CASANARE
Alcalde de Yopal dice que Personería está politizada y persigue su Administración
Preocupantes denuncias contra las actuaciones de la Personería Municipal hizo el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, al pronunciarse sobre la suspensión por tres meses del gerente de Ceiba EICE, Carlos Andrés Cifuentes, por aparente violación de la Ley de Garantías Electorales al modificar la nómina de la entidad.
Según el mandatario, la decisión es desproporcionada, además que la Personería no ofrece garantías a la Administración Municipal porque actúa de manera sesgada. Cuestionó que en este caso la Personería actuó con inusitada celeridad y eficiencia, pero no hizo lo mismo en octubre del año anterior cuando se dieron los mismos nombramientos y también estaba vigente la Ley de Garantías.
Recordó también el burgomaestre, que la Personería envió una comunicación al OCAD en días anteriores cuando se discutía el problema de los 33 mil millones de pesos con la Gobernación, diciendo que la Alcaldía era incapaz de ejecutar sus propios recursos, y demostrando desde el primer momento animadversión contra la Administración Municipal.
Denunció que la Personería “inunda” de comunicaciones y oficios todas las dependencias de la Alcaldía desde que llegó la nueva Administración, pero nunca se pronunció aun cuando se denunció que por lo menos 6 de los antiguos Secretarios y jefes de dependencia no cumplían con los perfiles y requisitos profesionales necesarios para esos cargos.
Personería politizada
Puentes Vargas denunció un “manejo politizado de la Personería de Yopal” en abierta persecución contra la Alcaldía de Yopal. “Ese no es el papel de la Personería Municipal, agente del Ministerio Público y defensora de la sociedad, que debía ser ejemplo de rectitud, de equilibrio y de ponderación”.
El mandatario formuló un llamado a los organismos de control, a la Fiscalía y a la rama judicial a “cerrar filas” contra la corrupción, que según él no acepta un nuevo modelo de gobierno en Yopal.
De igual manera, hizo alusión a la cercanía del Personero Municipal, César Hernando Figueredo, con el presunto “cerebro” de Ceiba desde el gobierno de Jorge García Lizarazo, como el principal motivo para la persecución que ahora soporta su Administración, por las denuncias que él siempre ha formulado sobre la creación de la polémica Empresa.
“Ese fue el gobierno en el cual se configuró la Empresa Ceiba, con un propósito que mediante una demanda que personalmente instauré logró detenerse, que fue en tres meses feriar los servicios públicos, entregarlos a cualquiera en las condiciones más desequilibradas, entregar las rentas del municipio, particularmente uno de los negocios tras el cual siguen teniendo toda clase de intentos de apropiación que es el alumbrado público de Yopal”, anotó el funcionario.
Denunció que desde la creación de Ceiba EICE se buscó que funcionara como una “isla” o “rueda suelta” de la Administración Municipal, para que estuviera lejos del control de la misma.
“Ceiba se acaba”
Puentes Vargas reiteró que tal y como lo prometió en campaña, la Empresa Ceiba será acabada por su Administración porque “ha demostrado ser totalmente ineficiente”, encontrando que la planta de beneficio animal (matadero) está a pocos días de tener un cierre temporal, el alumbrado público no es autosuficiente por lo que el año pasado la Alcaldía tuvo que trasladarle cerca de $15 mil millones de pesos, teniendo que desfinanciar otros sectores como la educación.
Denunció de igual manera el alcalde Leonardo Puentes, que lo único que se pretendió con la creación de Ceiba, fue tener un margen de tres meses para poder entregarle la operación de estos servicios públicos a terceros, perjudicando las arcas del municipio. Reiteró que los estatutos de Ceiba son ilegales, el Acuerdo que la creó igualmente es ilegal, con la única pretensión de funcionar apartada de la Administración Municipal.
“Hoy hay un control judicial, estamos a la espera de un fallo de segunda instancia por lo cual derogar unilateralmente no es posible, pero vamos a ir al Concejo Municipal a llevar una propuesta para desmontar Ceiba que esperamos sea viable y prospere, pero que requiere un análisis que va mucho más allá de la decisión de borrar de tajo esa entidad”, expresó visiblemente molesto el burgomaestre.
Explicó que se analizará cuál va a ser el plan de liquidación de Ceiba por los múltiples compromisos que a la fecha tiene la Empresa, y cuál será el futuro de cada una de las unidades de negocio que maneja la entidad, como son el Alumbrado Público, el Terminal de Transportes, la Planta de Beneficio Animal y el Cementerio.
#ACTUALESAlcalde de Yopal, Leonardo Puentes, se pronunció respecto de la suspensión del Gerente de Ceiba por tres meses, ante inverstigación que inició la Personería de Yopal contra el funcionario.
