad democrática.
Los alcaldes expresaron tristeza por la pérdida de reconocimiento y autonomía municipal, el Estado pretende hacerlo todo desde Bogotá y por eso la lentitud en la ejecución y aprobación de proyectos.
Los mandatarios locales afirmaron que tienen pocos recursos, para enfrentar todas las responsabilidades y expectativas que tienen sus comunidades.
Además denuncian el aumento de las extorsiones, los secuestros, las intimidaciones, los reclutamientos y los atentados terroristas contra las antenas de comunicación, la infraestructura institucional y contra la población en general.
Hoy, en varios municipios, los grupos al margen de la ley no han permitido inscripciones de cedula, “aquí pareciera que el Gobierno Nacional está legitimando a estos grupos al margen de la ley. Pareciera que algunos comandantes guerrilleros quisieran reemplazar al Consejo Nacional Electoral, ellos son quienes determinan quien puede hacer política y quien no; en algunas regiones se está carnetizando a la sociedad civil”.
Los alcaldes más amenazados, porque han tenido la valentía de denunciar los abusos de los grupos al margen de la ley, se preguntan qué va a pasar con su seguridad, a partir del primero de enero de 2024, cuando pasen a ser ciudadanos comunes y corrientes.
Los alcaldes piden reglas de juego claras para la paz, “no se puede aceptar que mientras el Gobierno Nacional firma un Decreto de cese al fuego, no haya una acción reciproca que se materialice en un cese a la extorsión y a la intimidación por parte de los grupos armados”.
No se puede aceptar que por el accionar de los grupos violentos, muchos candidatos tengan que venderle “el alma al diablo” para aspirar a cargos de elección popular en los territorios.
“Desde el mes de marzo se vienen presentando reuniones masivas con lideres y lideresas, por parte de las organizaciones al margen de la ley diciéndoles por quien deben y por quien no deben votar, que partido puede entrar y que partido no puede entrar a la zona”.
Los alcaldes expresan que estamos regresando a épocas pretéritas en materia de inseguridad.
Todo lo anterior ha sido recibido por el Defensor del Pueblo, doctor Carlos Camargo Assís y sus defensores delegados, por la Procuradora Delegada para Asuntos Electorales, doctora Yolima Carrillo Pérez y por la Federación Colombiana de Municipios, en cabeza del Presidente Gian Carlo Gerometta y su Director Ejecutivo Gilberto Toro Giraldo, quienes le piden al Gobierno Nacional, tomar efectivo control de los territorios para garantizar un proceso electoral transparente y el libre ejercicio de la democracia y el respeto por los derechos humanos.
Fuente: Fedemunicipios
La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.
“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.
La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.
“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.
La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.
Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.
Fuente: Comunicaciones Mineducación
NACIONALES
Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia
Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.
Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.
Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).
El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.
Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.
Fuente: Comunicaciones Función Pública
El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.
De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).
La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).
El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.
Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.
Ocupación por actividades
El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó 381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).
Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.
Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.
Desempleo por ciudades
El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.
Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.
Informalidad y juventud
El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.
El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.
En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.
Fuente: Comunicaciones DANE
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