META
Estudio confirma que aguas de producción tratadas de Ecopetrol son aptas para actividades agrícolas
Tras un proceso de investigación de más de siete años, un estudio científico de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Corpoica (ahora Agrosavia), concluyó que las aguas de producción tratadas por Ecopetrol en sus campos Apiay y Castilla en el Meta, son aptas para las actividades agrícolas, en cultivos de porte forestal.
Así se desprende del informe de dicha entidad sobre los resultados obtenidos en los campos experimentales del predio Área Sostenible Agroenergética (ASA), ubicado entre las veredas La Primavera y La Unión del municipio de Acacías y en el Centro de Investigación La Libertad de Corpoica en Villavicencio.
La investigación concluyó que el uso de estas aguas, a las cuales se les hace un tratamiento previo a su utilización agrícola, aumentó los contenidos de calcio, magnesio, potasio y sodio en el suelo.
Además, en los años de riego no se observó acumulación de metales pesados como cadmio, bario, cromo y plomo, y se comprobó que no existen diferencias entre los suelos regados con agua extraída de un pozo profundo al de otros regados con aguas de producción tratada.
En cuanto al desarrollo de cultivos, no se observó ningún efecto negativo y por el contrario, se registraron mejores índices de biomasa y crecimiento, en comparación con los datos regionales de cultivos como caña de azúcar y pasto elefante.
Tampoco en animales
El trabajo investigativo también analizó el uso de estas aguas en la dieta de 48 bovinos y 200 aves. Los resultados no mostraron asociaciones que evidenciaran efectos negativos del consumo de éstas en la producción de carne, leche y huevos de los animales.
Tampoco hubo cambios en los tejidos de los animales post morten, observados a nivel macroscópico y microscópico, que afectaran la salud de bovinos y aves.
Se evidenció que el ASA representa un gran potencial durante las épocas de verano, debido a que cuenta con amplia disponibilidad del recurso hídrico en tiempos de sequía, para cultivos de porte forestal.
El resultado científico es fruto de la alianza suscrita en el 2011 entre Ecopetrol y Corpoica, en el que se acordó hacer trabajos de investigación dirigidos a evaluar las aguas de producción tratadas en los campos Apiay y Castilla, en el Meta, y las opciones de utilización de las mismas en la irrigación de cultivos y pastos, así como el consumo de ganado y aves de corral.
De esta manera Ecopetrol continúa trabajando en alternativas que aporten a la diversificación de la economía local y regional, para generar una prosperidad compartida y sostenible con las comunidades vecinas a sus áreas de operación. Para conocer los resultados completos de la investigación, puede ingresar al siguiente link: http://revista.corpoica.org.co/index.php/revista/index
Fuente: Prensa y Comunicaciones Ecopetrol
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