Posted by El Diario Del Llano on Wednesday, February 28, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Contrato de $24 mil millones a microempresa barranquillera desata denuncias contra Capresoca EPS
Una denuncia pública radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos de control pone bajo la lupa la contratación adelantada por Capresoca EPS para la vigencia 2026, durante la administración de la Agente Especial de Intervención, Betty Cecilia Anaya Nieto. El documento advierte posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud, con incrementos contractuales que superan ampliamente el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según la denuncia, el caso más crítico corresponde al contrato 003-2026, suscrito con PROVITALY SAS por un valor cercano a los $24 mil millones de pesos para el suministro de medicamentos bajo la modalidad de cápita. Según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sede de PROVITALY SAS, es una microempresa constituida en 2018, con un capital autorizado y suscrito de apenas seis millones de pesos, lo que genera serios cuestionamientos sobre su capacidad financiera, técnica y operativa para ejecutar un contrato de tal magnitud en 14 municipios de Casanare.
Contrato 003.2026 suscrito con PROVITALY SAS para el suministro de medicamentos en 14 municipios
Certificado de existencia y representación legal de PROVITALY SAS
La denuncia señala que este contrato representa un incremento aproximado del 26 % frente a la vigencia anterior, pese a que los recursos que lo financian —la UPC— solo aumentaron 16,49 % para 2026. Además, se advierte que no habría evidencia de estudios financieros rigurosos ni de verificación de experiencia previa del contratista, quien incluso no habría cumplido requisitos mínimos en convocatorias similares adelantadas por otras entidades del sector salud.
Otras alertas en la denuncia
A estas alertas se suman incrementos desproporcionados en los valores per cápita en los municipios con mayor concentración de afiliados, la inclusión de medicamentos con registros sanitarios vencidos y la fragmentación de rutas integrales de atención. El documento también denuncia presuntos sobrecostos en el contrato de transporte aéreo de pacientes, con alzas de hasta el 114 % en algunas rutas. Ante este panorama, los denunciantes solicitan a los entes de control investigar a fondo la contratación de Capresoca EPS y determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales por el presunto detrimento de los recursos de la salud de los casanareños.
El Diario del Llano buscó respuesta de la Agente Interventora Betty Cecilia Anaya Nieto sobre el mencionado contrato 003.2026, pero la funcionaria no quiso pronunciarse al respecto, señalando que tenía que verificar los estudios previos del contrato.
Con el objetivo de acercar la vacunación a los barrios y facilitar el acceso a los servicios de salud, se habilitó un punto de vacunación en la Comuna VI, como parte del plan de intensificación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), buscando reducir el número de personas susceptibles a enfermedades prevenibles, aumentando el acceso y disminuyendo las oportunidades perdidas de vacunación, especialmente en población prioritaria.
Durante la jornada, se aplicaron todos los biológicos del esquema regular, con énfasis en la vacunación contra fiebre amarilla, tos ferina, sarampión, rubéola y Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, en estos mismos puntos reforzará la vacunación en mujeres gestantes, como también la aplicación a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 17 años contra el VPH, y a menores de 6 años.
Esta iniciativa se articula con instituciones educativas, el ICBF y los diferentes actores del sistema de salud, garantizando el cumplimiento de la ruta de vacunación y fortaleciendo los procesos de información y educación en salud.
Bajo el lema “De regreso a clases con las vacunas al día “#VacúnateYa”, se invita a las familias de la Comuna VI a acercarse al punto de vacunación, revisar sus carnés y completar esquemas, recordando que la vacunación oportuna salva vidas y protege a toda la comunidad.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare, a través del Banco de Maquinaria, lideró una mesa de trabajo articulada con autoridades locales y comunidades rurales de Hato Corozal, con el fin de planificar de manera conjunta las intervenciones viales proyectadas en el municipio.
En el encuentro participaron la alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán Gutiérrez; el secretario de Infraestructura municipal, Antonio Esteban Campuzano; el diputado Omar Ortega y representantes de las veredas El Guafal, El Rubí, Suní, San Nicolás y del centro poblado Puerto Colombia, quienes expusieron sus necesidades y aportaron a la priorización de los trabajos.
Se hará mantenimiento de 30 kilómetros
Como resultado de este ejercicio de concertación, se proyecta el mantenimiento de cerca de 30 kilómetros del corredor vial que comunica el casco urbano de Hato Corozal con Puerto Colombia, intervención que contará con dos frentes de maquinaria listos para iniciar labores una vez se dé apertura oficial al plan.
El gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Infraestructura departamental, Álvaro Rivera, resaltaron que este tipo de espacios fortalecen la planificación responsable, garantizan transparencia en la ejecución de las obras y reflejan el compromiso del Gobierno departamental con la conectividad, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.
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