CASANARE
Aguazul estableció por decreto medidas para la “nueva normalidad”
A través del decreto 79 del 1 de septiembre, el municipio de Aguazul dejó establecidas las medidas que regirán dentro de la “nueva normalidad” dictada por el Gobierno Nacional.
La alcaldesa Martha Johana Moreno, definió que para mantener el control del avance de los casos Covid-19, este documento tendrá vigencia entre el 1 de spetiembre y hasta el 1 de octubre.
Pero las nuevas normas, acompañarán al buen comportamiento que deben tener los residentes en Aguazul.
Para los casos sospechosos o en estudio, estos deben permanecer en aislamiento y tendrán seguimiento de la autoridad de salud.
Igualmente se conoció que en el municipio se permitirá la circulación de una sola persona por familia para realizar diligencias, con el fin de evitar aglomeraciones y siguiendo el pico y cédula que se puede ver a continuación:
Igual que en otros municipios, queda prohibida la venta y consumo de licor en espacios públicos, bares, discotecas y establecimientos nocturnos, pero no queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en la modalidad de domicilio o comprar para consumir en casa. También quedan suspendidos hasta nuevo aviso, los eventos de carácter público que aglomeran personas.
Finalmente, la Administración busca promover el teletrabajo y el trabajo en casa mientras dure la emergencia sanitaria, por lo que las empresas deben procurar y permitir a sus empleados esta opción.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Movilidad de Yopal continúa fortaleciendo sus operativos de control en diversas zonas de la ciudad, enfocándose en garantizar una movilidad fluida y espacios públicos más seguros para todos los ciudadanos.
Estos patrullajes, realizados en estrecha colaboración con la Policía Nacional, incluyen la verificación de documentos de motocicletas y automóviles. El objetivo principal es reforzar el control sobre aquellas conductas que comprometen la seguridad vial, además de permitir la identificación de vehículos reportados como hurtados.
Los esfuerzos se concentran particularmente en parques, donde se han detectado situaciones como el consumo de sustancias y el estacionamiento indebido de vehículos con modificaciones ruidosas, que alteran la paz y el esparcimiento de la comunidad. Se busca así que los habitantes de Yopal puedan disfrutar plenamente de estos espacios públicos sin interrupciones ni molestias.
La Administración Municipal extiende una invitación a todos los ciudadanos para que colaboren activamente en el mantenimiento del orden y la seguridad. Es fundamental abstenerse del consumo de sustancias en áreas públicas y asegurar que la documentación de sus vehículos se encuentre siempre al día, contribuyendo así a la construcción de una movilidad más segura y tranquila para Yopal.
El presidente del sindicato Sintraemsdes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Fredy Isaza, advirtió que la situación financiera, administrativa y operativa de la entidad es “crítica” y aseguró que, tras dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, “ninguna de las causales por las cuales fue intervenida la empresa ha sido superada”. Según señaló, la intervención iniciada el 4 de octubre de 2023 no ha generado correctivos reales y, por el contrario, ha profundizado las dificultades.
Isaza explicó que durante el periodo de intervención se han adquirido créditos por cerca de $20 mil millones, compromisos que —aseguró— la empresa no podrá pagar. Indicó que a partir de octubre de 2026 la EAAAY deberá comenzar a cancelar dos mutuos con la Superservicios, con cuotas superiores a los $500 millones mensuales, una obligación que calificó como “imposible de asumir”, dado que actualmente la empresa no alcanza a cubrir sus propios costos de operación. “La misma Superintendencia que nos intervino por estar en crisis es la que nos endeuda y luego pretende cobrarnos”, cuestionó.
Cinco agentes interventores en 2 años
El dirigente sindical también manifestó preocupación por la inestabilidad en los agentes especiales designados por la Superservicios, pues en dos años han pasado cinco interventores, situación que —dijo— ha impedido la ejecución de un plan serio de recuperación. Sumado a ello, recordó que problemas estructurales como el relleno sanitario, que posee menos de un año de vida útil, así como los altos índices de agua no contabilizada, siguen sin resolverse. “La intervención no ha servido para nada; estamos igual o peor que antes”, afirmó.
Frente a los rumores sobre una posible devolución de la empresa al municipio, Isaza aclaró que, jurídicamente, esto no es viable mientras no se superen las causales de intervención. Señaló que lo más probable es que la medida sea ampliada más allá de febrero de 2026, fecha en que concluye la actual resolución, y advirtió que el sindicato espera que sea una extensión con fines de administración y no de liquidación.
“Lo público debe seguir siendo administrado por lo público. No podemos permitir que la crisis termine siendo la excusa para entregar la empresa a un privado”, puntualizó.
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